Firmó Clinton la ley que levanta el embargo atunero impuesto a México

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Nueva York, 15 de agosto Ť El presidente Bill Clinton firmó hoy la ley que levanta el embargo atunero impuesto desde 1990 contra México y otros cinco países. Reabre así el mercado estadunidense que estuvo cerrado por un intenso debate promovido por ambientalistas y políticos que sostenían que la pesca de esos países provocaba la muerte de muchos delfines.

La legislación reconoce los avances de México y los otros países activos en el Pacífico oriental para reducir la mortandad de delfines y establece una nueva norma para identificar el producto con la etiqueta dolphin safe (pescado sin dañar delfines).

``El acta reconoce que los continuos esfuerzos internacionales han sido un éxito tremendo'', afirmó Clinton, y señaló que las muertes de delfines han bajado 98 por ciento. ``Los países cuyas flotas han contribuido a este éxito ya no enfrentarán embargos de atún si siguen participando efectivamente en este programa internacional'', declaró.

En los 80, los ambientalistas afirmaron que el método de pesca de atún en el Pacífico oriental, con redes de una milla de extensión, causaba la captura y muerte de muchos delfines. Por esto se prohibió en 1990 la importación de atún mexicano y de otros países.

Eso provocó protestas de México y según voceros de la industria mexicana, ocasionó el despido de unos 32 mil trabajadores y pérdidas por más de mil millones de dólares. El gobierno mexicano presentó quejas de comercio injusto ante el GATT y otros organismos.

En Estados Unidos este argumento no tuvo ningún impacto, ya que organizaciones ambientalistas y una agrupación de legisladores federales derrotaron exitosamente año con año los esfuerzos para levantar el embargo. Organizaciones ambientalistas como Earth Island Institute sostenían en la prensa que los atuneros mexicanos estaban matando miles de delfines y hasta llegaron a insinuar que también estaban transportando drogas ilícitas a Estados Unidos.

Grupos ambientalistas de México criticaron esta retórica y advirtieron que la falta de voluntad de los grupos estadunidenses para buscar una posición consensada entorpecía los esfuerzos para cambiar las prácticas de la industria nacional. ``Nos dijeron que deseaban lograr lo mismo que se había hecho en Estados Unidos para forzar a que las flotas atuneras no maten a delfines, pero que no contaban con una palanca de presión si el producto mexicano continuaba bloqueado en el mercado estadunidense'', explicó a este diario Barbara Dudley, directora ejecutiva de Greenpeace en Estados Unidos.

Las secciones de Greenpeace en América Latina argumentaron que promoverían un acuerdo internacional para limitar las muertes de delfines sólo si los grupos estadunidenses aceptaban negociar para reabrir el mercado a los atuneros latinoamericanos.

Muchas organizaciones ambientalistas estadunidenses se opusieron a aceptar cualquier concesión e insistieron en que se respetara la legislación estadunidense de 1990.

Según Dudley, Greenpeace Estados Unidos señaló su disposición a negociar una posición consensada con los grupos latinoamericanos; dijo que al trabajar con sus contrapartes en México y los otros países que tenían flotas en el Pacífico oriental, lograron impulsar drásticas reducciones en la muerte de delfines, y que los hechos parecen constatar su posición.

En 1986, 130 mil delfines murieron en el Pacífico oriental, pero en 1994 ese número se redujo a menos de 10 mil. En 1995, todos los países activos en la pesca del atún en el Pacífico oriental adoptaron la Declaración de Panamá, en la que acordaron reducir el número de muertes de delfines.

``Es justo decir que lo que condujo a que los mexicanos actuaran (para cambiar sus prácticas) fue la ley estadunidense'', dijo Dudley, pero añadió que sólo al trabajar en forma conjunta con Greenpeace-México y por la voluntad de otros grupos estadunidenses para adoptar una estrategia consensada, se redujo la matanza de delfines.

``Teníamos que contar con aliados del otro lado de la frontera que podían presionar'' para cambiar las prácticas de las industrias pesqueras en sus propios países'', afirmó.

La ley promulgada ayer por Clinton levanta el embargo, pero también ordena una investigación de los métodos de pesca para determinar si los delfines que capturan las redes y después son liberados no resultan lastimados. Si los resultados preliminares de la investigación, que se darían a conocer en marzo de 1999, señalan que los delfines no son lastimados, se otorgará la etiqueta dolphin safe para ese atún. El Departamento de Comercio tiene que resolver finalmente sobre el asunto en el año 2002.

Pero el debate entre los ambientalistas todavía no concluye. Greenpeace ha sido severamente criticado en Estados Unidos por haberse ``vendido'' con la industria pesquera internacional y por abandonar la protección del delfín. Como resultado de esta campaña, Dudley informó que los donativos a su organización se han reducido y ella ha sido personalmente atacada por críticos que la acusan de ser una ``asesina de delfines''.

En la entrevista con La Jornada, Dudley pareció poco molesta por estas acusaciones. ``Seguimos opuestos a este tipo de libre comercio, pero durante todo el debate sobre el TLC, Greenpeace también luchó en contra de las calificaciones racistas y xenófobas (de México) y de golpes antimexicanos'', dijo refiriéndose a una parte de las expresiones de los opositores del tratado comercial.

Señaló que ``estos son asuntos globales. Los delfines no reconocen fronteras nacionales y por lo tanto esto se tiene que resolver con acuerdos internacionales''. Estimó que el debate atún-delfín sólo es el primero de muchos en varios rubros donde los críticos del TLC y de las políticas del libre comercio, tal como están definidas actualmente, tendrán que presentar alternativas concretas. ``Sólo porque uno se opone al libre comercio no implica que esté opuesto al internacionalismo'', afirmó.