María Magdalena Gómez Rivera es directora de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista (INI) y una de las más importantes expertas sobre el asunto indígena en América Latina. Hace dos días llegó a mis manos el número 7 del volumen 3 de la Revista del Senado de la República, en cuya sección Debates encontré una oportuna y rica contribución a la discusión actual en torno a la juridización del derecho indígena en los Estados nacionales de la región latinoamericana, que lleva el sugestivo título de ``El derecho indígena frente al espejo de América Latina''.

Oportuna, porque aparece publicada cuando en México se debate en torno a la necesidad de desempantanar los diálogos para la paz en Chiapas, a partir de la implementación de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que han sido reconocidos por la OIT como consecuentes con el Convenio 169, ratificado como Ley suprema de la nación. Rica, porque plantea en perspectiva un conjunto de problemas que indudablemente son fundamentales cuando se quieren enfrentar los grandes retos que implica cuestionar los conceptos y principios que están en la base de nuestra cultura constitucional dominante. Contribución, porque representa lo que ella entrega al esfuerzo común que todos debemos hacer para superar las inercias y los discursos trillados que hasta ahora han impedido avanzar hacia las verdaderas soluciones que requieren los pueblos originarios que comparten con nosotros este territorio pluriétnico y pluricultural que llamamos México.

En un texto apretado, denso, pero breve y de fácil acceso para cualquier neófito, la especialista hace un recorrido que pasa por la historia de lo que han sido, en lo esencial, los procesos que han conducido hasta las inmediaciones de una Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como al Convenio 169 de la OIT, aprobado en 1989, su inserción en el marco jurídico de orden interno de las naciones latinoamericanas, y el camino hacia una Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Más adelante aborda también la manera discrecional como en nuestros países se han venido aplicando hasta la fecha las normas constitucionales, de forma tal que a fin de cuentas terminan siendo no otra cosa que ataduras que convierten a las políticas públicas sobre materia indígena en una serie de medidas erráticas que dependen de las veleidosas decisiones de los gobernantes en turno. En este sentido vale la pena mencionar la frase final de todo el texto, cuando la autora expresa su temor de que frente al proyecto de Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Estados miembros de la OEA adopten la misma actitud que tuvo el gobierno mexicano frente a los Acuerdos de San Andrés: ``pasarlo a la Comisión Jurídica para que, a nombre del Derecho, les niegue el derecho a los pueblos indígenas de América Latina''. Porque, como dice Gómez Rivera, ``no se trata de que el Estado simplemente canalice recursos económicos, sino de terminar con el manejo clientelar de los mismos (pueblos indígenas), que ha provocado más división interna que solución a la pobreza''. Agregando líneas adelante que ``el problema [de los indígenas] no se resuelve con estrategias aisladas, ni fondos etiquetados'', porque como todos bien sabemos, ``la extrema pobreza de indígenas y no indígenas es el resultado de un modelo económico''. Pero va más allá, y nos sugiere volver la vista al tema de la democracia, ya que, como apunta, uno de los problemas nodales en la relación de los pueblos indígenas con el Estado nacional es justamente el de la democracia, entendiendo por ésta la posibilidad de participación del pueblo en la toma de decisiones y en la ejecución de todo aquello que le afecte.

Incursiona también en el grave problema de la ``razón de Estado'' frente al derecho indígena, y, concretamente, en el de la cerrazón gubernamental frente al reconocimiento de lo que es esencial al hablar de la pluriculturalidad (autonomía constitucional para decidir los asuntos fundamentales), que es mucho más decisivo que el folclórico lugar común de los usos y costumbres al que por lo general son proclives los gobernantes que pretenden reducir a demandas ``culturalistas'' el problema fundamental de la reforma del Estado que es imprescindible llevar a cabo, si realmente se buscan soluciones verdaderas a los retos que nos impone la existencia real de otros pueblos en este territorio y en esta nación que se llama México. Recomendamos a todos el estudio y el análisis de este trabajo que comentamos.