Antes, durante el proceso electoral y después de los comicios de julio, una de las grandes preocupaciones de la mayoría del pueblo mexicano ha sido su situación económica y el rumbo del país en esa materia. Y será así mientras no se produzca un cambio. Las crisis económicas recurrentes, las reformas neoliberales impuestas en los últimos lustros, el achicamiento del Estado, el abandono de éste de sus responsabilidades sociales, todo eso con sus atroces consecuencias de empobrecimiento extendido, disminución drástica de los salarios reales de los trabajadores, desempleo hasta niveles nunca vistos y disminución de los niveles de vida de la población, capas medias incluidas, condujo finalmente a la mayoría de ciudadanos a tomar conciencia de la necesidad de cambios, y a votar por los partidos de oposición.

Sin embargo, la inconformidad de la gente con su agobiante situación, por sí sola no hubiera tenido esas consecuencias transformadoras; fue definitiva la acción tenaz y prolongada de las fuerzas políticas de izquierda y democráticas, el compromiso de sus militantes con los movimientos sociales; la emergencia del EZLN que dio impulso formidable a la actividad del movimiento político nacido un tanto al margen de los partidos, así como la invaluable labor crítica de gran parte de la intelectualidad.

Eso ayuda a algunas explicaciones: si el PRD dio un salto en su votación y se convirtió en un actor político principal fue, entre otras razones, porque después de 1994, especialmente en el último año, definió más claramente su crítica al rumbo económico neoliberal impuesto al país por el bloque en el poder y afianzó su lugar en la izquierda. El avance de este partido no fue, como erróneamente afirman algunos de sus dirigentes, porque se haya deslizado al centro, a posiciones moderadas o socialdemócratas.

En la nueva situación, pese al significado del voto mayoritario de reprobación al rumbo impuesto por los gobiernos priístas, el de Zedillo va a defender a toda costa la inmovilidad de su estrategia económica; trata de imponer su criterio neoliberal de que la conducción de la economía es un asunto técnico, de especialistas, no sujeto a decisiones políticas democráticas. Pretende que las políticas económicas son ajenas a intereses de grupos económicos y clases sociales. Pero hoy más que en ningún otro momento de la historia, es evidente su contenido clasista. En los 15 años de reformas neoliberales aumentaron sensiblemente las desigualdades sociales; el diez por ciento de la población más rica recibe el 44.7 por ciento de ingreso, y la pobreza se extiende sin remedio y abarca a más de la mitad de la población.

Al igual que el gobierno de Salinas, el presidente Zedillo insiste en el intento de engaño de que la pobreza se puede enfrentar con medidas asistenciales, al margen del proceso económico real, sin tocar su estrategia económica. El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), una variante de Pronasol, por supuesto que no ``ataca las causas de la pobreza de manera integral'', como afirma el Presidente. Aunque se trata de un programa inicial de mil 200 millones de pesos, no pasan de ser migajas lanzadas a 170 mil familias de los 20 milllones de mexicanos. Sólo son suaves paliativos; lo que necesitan los pobres del campo son tierras, créditos, inversiones productivas, respeto a sus derechos y dignidad, como en las ciudades los trabajadores requieren salarios más justos, más plazas de trabajo, prestaciones, seguridad en el empleo, mejores servicios de salud pública, de educación y cultura. Pero eso es pedir peras al olmo: la justicia social es algo por completo ajeno a la ideología neoliberal. Sus ejecutores sí pueden destinar cientos de miles de millones de pesos para apoyar a los bancos o evitar la quiebra de las empresas concesionarias de las autopistas o imponer una ley para entregar a bancos y corporaciones financieras el negocio del siglo: los fondos de pensiones de 10 millones de trabajadores, pero no admitirán voluntariamente ninguna modificación de táctica económica encaminada a una distribución menos injusta del ingreso y a disminuir las desigualdades.

En el debate, pues, sobre el rumbo económico está en juego la justicia social, el predominio o no de los intereses de la mayoría