Se buscan testimonios de que la víctima tenía desequilibrio mental: el ombudsman de la niñez

Triunfo Elizalde y Emmanuel Salazar, corresponsal Ť La Procuraduría General de Justicia de Durango comenzó una ``campaña de desprestigio'' en torno a Yéssica Yadira Díaz Cázares, quien se suicidó luego de ser violada por tres sujetos y agredida en el Ministerio Público. El objetivo es que amistades de la menor declaren que ésta sufría desequilibrios mentales, dijo el ombudsman de la niñez en ese estado, Benjamín Santamaría.

Según el procurador Francisco Arroyo Herrera, Yéssica Yadira ``pereció debido a una intoxicación por la ingesta de antidepresivos, anfetaminas y marihuana que provocaron un edema pulmonar agudo y congestionamiento visceral generalizado''. Pero, además, han dejado correr otra versión, en el sentido de que la jovencita ``se encontraba mal de sus facultades''.

Por la noche, unos 500 habitantes de Durango llevaron a cabo una manifestación por las principales calles de la ciudad, en protesta por la forma en que las autoridades encargadas de procurar justicia están llevando el caso de Yéssica Yadira

Los manifestantes entregaron al subsecretario general de Gobierno, Eduardo Campos Rodríguez, un pliego firmado por más de 20 mil personas, en que se solicita al gobernador, Maximiliano Silero Esparza, la destitución del procurador general de Justicia, Arroyo Herrera, y un castigo ejemplar para los violadores de Yéssica Yadira y para los del Ministerio Público que han viciado la averiguación previa.

En la manifestación tomaron parte contingentes de Grupos de Mujeres, Alianza Cívica, catedráticos universitarios, representantes del PRD, el PT, el PAN, el PRI y personas independientes, sobre todo estudiantes y jóvenes duranguenses que no aceptan las versiones emitidas por el procurador y el subprocurador, en el sentido de que la menor estaba mal de sus facultades y por eso se suicidó.

Esas versiones ``son calumnias para desviar la atención al hecho central, la violación sexual de Yéssica Yadira por tres tipos que, ya no cabe duda, están siendo protegidos por las autoridades, a partir del Ministerio Público'', dijo en la redacción de La Jornada, Benjamín Santamaría, ombudsman de la Niñez de Durango, quien se encuentra en el Distrito Federal para puntualizar diversos aspectos de ese suicidio, que ha causado conmoción en Durango y en otras partes del país, incluso en el exterior, divulgado por medios de comunicación internacionales.

Santamaría informó que, independientemente de la conferencia de prensa que en la ciudad de Durango realizó ayer el subprocurador Godolfredo García Ríos, agentes y autoridades judiciales ``se han dado a la caza de unas 30 compañeras de escuela y amiguitas de Yéssica, para que declaren en contra de ella, a la que quieren presentar no sólo como una jovencita que estaba mal de sus facultades, sino que tenía un comportamiento social raro''.

Lo anterior, para Benjamín Santamaría, ``es muy grave y confirma la actitud comprometida de las autoridades en favor de José Alfredo Almaraz Lozano, Jesús Rafael Almaraz Miranda y Jesús Gómez Cisneros, violadores de Yéssica Yadira, pues aunque se diga ahora que estaba mal de sus facultades, lo cual no es cierto, y terminará por ser confirmado científicamente, de todos modos existe el hecho de que la subieron en una camioneta y se la llevaron a un lugar desconocido, donde abusaron de ella, independientemente de su responsabilidad psicológica en el suicidio''.

Santamaría afirmó que familiares de los tres sujetos mencionados estuvieron el viernes por la tarde en las oficinas de la misión que preside para pedirle que ``no intervenga, que se mantenga al margen''. Por los calificativos que usaban en contra de la hoy occisa, él terminó por pedirles que abandonaran el lugar, ya que su actitud era ``altamente insultativa y degradante para la reputación de la menor''. Por último, le solicitaron que ``por lo menos no señale culpables, sino que deje que las autoridades investiguen y determinen. Esto último ``lo acepté porque no debo calificar de manera culposa a nada ni a nadie''.

En la conferencia de prensa ofrecida por el subprocurador García Ríos, informó sobre ``las conclusiones del procurador Arroyo Herrera'' e hizo saber que los tres señalados como responsables de la violación sexual de Yéssica Yadira, ``aún no son detenidos'' porque, aseguró ``no se encuentran en el estado. Dijo que para su arresto han sido comisionados 650 elementos policiacos, ``que los buscan por todo el estado; además de que se ha pedido la colaboración de las policías de otras entidades''.

Según el subprocurador, la dependencia a su cargo no había hecho público que la menor Yéssica Yadira se había suicidado ``porque no quería enturbiar o afectar más a la familia que perdió un ser querido; sin embargo, como el caso ha tomado un giro que hace peligrar la estabilidad de la Procuraduría y de la sociedad misma, por la división que causa el hecho, se consideró (ayer) oportuno hacer del conocimiento público la verdad sobre la muerte de la menor violada''.

De la detención de la señora Eugenia Cázares de Díaz, que junto con Yéssica y su hermana Julia y una nieta de dos años, acudió a denunciar la violación de que fue objeto su hija, García Ríos informó que ``hubo un enfrentamiento entre familiares de los presuntos violadores y los afectados, por lo que el Ministerio Público estableció sancionar a la madre de Yéssica, encerrándola en lo separos de la Policía Judicial, y si se debuto con ella a la pequeña de dos años, fue porque no podía quedarse fuera de la Procuraduría''.

Mientras tanto, la señora Cázares de Díaz ha continuado en la plaza principal de la ciudad, frente a la catedral, solicitando firmas de personas que apoyen su petición de castigo a los violadores sexuales de su hija y contra las autoridades del Ministerio Público que conocieron del caso y, lejos de proteger a Yéssica Yadira, la torturaron el mismo día en que se presentaron a denunciar los hechos, la hicieron víctima de extracción de sangre ``para que dijera la verdad'', la obligaron a tocar a uno de sus agresores, ``para que constatara que realmente lo identificaba'', y terminaron por iniciar una campaña de persecución y amenazas contra ella y su familia, todo lo cual propició que se privase de la vida.

De hecho, la muerte de la menor está siendo utilizada con propósitos políticos por el Partido de los Trabajadores (PT), que dice apoyar a la familia de la víctima, pero a la vez plantea problemas relacionados con la vida local.