En la vida política los cambios en la correlación de fuerzas necesitan de un sustento que los exprese, de manifestaciones sensibles que demuestren y comprueben que las cosas realmente son diferentes. Para los nuevos ganadores, los partidos de oposición, se hace necesario demostrar su mayoría y en los perdedores, el Partido Revolucionario Institucional, hay una especial resistencia a mostrarse afectado por los cambios. Este es el conflicto actual entre las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados.

La lógica de los números es fatal para el PRI: ya no tiene la mayoría y los otros grupos han construido una serie de acuerdos para lograr ciertos cambios. El grupo de los cuatro -PAN, PRD, PT y PVEM- llegó a consensos en ocho acuerdos para el funcionamiento de la 57 Legislatura: 1) Autonomía e independencia de la Cámara de Diputados, lo cual representa por primera vez la posibilidad de que el Legislativo sea un poder real. 2) La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se formará por cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara; la presidencia de esta instancia tendrá una duración anual y el primer año será presidida por uno los dos partidos mayores de la oposición; esta será, al parecer, el nuevo instrumento de coordinación, ya que no hay condiciones de formar la Gran Comisión porque ningún partido tiene la mayoría absoluta que se requiere (Ley Orgánica, artículo 38). 3) Los funcionarios de la Cámara serán designados por consenso de la Comisión de Régimen Interno, lo cual abre la posibilidad de que se inicie un proceso de profesionalización por fuera de la dinámica partidista. 4) La primera presidencia de la Cámara estará a cargo de un diputado de oposición, será anual y en los dos años siguientes será presidida de forma sucesiva por los otros dos partidos grandes. 5) La integración de las comisiones y comités se hará bajo los principios de equidad, pluralidad y peso relativo de cada partido y ningún partido podrá tener la mitad o más de los integrantes de una comisión; con este criterio se termina el histórico mayoriteo del PRI y se obliga a la búsqueda del consenso. 6) Habrá un comité de entrega y recepción de las instalaciones, lo cual romperá con viejas inercias de falta de controles administrativos y posibles desviaciones de recursos. 7) se propone acordar un nuevo formato para el próximo Informe de gobierno, que termine con el esquema del presidencialismo autoritario. 8) Se establece la necesidad de buscar amplios consensos entre todos los grupos parlamentarios.

La respuesta del PRI ha sido completamente desafortunada; primero reaccionaron con enojo y su líder parlamentario indicó que no estaban ni ``mancos'' ni ``tullidos'', y que no se dejarían imponer por la oposición los cambios; en un segundo momento calificaron los acuerdos como ``ilegales'' y amenazaron con llevarlos a la Suprema Corte de Justicia. En un tercer momento, llama ahora a la oposición a una negociación, pero con la amenaza de hacer un reforma a la actual Ley Orgá- nica. El PRI podrá esgrimir otros argumentos y muchas descalificaciones, pero no puede desconocer que está siendo rebasado por las nuevas circunstancias, que no ha logrado asimilar la derrota del 6 de julio y que con esa actitud será un obstáculo para los acuerdos parlamentarios.

Con la nueva correlación de fuerzas en la Cámara baja tiene que cambiar su dinámica de funcionamiento, el reparto de los recursos, la proporción de las mayorías y minorías y, por supuesto, los rituales y los símbolos. El Informe de gobierno es una de las ceremonias emblemáticas del presidencialismo de un sistema de partido de Estado. Hoy la oposición quiere un cambio de ritual y además tiene los votos para respaldarlo. Lo que se pide es que el Presidente escuche a los legisladores, nada más, pero nada menos.

Hay un caso estatal que puede servir de muestra: en 1996 en Chihuahua, durante la presentación de su cuarto Informe, el gobernador Francisco Barrio, con un Congreso de mayoría priísta, participó en una ceremonia republicana en la cual escuchó a cada uno de los coordinadores de las fracciones parlamentarias y luego, al final, hizo uso de la palabra. Hubo críticas, diferencias, tonos altos, pero fue un ritual republicano en el que se fortalecieron todas los actores y de forma importante el mismo gobernador. Ganó la política. ¿Por qué los priístas exigen democracia cuando tienen el control y la niegan cuando no lo tienen? ¿Será muy difícil entender que el mismo presidente Zedillo puede crecer y fortalecerse si participa en una ceremonia republicana? Ya veremos...