El primero de los cinco puntos de acuerdo convenidos por los coordinadores parlamentarios del PAN, el PRD, el PT y el PVEM, fue enunciado en los siguientes términos: ``Rescatar la dignidad e independencia del poder Legislativo''. Los otros cuatro se refieren a exigencias relacionadas con el funcionamiento interno de la Cámara de Diputados. En buena lógica, debe entenderse que son los medios concebidos por los diputados dignificadores para lograr su elevado propósito.

Si de rescatar se trata, el supuesto implícito es que la dignidad e independencia del Congreso de la Unión han sido secuestradas y están en poder de alguien que no tiene derecho a retenerlas. No se requiere especial agudeza para saber que ese alguien (el villano de la película) es el PRI. De ahí que los medios previstos para llevar a cabo este curioso plan de rescate consistan, sin excepción, en arrebatar al partido que es todavía la fracción más numerosa de la naciente Legislatura, sus más importantes prerrogativas reglamentarias, a saber: seis de los diez asientos en la Comisión de Régimen Interno, la consiguiente facultad de proponer, por conducto de este órgano sucedáneo de gobierno, a los funcionarios administrativos de rango superior en la Cámara; y la presidencia y el número de integrantes necesario para tener mayoría en las principales comisiones dictaminadoras y de control en materia de gasto público.

A través de este sencillo (aunque ilegal) procedimiento, la dignidad y la independencia del poder Legislativo habrían sido recobradas por virtud de la alianza de cuatro partidos, cuyos preclaros representativos firmantes del ``Pacto de Esopo'', dada la calidad política, intelectual y moral que los distingue, son los llamados a preservarlas. ¿No le parece al lector una feliz concidencia que haya emergido en este episodio el nombre del creador de numerosas fábulas?

Porque cada uno de los heroicos diputados que unen sus fuerzas para acudir al rescate de las vírgenes secuestradas, tiene una peculiar historia que involucra inocultables contradicciones con el significado de la palabra dignidad: ``gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse''.

Uno de ellos fue el protagonista central del más indigno contubernio de su partido con el presidencialato de Carlos Salinas, y no opuso reparos ni escrúpulos para aceptar una gubernatura que, si alguna característica tuvo además de su origen espurio, fue la de no ofrecer posibilidad alguna de desempeñarse con independencia, pues carecía de la mínima legitimidad y no emanaba de un mandato popular sino de una decisión autocrática.

El más activo contendió en la elección que precedió a la connivencia que encumbró a su hoy aliado, tras de haberse empeñado, con ingenio inventivo que envidiaría el fabulista griego, en demostrar su derecho de sangre para asumir la ciudadanía guanajuatense. ¿Defendió la dignidad de esa condición ciudadana tan arduamente perseguida, cuando su hoy colega detentó la gubernatura de su estado adoptivo? No lo hizo entonces ni la índole de este ocasional compañero de viaje le importa ahora.

El tercero es un típico operador del partido que nació en el regazo y se nutrió en las arcas del ``hermano incómodo'' para estorbar al PRD, mientras el cuarto es apenas una ficción, fruto del paternal dedazo de un acaudalado proveedor de medicamentos, cuyo protector y suegro era uno de esos políticos implacablemente repudiados por los ecologistas conversos. En cuanto a estos signatarios, hablar de dignidad e independencia no alcanza el nivel de la paradoja: es una broma de mal gusto.

Si el objetivo dignificador y autonomista fuera real, es obvio que falta autoridad moral a sus promotores. Pero todo es una fábula que transparenta renacientes rivalidades y desbordadas ambiciones de poder. El endurecimiento como táctica puede conducir a un intercambio de represalias y a la paralización legislativa. ¿Se ha recapacitado en que la primera víctima sería Cuauhtémoc Cárdenas? Lo sería porque el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal no podría ser reformado y actualizado antes de su toma de posesión, y las dificultades para iniciar normalmente su gestión gubernativa serían mayores por carecer de un marco jurídico coherente. Si algo no conviene al PRD en las circunstancias actuales, es obstruir las vías de entendimiento. A menos que alguien se mueva por intenciones ocultas, lo razonable sería actuar con flexibilidad y sensatez en todas las instancias políticas e inexcusablemente en el Congreso de la Unión.