De unos días a la fecha el Ejército Mexicano ha retirado a sus soldados de diversas posiciones que ocupaban en la zona de los Altos de Chiapas. Este hecho puede interpretarse como una muestra de voluntad política por parte del gobierno federal, orientada a la distensión y a crear circunstancias propicias para la solución del convulso panorama político y social chiapaneco, especialmente si se considera que la reducción de la presencia castrense en la entidad ha sido una de las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para reactivar su participación en el proceso pacificador.

Aunque el general Mario Renán Castillo, comandante de la séptima Región Militar, desestimó los movimientos de tropa referidos y los atribuyó a un operativo para reforzar la campaña contra el narcotráfico, la atenuación del despliegue castrense en los Altos es, objetivamente, un elemento de distensión, y es difícil suponer que el gobierno no hubiese ponderado esta implicación.

Otra señal constructiva es el anuncio formulado por el EZLN en el sentido de que enviará una representación a los actos de fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) y la reacción de la Secretaría de Gobernación, la cual atinadamente interpretó este dato como el inicio del proceso de inserción de los rebeldes chiapanecos en la vida política nacional.

Los hechos señalados, sin embargo, no deben dar pie a que se olviden los muchos factores que siguen poniendo en riesgo la precaria paz chiapaneca y siguen obstaculizando el establecimiento de un pleno estado de derecho en esa entidad, en la cual las causas profundas del alzamiento del primero de enero de 1994 -marginación, miseria, insalubridad, racismo, explotación, saqueo, abusos de poder impunes, opresión política- siguen básicamente vigentes y en varias regiones incluso agravadas. Tal es el caso de la zona norte chiapaneca, donde al accionar delictivo de guardias blancas -como el grupo paramilitar Paz y Justicia, o la banda denominada Los chinchulines- se suman las graves -y no investigadas ni esclarecidas- violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos estatales de seguridad. Asimismo, debe indicarse que la permanencia del Ejército en las cañadas sigue siendo un factor que perturba la vida de las comunidades y acrecienta el malestar en la entidad.

En este contexto, es urgente que los signos auspiciosos arriba descritos sean seguidos por nuevas iniciativas pacificadoras. El momento político nacional, marcado por la inminencia del tercer Informe presidencial y la recomposición del Poder Legislativo, así como por la cercana constitución del FZLN, es propicio para ello. El Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión -por medio de la Comisión de Concordia y Pacificación-, la dirigencia de los rebeldes zapatistas y la clase política del país no deben escatimar esfuerzos e imaginación a fin de reactivar el proceso de paz, en cuyo contexto habrán de saldarse las viejas deudas de la nación para con los indígenas de Chiapas.