Grupo de presión busca desestabilizar al país, acusa Pedro Cervantes Aguirre

Jesús Aranda, enviado, Zapopan, Jal. Ť El coronel Pedro Cervantes Aguirre --hermano del secretario de la Defensa Nacional (Sedena)--, afirmó ayer que la filtración de información presuntamente confidencial y la defensa que ha tenido el coronel Pablo Castellanos García en el proceso seguido en su contra revelan que existe ``un grupo de presión'' que tiene el propósito de desestabilizar al país.

Al acudir de manera extraordinaria como testigo de cargo en el proceso en contra del coronel Pablo Castellanos García y del capitán Miguel Hernández Torres en el juzgado militar de la 15 Zona, ubicado en Zapopan, Jalisco, Cervantes Aguirre aceptó haber tenido acceso a la información que se ``filtró'' a medios de comunicación sobre presuntos nexos de militares con el narcotráfico y dejó de manifiesto que dichos datos no constituyen información ``reservada'' o confidencial, además de desconocer la procedencia de los documentos por los que se sigue un proceso penal en contra de los militares señalados.

En una declaración que hizo al inicio de la diligencia, el ahora agregado militar de nuestro país en Venezuela fustigó a los abogados defensores de Castellanos García y los acusó de formar parte de una campaña en contra de las instituciones del país, porque en la información involucrada en el proceso en contra de Castellanos y Hernández hay nombres de altas autoridades militares y gubernamentales, que de revelarse desestabilizarían al país.

En la diligencia que se celebró a puerta cerrada, a la que asistieron únicamente los acusados y sus abogados, Cuauhtémoc Sotelo y Francisco Javier Barba, así como el juez de esta causa (160-97) y ministerios públicos militares, el hermano del secretario de la Defensa Nacional indicó también que los documentos en cuestión eran ``delicados y comprometedores''.

Posteriormente, en el careo que sostuvieron los coroneles Castellanos García y Cervantes Aguirre ``salió a relucir'', explicaron los abogados defensores, que si bien la averiguación previa de la Procuraduría General de Justicia Militar en este asunto se inició hasta el 14 de abril, desde el mismo 2 de abril la Policía Judicial Militar ya había iniciado las pesquisas y al día siguiente Castellanos García estaba bajo arresto, al tiempo que la información del caso --un disquete y dos copias de índices de tarjetas informativas-- había sido ya requisada por las autoridades castrenses.

Los abogados de Castellanos García aseguraron en entrevista posterior que lo anterior demostraba la ilegalidad del proceso en contra de su cliente, además de la imposibilidad de haber ``filtrado'' información como acusa la Sedena.

En el careo quedó de manifiesto que la información en cuestión no era ni material secreto ni confidencial, ya que el mismo Cervantes Aguirre reconoció no haber visto en la documentación la leyenda de ``secreto confidencial'' con que se clasifica ese tipo de información.

Asimismo, Cervantes reconoció que incluso le ayudó a Castellanos a descifrar ``ciertos nombres y seudónimos y nombres en clave'' que forman parte de dicha información. Más bien, se trató de datos que son analizados por el área de inteligencia militar en el Colegio de la Defensa Nacional como parte de su competencia.

Durante la audiencia, Castellanos García negó conocer la forma en que la información referida llegó a los medios informativos y rechazó los cargos en su contra.

En respuesta a las acusaciones que hizo Cervantes Aguirre en contra de los abogados del coronel Castellanos, éstos respondieron en entrevista que por amistad el despacho que representan no cobra en este caso por sus servicios y que, a su vez, la familia del militar no ha desembolsado dinero, ya que no cuenta con recursos económicos suficientes.

Por otra parte, la defensa de Castellanos García interpuso el amparo 466-97 ante el juez cuarto de distrito en materia penal de Jalisco para lograr la libertad condicional de Castellanos García, toda vez que los delitos que se le imputan --infracción de sus deberes como militar y uso indebido de funciones como servidor público-- no son delitos graves, por lo que legalmente tiene derecho a la libertad bajo caución.

El juez de la causa deberá resolver este martes el amparo, el cual de ser favorable al coronel Castellanos lo dejarían en libertad con las reservas de ley.