La Jornada 19 de agosto de 1997

Responsabilidad del MP en la muerte de Yéssica Díaz: Centro Pro Juárez

Triunfo Elizalde, enviado, y Emmanuel Salazar, corresponsal, Durango, Dgo., 18 de agosto Ť Maximiliano Silerio Esparza, gobernador de Durango, es responsable de que en el caso de la menor Yéssica Yadira Díaz Cázares el procurador general de Justicia, Francisco Arroyo Herrera, no cumpla con su obligación de administrar justicia, afirmaron Cándido Adame Aguirre y Didier Peyro Carreño, abogados defensores de la familia Díaz Cázares.

Gustavo Pedro Cortés, líder de la fracción del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, coincidió con ellos al señalar que ``en la actualidad moralmente no hay procurador de Justicia en la entidad''.

Mientras que Cortés considera que Silerio Esparza debe pedirle a Arroyo Herrera que abandone el cargo ``mientras se termina la averiguación previa''; los defensores apuntan que aquél ha dejado de representar al pueblo como su ``abogado'' por favorecer a los tres individuos que atacaron a Yéssica Yadira y que están prófugos.

Contrario a lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo saber ayer en México de que había atraído el caso de Yéssica, ``porque su madre María Eugenia Cázares de Díaz se mostró inconforme con la recomendación 21/97 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que sólo señala como responsables de fallas jurídicas a dos agentes del Ministerio Público, lo cierto es que apenas hoy, vía telefónica, Lourdes Guevara Islas, de la Primera Visitaduría General de la CNDH, habló con la quejosa para ``pedirme que de inmediato --por teléfono, primero, y por escrito después-- enviara a la Comisión un recurso de impugnación para que el caso de mi hija pueda ser atraído''.

Por su lado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, Jesús Mena Saucedo, confirmó que ``en efecto, esta mañana, a las 9:46 vía fax, me llegó el oficio CNDH/21/97/Dgo/.375 en el que se me pide enviar el expediente respectivo. De hecho tengo tres días para rendir un informe y enviar los documentos que sean necesarios''.

Al respecto, los abogados defensores expresaron que pese a tener confianza en la CNDH, están confundidos, porque ``si en México se dice una cosa y aquí es otra, malo''; en tanto, para el diputado petista ``es mejor que el asunto se ventile en la CNDH que aquí en Durango, en donde la Comisión Estatal se ha mostrado tibia y su recomendación no incluye a todos quienes resultan responsables en el ``manoseo'' de la integración de la averiguación previa.

Adame Aguirre expresó que el procurador General de Justicia, Arroyo Herrera, ``ya no es representante de la sociedad duranguense, sino que es parte contraria a ella, ya que protege abiertamente a los violadores de Yéssica, a los que dejaron en libertad cuando los tuvieron a la mano. ``Del comportamiento de dicho funcionario responsabilizó al gobernador del estado Maximiliano Silerio Esparza, sobre todo cuando ha guardado silencio en relación al desplegado ofensivo a la familia Díaz Cázares y de la menor hoy occisa''.

Para Peyro Carreño, que en todo momento reiteró que su preocupación es que se atienda el aspecto legal del delito de violación, al margen del cariz político que se le quiera dar al suicidio de Yéssica Yadira, lo preocupante es la actitud del procurador general estatal, de la cual está enterado el gobernador. ``Esta situación es como búmeran que al regreso puede pegarle a ambos''.

En el mismo sentido, el diputado Pedro Cortés señaló que el gobernador ``está jugando a proteger al procurador, pues se trata de una relación muy cercana, independientemente de que existen otros asuntos muy graves que tampoco ha resuelto la Procuraduría''. Dijo que en Durango no hay seguridad ``porque moralmente no hay procurador''.

Cabe señalar que Silerio Esparza ha tenido dos entrevistas forzadas con la señora María Eugenia Cázares de Díaz, la primera a mediados de junio, cuando le ofreció que se haría justicia de inmediato en torno a la violación de que había sido objeto su hija, y la segunda, cuando la ofendida madre se ``coló'' con un grupo de manifestantes políticos y le reclamó al procurador Arroyo Herrera su proceder. Ante esto, el gobernador de esta entidad se limitó a reiterarle ``se hará justicia''. Al día siguiente el procurador publicó un desplegado en el que insulta a María Eugenia y cuestiona la honorabilidad de la menor ya muerta.

El Centro Pro Juárez, preocupado por las arbitrariedades del MP

Claudia Herrera Beltrán Ť El Centro de Derechos Humanos Miguel Pro Juárez envió ayer una carta al procurador del estado de Durango en la que manifiesta su preocupación por la serie de arbitrariedades que en su opinión cometieron las autoridades del Ministerio Público para esclarecer la violación de Yéssica Díaz, y que tuvieron como consecuencia la muerte de la joven.

El organismo no gubernamental dijo que la hipótesis de que Yéssica falleció a causa de una intoxicación debido al consumo crónico de medicamentos debe ser comprobada y que de haber sido ese el motivo del fallecimiento de la joven, las autoridades que estuvieron a cargo de la investigación no quedan exentas de su culpa.

Con esta misiva, el Centro respondió a un comunicado que el procurador Juan Francisco Arroyo hizo llegar a la ONG el pasado 15 de agosto y que refiere como supuesta causa de la muerte de Yadira ``una intoxicación, debido a la ingestión crónica de medicamentos, unos bajo prescripción médica y otros que se utilizan para adelgazar, como anfetaminas''.

Según la ONG, la responsabilidad de los funcionarios en la muerte de Yéssica no es menor si se le indujo al suicidio ante la negación de justicia y de apoyo terapéutico.

La organización manifestó que aparte del resultado que arroje la investigación sobre si fue un suicidio o se trató de un homicidio, ``existen factores psicosociales que hasta ahora no se han tomado en cuenta en este caso y que constituyen graves violaciones a los derechos humanos''.