El reforzamiento de los mecanismos de índole persecutoria contra los migrantes indocumentados que supone el establecimiento de la Operación Río Grande, además de elevar los riesgos --que llegan a ser mortales-- que deben afrontar quienes optan por buscar en el vecino del norte las oportunidades de vida digna que se les niegan en su propio país y de propiciar un aumento de las violaciones a sus derechos humanos, abre la peligrosa posibilidad --como lo señaló la cancillería mexicana-- de suscitar incidentes fronterizos entre los dos países. Esta circunstancia introduciría factores indeseables de conflicto en una relación bilateral de por sí compleja y cargada de tensiones y desencuentros históricos y presentes, entre los que cabe mencionar, para dimensionar el escenario actual, los diferendos en materia comercial, ecológica, política y de combate al narcotráfico.

El peligro señalado por la Secretaría de Relaciones Exteriores ilustra hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la distorsionada concepción estadunidense del tema de los indocumentados mexicanos: lo que es una respuesta a sus necesidades de mano de obra y de competitividad internacional y un importante factor de estabilidad económica para México es percibido como un problema de índole criminal y policiaca. Lo que constituye un fenómeno migratorio que se origina en la asimetría económica, social y de niveles de vida que existe entre los dos países es colocado por el gobierno de Estados Unidos en el terreno de las acciones conspiratorias.

El enfoque prevaleciente en Washington, cabe señalar, está motivado, más que por consideraciones objetivas, por propósitos electoreros que buscan capitalizar los crecientes sentimientos xenófobos de importantes sectores de la sociedad estadunidense que en nada ayudan a la comprensión de este fenómeno demográfico y sí inciden, por el contrario, en el exacerbamiento de las tendencias racistas internas y las tensiones bilaterales.

Por definición, la gestión de las cuestiones fronterizas es una tarea que debe ser asumida por las dos naciones colindantes. Nunca las acciones unilaterales en este ámbito han dado lugar a un mayor entendimiento entre los vecinos y sí, como en el caso de México y Estados Unidos, han sido causa de fricciones que impiden una mejor convivencia y un mayor entendimiento. En cambio, las políticas fronterizas de cooperación, consulta y respeto se traducen en relaciones bilaterales más armoniosas y eficaces.

En suma, la puesta en marcha de operativos como el denominado Río Grande --y otros que Estados Unidos ha establecido en fechas recientes para frenar la internación de indocumentados mexicanos a su territorio-- demuestra la incapacidad del gobierno de Washington para entender y manejar de manera adecuada un fenómeno que se origina, en buena medida, en las marcadas diferencias económicas entre ambos países y que persistirá mientras dure la enorme brecha socioeconómica que los separa.

En esta perspectiva, México tiene la obligación histórica de generar las oportunidades de vida digna a las que tiene derecho toda su población. Estados Unidos, por su parte, está obligado a erradicar la enorme injusticia que representan los malos tratos, las actitudes discriminatorias, la carencia de derechos humanos y laborales y los peligros de muerte que deben afrontar los trabajadores migratorios mexicanos y reconocer que éstos contribuyen, de manera importante, al bienestar económico y a la riqueza cultural estadunidenses.