Si no se libera el precio, 37 mil establecimientos ``bajarían cor- cortinas'', se violaría el precio oficial y se incumplirían obligaciones fiscales y laborales, afirman molineros
Patricia Muñoz Ríos Ť El secretario de Comercio, Herminio Blanco Mendoza, deberá ``rectificar su postura'' y liberar inmediatamente el precio de la tortilla, de lo contrario condenaría a la mayoría de los 37 mil establecimientos del país a bajar sus cortinas en los próximos meses, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Jorge Marín Santillán.
A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, Carlos González Hernández, advirtió que si la Secofi se niega a incrementar el básico ``sobrevendrán violaciones al precio y en el peso neto del producto, así como a las leyes laborales y fiscales''.
Ambos industriales ofrecieron una conferencia de prensa conjunta, en la que anunciaron además que la próxima semana se presentará ante el pleno de la Alianza para el Crecimiento Económico la propuesta de liberalización e incremento de precio del básico para que sea analizada.
Marín Santillán señaló que mantener controlado el precio de la tortilla ``es contrario al modelo de libre mercado en que se encuentra inmersa la economía del país''.
Dijo que la canalización de subsidios a la cadena maíz-tortilla por más de un cuarto de siglo ha estado viciada por la corrupción y los malos manejos, por lo que sólo ha servido para que se enriquecieran los intermediarios y ha beneficiado mínimamente a las familias de escasos recursos, de ahí que no resuelve nada incrementar estos apoyos. Consideró ``horrorosa'' la cantidad de recursos monetarios que se han destinado a subsidiar la tortilla y harina de maíz, sin beneficios tangibles.
En cuanto a las declaraciones de representantes de la Coalición Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (CNIMT) en el sentido de rechazar la liberalización de este producto, comentó: ``desconozco los propósitos de esta coalición, me parece que como organización no existe y además no forman parte de la Concamin''.
Tanto Marín Santillán como González Hernández aseguraron que liberalizar el precio del alimento no tiene porqué propiciar un aumento exagerado y señalaron que las experiencias han demostrado que ``los precios tienden eventualmente a reducirse o a mantenerse por el efecto de una mayor oferta y competencia''.
Además, consideraron que si en este momento se elimina ese control no se rebasarían los precios que prevalecen en el mercado.
Representantes de la CNIMT habían declarado que mantener sujeto el precio de la tortilla ha propiciado graves rezagos a la industria, por lo que se deben hacer a un lado las influencias políticas en este y actuar ``razonablemente'' ante la propuesta de liberalización; de lo contrario, si la Secofi no reacciona orillará al sector a solicitar constantes aumentos de precio y a recurrir a constantes violaciones.
Sobre el tema, el procurador Federal del Consumidor, Fernando Lerdo de Tejada, indicó que en tanto se decide sobre el precio de este producto la dependencia llevará a cabo una estricta vigilancia sobre el mismo.
Precisó donde más se han presentado violaciones de precios es en zonas fronterizas como Ciudad Juárez, la Costa Grande de Guerrero, Lázaro Cárdenas y Puerto Vallarta, así como Guanajuato, donde además ha habido la mayor promoción de amparos contra el precio oficial.
Lerdo señaló que se han promovido en total 99 juicios de amparo a nivel nacional en contra de la Profeco por las sanciones que ha impuesto a quienes han violado el precio oficial de la tortilla; de este total 66 los ha ganado la dependencia, 24 están pendientes y sólo uno se ha perdido por error en el procedimiento.
Por otra parte, el corresponsal Armando Torres informó que productores de Monterrey se manifestaron al respecto. Arturo Lara, dirigente de la Sociedad Cooperativa de la Masa y la Tortilla de la entidad, sostuvo que esta organización apoya la liberalización del precio del producto, así como la eliminación del subsidio generalizado y mantener el dirigido a las clases más pobres. Estableció que al eliminarse el precio controlado el kilogramo de tortilla costará entre cuatro y cinco pesos.