La exageración del triunfo electoral de ``las oposiciones'', la ocultación de las diferencias políticas entre los partidos, y la excesiva importancia atribuida a los acuerdos logrados entre los diputados coordinadores parlamentarios, está despertando expectativas falsas que a la postre pueden transformarse en frustraciones políticas con las consecuentes rectificaciones electorales de los ciudadanos.

Aunque ya se ha dicho, no es inútil repetir que a pesar de sus derrotas, el PRI contará con una mayoría relativa en la Cámara de Diputados (239). Ciertamente no dispondrá de una mayoría absoluta, ni de la cantidad de curules necesaria para ejercer una cómoda mayoría calificada, pero tampoco contará con esta última ventaja ninguno de los partidos de oposición, ni siquiera ``las oposiciones'' en su conjunto (PRD: 125, PAN: 121, PVEM: 8 y PT: 7). En la próxima legislatura, por sí mismo el PRI tendrá una mayoría de votos relativa en la Cámara de Diputados y conservará la mayoría en la Cámara de Senadores, además de que todavía dispondrá de más de la mitad de las legislaturas de los estados.

El voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión, y la mayoría de los congresos locales, son condiciones sine qua non para aprobar o rechazar cambios legislativos sustanciales, como lo sería cualquier reforma o adición a la Constitución general de la República. Esas dos terceras partes de los legisladores sólo podrán alcanzarlas el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, si reúnen los votos de sus respectivas fracciones parlamentarias, según las cifras arriba citadas, asentadas en el proyecto de acuerdo del IFE para la asignación de diputados y senadores de representación proporcional. Este solo dato es suficiente para destacar la importancia que tienen las afinidades políticas entre los partidos, no por acuerdos coyunturales, efímeros y superficiales, sino por compatibilidad de proyectos en función de coincidencias más profundas y duraderas.

Se ha querido magnificar primero, ``el acuerdo de gobernabilidad para la Cámara de Diputados'' (12/8/97) suscrito por los partidos de oposición, y después el acuerdo conjunto, oposiciones y PRI incluidos, sobre siete puntos de una agenda (20/8/97) que comprende tanto negociaciones que no deberían plantearse como tales -como el funcionamiento de la Cámara de Diputados ``conforme a la normatividad vigente''-, cuanto aspiraciones que no dependen de la firma de un acuerdo -como el ``llevar a cabo una reforma a fondo del Poder Legislativo federal''.

Lo artificial de esos ``consensos'' entre diputados coordinadores de sus fracciones parlamentarias, se pone en evidencia al comparar los temas de esas discusiones con los que ya se habían iniciado, cuando los partidos de oposición empezaron a preparar su actuación en la 57 Legislatura, que debutará el 1 de septiembre. La negativa del PRI a modificar el formato de la sesión de apertura que incluye el Informe presidencial provocó, hace un par de semanas, que ``el bloque opositor'' abandonara una discusión que contenía propuestas de cada partido, en verdad importantes para la mayoría de la población, como la que se estaba desarrollando en torno al IVA u otros impuestos, discusión que ponía en juego la concepción global de la política de ingresos y la distribución de los egresos que, de modificarse, alteraría el modelo económico hasta ahora impulsado y defendido por el gobierno, su partido, y sus aliados beneficiados.

Mientras más profundas sean las diferencias políticas que existan entre los partidos, más remotos y difíciles serán los ``consensos'' relevantes. Hasta ahora los acuerdos que se han suscrito, han sido posibles por insustanciales. Los cambios cualitativos, las modificaciones trascendentales, no se podrán realizar a partir de documentos firmados por los líderes de una sola Cámara, ni con el concurso de todas las fuerzas partidarias, si de verdad conservan sus diferencias políticas.

Se están creando falsas expectativas en los ciudadanos haciéndoles creer que el partido de oposición por el que votaron es mayoritario en el Poder Legislativo y que los cambios deseados -cualesquiera que éstos sean- están en puerta. Bastaría la alianza parlamentaria PRI-PAN para que, como lo hicieron en el pasado reciente, se reafirmara y avanzara en México el modelo que identifica en todo el mundo, por sus estragos sociales, al neoliberalismo.