Terminó el rezago agrario: Zedillo; el caciquismo, mal menor: Warman
Rosa Elvira Vargas Ť El presidente Ernesto Zedillo anunció ayer el fin del rezago agrario, luego de haberse turnado a los tribunales respectivos los expedientes que estaban en trámite ante el gobierno federal.
``La tierra de nadie no es productiva ni le hace justicia a nadie'', aseguró Zedillo. Agregó que los mexicanos no quieren enfrentar ``divisiones estériles e incluso trágicos enfrentamientos que, además de dramas humanos, finalmente se traducen también en tierras ociosas o mal aprovechadas''.
Para Zedillo, culminar el rezago agrario es fundamental para la nación, pues la seguridad en la tenencia de la tierra resulta esencial, tanto para derrotar la injusticia en el campo como para lograr un desarrollo equitativo.
Sin embargo, admitió, quedan tareas pendientes para lograr el pleno ordenamiento y la regularización de la propiedad social: la certificación de ejidos y comunidades a través de Procede, avanzar en el cumplimiento de las ejecutorias del Poder Judicial en materia agraria y regularizar las posesiones precarias otorgadas por el gobierno federal a campesinos, quienes en ningún caso ``serán desposeídos''.
Aclaró que el fin del rezago agrario no suspende la obligación del Estado y del gobierno de cumplir con el espíritu del artículo 27 constitucional para hacer de la propiedad agraria un factor decisivo de progreso. El fin de un viejo problema, adelantó, permitirá concentrar recursos y experiencia para hacer frente a los retos que prevalecen: la pobreza y el cuidado de los recursos naturales.
Especificó que el Ejecutivo ya no es juez y parte en materia agraria y que las decisiones jurisdiccionales corresponden a tribunales autónomos, mientras que el gobierno federal ha cumplido con su parte en la resolución del rezago agrario.
Precisó que ayer mismo el Diario Oficial de la Federación informó de la superación definitiva del rezago agrario ``en lo que corresponde al gobierno federal''.
Tal acción, explicó previamente, consistió en que la Secretaría de la Reforma Agraria puso en estado de resolución todos los asuntos que se encontraban en trámite según las distintas acciones y procedimientos previstos en la derogada Ley de Reforma Agraria y sobre los cuales no se hubiese emitido un fallo definitivo. Hoy, dijo, todos esos expedientes están en manos de los tribunales agrarios.
Luego, y tras admitir que el minifundio constituye una restricción grave para el desarrollo del campo, Zedillo instó a adoptar diversas formas de asociación productiva y aseguró que el latifundio, prohibido en la ley, nunca volverá a ser parte de la estructura de propiedad agraria en México.
En el patio central de Palacio Nacional y ante dirigentes campesinos, funcionarios del sector agrario y los gobernadores de Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Oaxaca, el Presidente expuso que desde 1992 se han remitido a tribunales agrarios 11 mil 367 expedientes que se encontraban en trámite, con lo que se ha cumplido el artículo tercero transitorio del decreto por el que en ese año se reformó el artículo 27 constitucional. Asimismo, destacó que la mitad de las resoluciones sobre los expedientes ya resueltos por los tribunales agrarios fueron favorables para los campesinos.
Poner fin al rezago es un acto de justicia para los hombres del campo, dijo Zedillo y puntualizó que el ``cuidadoso trabajo'' de los tribunales agrarios ha logrado que de los 5 mil 695 expedientes de tierras y aguas remitidos esté concluido 83 por ciento y queden sólo 963 pendientes. Asimismo, 75 por ciento de los casos pendientes en los tribunales unitarios ha tenido resolución. Esos órganos, dijo, ``han procedido con total autonomía e independencia y sin otra orientación que el estricto apego a la ley''.
Actualmente, agregó, más de la mitad del territorio nacional pertenece a ejidos y comunidades y para aprovechar esa extensión debe haber transparencia y certeza en los derechos de la propiedad social, núcleos bien organizados y con un manejo democrático de las decisiones para su desenvolvimiento.
Zedillo ratificó el compromiso de su gobierno con el desarrollo productivo de ejidos y comunidades y resaltó las prioridades del Programa de Desarrollo Agrario, con el cual, confió, se superarán las limitaciones del latifundio y se hará una distribución más justa y equitativa de los beneficios de una creciente producción. Es, en síntesis, la nueva etapa de la reforma agraria mexicana, aseguró.
Resolver los conflictos derivados de la falta de claridad en la posesión de la tierra, aseguró el Presidente, permitirá derrotar la injusticia en el campo.
Martha García Ť La violencia por tierras ``está muy lejos de significar una explosión social'' en el país, afirmó ayer el secretario de la Reforma Agraria, Arturo Warman, tras el anuncio presidencial de la conclusión del rezago agrario.
En una conferencia posterior a la ceremonia encabezada por el presidente Ernesto Zedillo, en Palacio Nacional, el funcionario descartó más enfrentamientos por conflictos agrarios y aseguró que los que existen ``están muy localizados''.
Mientras en el patio del antiguo despacho del Ejecutivo los invitados, más funcionarios del sector que campesinos, escuchaban a los oradores, en la Plaza de la Constitución se llevaba a cabo un mitin de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
Esta organización y otras cinco expresaron ayer su desacuerdo con la SRA por las ``violaciones procesales en agravio de los núcleos solicitantes de tierra'' y por irregularidades en los procesos agrarios.
En tanto, Warman dijo que la conclusión del rezago agrario no es una ni sorpresa ni un ``albazo'' para los campesinos del país, quienes siguen de cerca el proceso legal de su demanda de tierras, según los términos de la ley agraria.
Para el funcionario, la pobreza y el minifundio son los dos grandes problemas del campo, pero del caciquismo dijo que no es una preocupación nacional, sino ``un término mal definido, con más adjetivos que como una cuestión real del campo''.
Una vez declarado el finiquito del rezago agrario, que es la conclusión de los expedientes de reparto de tierras que no habían tenido solución, se inicia una ``nueva era'' del desarrollo rural, según Warman.
En Chiapas, mencionó, el reparto de la tierra fue un proceso tardío ``por muy complejas razones'', pero el gobierno ha aplicado programas financieros de apoyo para que los campesinos adquieran predios directamente.
Detalló que en la etapa de reparto de la reforma agraria --luego de más de ocho décadas--, se entregaron poco más de 107 millones de hectáreas a cerca de 3.5 millones de ejidatarios y comuneros, mientras que los propietarios privados son alrededor de millón y medio.
Con base en estas cifras, rechazó las impugnaciones de las organizaciones campesinas acerca de que con el término del rezago agrario otros 3.5 millones de campesinos quedarán sin parcelas.
Warman precisó que los números no corresponden con los datos de 5 mil familias mexicanas con acceso a la tierra y una cantidad igual de población económicamente activa dedicada a alguna actividad agropecuaria, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Calificó de ``irresponsables'' las versiones que dan ese número de campesinos sin predios: ``Estamos plenamente seguros de que la mayoría abrumadora, absoluta, de los hombres y las mujeres que trabajan en el campo tiene derechos de propiedad sobre la tierra'', acotó.
Sobre los expedientes en rezago agrario (11 mil 340, equivalentes a 50 por ciento) que tuvieron una resolución negativa, resaltó que muy pocos de los demandantes pueden interponer amparos.
De los expedientes turnados al Tribunal Superior Agrario, precisó que 964 implican dotación o ampliación de tierras. En cuanto a las tierras incautadas a narcotraficantes, explicó que 350 mil hectáreas se transfirieron a campesinos en condición precaria.
De esa superficie, 250 mil hectáreas ya están regularizadas plenamente a favor de grupos agrarios y existen 100 mil hectáreas sin regularización debido, entre otros factores, a que los decomisos no concluyeron en incautación y se protegió a los propietarios.
Warman añadió que el fin del rezago agrario permitirá al gobierno servir mejor a los campesinos, pero con ello no culmina la obligación jurídica del Estado respecto a la tenencia de la tierra.
Apuntó que ahora corresponde a los tribunales agrarios y al Poder Judicial de la Federación solucionar los conflictos de tenencia de la tierra. En tanto, dijo, el compromiso presidencial es que la propiedad de la tierra sea un activo para el desarrollo con justicia, con base en lo estipulado en el artículo 27 constitucional.
Durante el acto, el gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, señaló que ese estado se turnaron para sentencia del Tribunal Superior Agrario 350 expedientes concluidos.
Agregó que, a través de mecanismos de conciliación entre los pueblos involucrados, se resolvieron 385 problemas agrarios.
Como consecuencia de este proceso, añadió, más de 20 mil jefes de familias son beneficiarios de programas de fomento agropecuario y se incorporaron más de 103 mil hectáreas a diversas actividades productivas.
Frente a funcionarios del sector y gobernadores, el titular del Tribunal Superior Agrario, Luis Octavio Porte Petit, se comprometió a atender de inmediato los asuntos turnados a ese organismo.