La reaparición de grupos guerrilleros en el país trajo a la cúspide de las fuerzas armadas a una corriente de militares que se está quedando atrás en la modernización política que vive y necesita el país.

Forjada en el combate a los grupos armados de los años 70, principalmente a la guerrilla de Lucio Cabañas --que fue la que alcanzó una relativamente mayor capacidad de fuego--, esta corriente que se asume como nacionalista y defensora estricta de la soberanía nacional, fue de algún modo desplazada durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, cuando tuvieron preeminencia militares de gabinete y civiles analistas de asuntos de seguridad nacional.

Mientras, en la cúpula del Ejército desplazado de tareas de seguridad nacional predominaban generales como Antonio Riviello Bazán, quien se acompañaba en el Estado Mayor de la Defensa y en regiones militares --como la de Guerrero y del mismo Chiapas-- de otros generales de división que consideraban que en este estado el Ejército perdía la guerra ante la opinión pública, ante la sociedad civil, más que en el campo de batalla frente el EZLN.

El enfoque cambió a la llegada del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, cuando dentro del Ejército se impusieron los veteranos de la lucha antiguerrillera. No pudieron desplazar por completo a militares más formados en la idea de un Ejército de paz, pero sí vendieron la pomada de que ellos serían los únicos que podrían vencer a los grupos rebeldes.

Y lo han querido hacer (casi) con los mismos métodos de hace 25 años, sólo que los tiempos han cambiado y en esta inadecuación se halla uno de los principales peligros para la vigencia de México como nación independiente.

Esta corriente de militares se asume tan nacionalista, que es capaz de desentenderse de las difíciles negociaciones con la Unidad Europea en torno a la cláusula democrática; de impedir la vigencia de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra; de presionar para que no actúe aquí la Cruz Roja internacional; y de burlarse del relator especial de la ONU para casos de tortura, pese a que todo esto pudiese tener repercusiones negativas incluso para la economía nacional.

Por ejemplo, el mismo sábado 16 de agosto en que Nigel S. Rodley abandonó el país, después de una estancia de 10 días en el Distrito Federal y en Guerrero, tres campesinos de este estado fueron capturados por soldados en Ayutla. Este es el testimonio de uno de los detenidos: ''Oímos que cerrojearon sus armas, y marcándonos el alto se vinieron sobre nosotros tumbándonos a golpes. Nos pusieron boca abajo, nos patearon, nos culatearon el estómago, nos querían ahogar con un trapo en la boca y en las narices, nos pusieron chile en todo el cuerpo, y nos daban golpes y golpes, y si no decíamos que éramos miembros del EPR nos iban a matar''.

Como se ve, se trata de una corriente que no toma en cuenta el consenso internacional en torno a los derechos humanos, que tiene en mente enfrentar una eventual agudización de los problemas sociales y políticos no con más democracia, sino con la represión, pues asume que la patria está en peligro si no se aniquila al EZLN y al EPR, si no se disuade con la guerra de baja de intensidad, con la guerra sucia, a sus potenciales simpatizantes.

Esta corriente, sin embargo, ha sufrido un durísimo golpe con las revelaciones de vínculos con el narcotráfico hechas por la revista Proceso, seguidas por medios y periodistas que influyen en la opinión pública, y cuya secuela continúa. Por eso nos estamos dando cuenta que aquel nacionalismo (de derecha) encuentra sus límites en la relación con Estados Unidos, que al parecer aprovecha la existencia de franjas decisivas del Ejército mexicano carcomidas por la corrupción, sin autoridad moral frente a la sociedad, desprestigiadas por sus constantes atropellos a la población civil, para imponer condiciones a la institución toda.

Desmantelar los escenarios de guerra en Chiapas, Guerrero y Oaxaca es una tarea urgente de la naciente democracia electoral mexicana. El Congreso de la Unión debe propiciar soluciones políticas y, además, aprobar recursos públicos suficientes para programas sociales hacia estas entidades. En Guerrero se prevé incluso una situación de emergencia por la sequía que azota a las dos costas, y además por la caída en la misma región del precio de la copra. Todo ello ocurre justo en el teatro de operaciones del Ejército y el EPR.