$20 mil millones, indemnización a concesionarios de carreteras: SCT

Víctor Cardoso Ť El Programa de Consolidación de Autopistas, puesto en marcha por el gobierno federal, prevé la cancelación de 23 de las 52 concesiones otorgadas en el sexenio anterior, que representan infraestructura por 3 mil 430 kilómetros de longitud; el pago a los concesionarios de una indemnización global de casi 20 mil millones de pesos, equivalentes a una quinta parte del valor de esa infraestructura, y aportaciones fiscales de casi 19 mil millones de pesos.

En la presentación del programa, en la cual no estuvieron presentes los concesionarios, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, señaló que el primero de septiembre se comenzarán a publicar en el Diario Oficial de la Federación los decretos correspondientes.

El grupo Triturados Basálticos y Derivados (Tribasa), que participa en ocho de las carreteras rescatadas, dijo en un comunicado que la medida obligará a ajustar el tamaño de la empresa, pero ``la restructuración de nuestra posición financiera nos coloca en una situación más sólida y de mayor liquidez para proseguir con los proyectos de desarrollo tanto en el país, como en el extranjero''.

En tanto, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado manifestó su desacuerdo con la medida y criticó que con se salve con recursos fiscales a unas cuantas empresas privadas.

En la presentación del programa, Ruiz Sacristán dijo que las autopistas concesionadas tienen adeudos cercanos a 60 mil millones de pesos, los cuales asumirá Banobras a través de un fideicomiso maestro. Posteriormente, el banco se encargará de licitar el cobro de peaje y el mantenimiento de las autopistas.

Para evitar un mayor deterioro de la red de autopistas concesionadas y quebranto económico de los concesionarios --que habría llevado a la quiebra a empresas constructoras e instituciones que financiaron las obras--, el gobierno federal decidió, con base en el artículo 26 de la Ley General de Bienes Nacionales, dar por terminadas anticipadamente las concesiones con menor viabilidad financiera de la red. Para recuperar la explotación de esa infraestructura, el gobierno argumentó la causa de interés público.

Según Ruiz Sacristán, a partir del primero de septiembre se aplicará un descuento de 35 por ciento para los usuarios del autotransporte de carga; de 15 por ciento para automovilistas y para el autotransporte de pasaje y turismo sólo se hará un reconocimiento generalizado de los convenios tarifarios existentes.

Se calcula que los descuentos implicarán una merma de alrededor de 600 millones de pesos anuales, pero el titular de la SCT explicó que no tendrá efectos negativos en las proyecciones económicas de las autopistas, porque los cálculos de aforos son ``sumamente conservadores'' y no se tomó en cuenta un aumento inmediato del tránsito vehicular.

En cambio, las autoridades previeron que la reducción de tarifas tendrá beneficios adicionales, como una baja del costo del transporte, mayor impulso a la productividad, al transportar los insumos a las industrias más rápido y a menor costo; asimismo, se apoyará la competitividad del sector exportador, se fomentará el turismo y se elevará la seguridad en carreteras.

Escenario financiero conservador

Los cálculos sobre los recursos necesarios para el rescate de las carreteras, dados a conocer por Ruiz Sacristán y avalados por las secretarías de Hacienda y de la Contraloría, se realizaron sobre las siguientes bases: sin una recuperación inmediata de los aforos por la reducción tarifaria, con una tasa real a largo plazo de 6.5 por ciento, costos de operación y mantenimiento de 23 por ciento, un refinanciamiento del capital y un crecimiento anual del ingreso de entre tres y cuatro por ciento.

El análisis oficial destaca que las autopistas concesionadas a rescatar tienen pasivos por 37 mil 300 millones de pesos y cuentas por pagar por 22 mil 300 millones de pesos, para un gran total de adeudos por 59 mil 600 millones de pesos.

Para hacer frente a esa deuda se prevé que las autopistas generarán en 45 años ingresos por 40 mil 800 millones de pesos y el gobierno federal aportará 18 mil 800 millones de pesos (esta última cifra fue ajustada a la baja, ya que en los criterios de política económica de la Secretaría de Hacienda se preveía un costo fiscal por 26 mil 100 millones de pesos a partir de 1997).

Con eso, dijo Ruiz Sacristán, se resolverá el problema de la cartera vencida de las autopistas concesionadas y se evitará que la falta de recursos derivada de sus bajos ingresos por peaje provoque el deterioro de esa infraestructura e incluso quiebras de empresas constructoras e instituciones que financiaron las obras.

El funcionario reconoció que durante el sexenio pasado, al concesionar las autopistas, se aceptaron proyectos incompletos, se subestimaron costos de construcción, no se liberaron completamente los derechos de vía y tampoco se calcularon adecuadamente los aforos. En esas condiciones, se proyectaba obtener ingresos anuales por alrededor de 9 mil millones de pesos, pero el pago de peaje sólo generó, desde 1994, 4 mil millones de pesos al año, lo que dio como resultado un faltante por 17 mil 600 millones de pesos.

Concesiones buenas, malas y regulares

Durante la presentación del Programa de Consolidación de Autopistas, Ruiz Sacristán comentó que de las 52 concesiones otorgadas a partir de 1987, 29 fueron para la iniciativa privada, 19 a gobiernos estatales y cuatro a la banca de fomento, para un total de 5 mil 316 kilómetros.

De ese total, 24 concesiones, que representan mil 588 kilómetros, tienen aforos adecuados, ingresos suficientes y mantenimiento apropiado.

Actualmente cinco autopistas (que suman 297 kilómetros) tienen bursatilizados sus ingresos (se emitieron bonos con la garantía de pago sobre los recursos generados). Esas autopistas mantendrán el mismo régimen hasta cubrir la deuda colocada en los mercados bursátiles.

Sin embargo, las 23 autopistas objeto del programa tienen ingresos insuficientes derivados de los bajos aforos y escaso mantenimiento.

Las vías ``rescatadas'' pasarán a formar parte del fideicomiso que operará Banobras. De las 23 concesiones, ocho se otorgaron a seis gobiernos estatales (Querétaro, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Durango y Tabasco), mientras que el resto corresponde a las empresas ICA, Tribasa, GMD, Protexa, Gutsa, el Consorcio de Constructores Campechanos y el consorcio Alfa-Omega.

Entre las autopistas que retomará el gobierno destacan: Estación Don-Nogales y Libramiento Nogales, Maravatío-Zapotlanejo, Córdoba-Veracruz y La Tinaja-Cosoleacaque, Cuernavaca-Acapulco, Santa Ana-Caborca (actualmente en construcción), Torreón-Saltillo, Mazatlán-Culiacán, Guadalajara-Tepic, Gómez Palacio-Corralitos,Cadereyta-Reynosa, Zapotlanejo-Lagos de Moreno, Monterrey-Nuevo Laredo y León-Lagos de Moreno-Aguascalientes.

Reacciones

Los senadores del PAN dijeron que el programa es un engaño y anunciaron que exigirán una investigación y fincar responsabilidades a los funcionarios de la SHCP y de la SCT, del sexenio anterior y del actual, las cuales elaboraron los cálculos del aforo y los costos de las autopistas concesionadas, pues el gobierno reconoce ahora que estos errores causaron el fracaso de la concesión de carreteras.

A su vez, Tribasa hizo notar que el Programa de Consolidación de Autopistas ``es de carácter general y se aplicará con el mismo rasero a las distintas concesionarias, sin favoritismos ni discriminaciones''.