``Se va a proceder con la privatización de enormes complejos económico-territoriales. La privatización que sigue es la privatización de 26 mil kilómetros lineales de territorio nacional, de Ferrocarriles Nacionales. Es a partir de la entrada del Banco Mundial con préstamos condicionados a Ferrocarriles Nacionales cuando se empieza a dar un deterioro sustancial en los presupuestos de mantenimiento, ampliación y modernización en los Ferrocarriles Nacionales. Uno de los intentos centrales es llevar a la empresa de interés (para los inversionistas) a un punto de venta. De tal manera que se nos dice `estamos traspasando una cantidad muy grande de chatarra'. No es chatarra, tiene enorme importancia. Para el año 2000 se supone que van a transitar por aquí entre 72 y 100 millones de toneladas, y desde luego que el transporte más importante, contemporáneamente y para el siglo XXI, por económico, es el transporte ferroviario''. (John Saxe-Fernández, conferencia dictada en el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática. En revista Justicia y Paz, No. 41). Varias decenas de miles de trabajadores ferrocarrileros ya han sido afectados por la ``modernización'' de la empresa, y muchos han sufrido los efectos de la represión, al oponerse al despido masivo de que están siendo objeto.

Además de los trabajadores ferocarrileros, los indígenas y campesinos pobres son las principales víctimas de la ``modernización'' de la empresa Ferrocarriles Nacionales y del proyecto originalmente denominado Servicio Multimodal Transístmico, o proyecto Alfa-Omega. Esta idea no es nada nueva, pues data de hace 20 años. El gobierno federal y diversos grupos de inversionistas la concibieron en 1977 como una alternativa terrestre al Canal de Panamá, por medio de una ruta ferroviaria para trenes de alta velocidad y gran capacidad de carga, que conectaría el puerto de Coatzacoalcos con el de Salina Cruz, ambos de altura, industrializados y petroleros. Los objetivos del proyecto eran: ``impulsar el desarrollo de la zona ístmica; servir como infraestructura de transporte; atraer carga internacional''; ya que se ``prevé captar el 7 por ciento de la carga por contenedores que actualmente cruza el Canal de Panamá''. Pero no sólo eso. El megaproyecto, que se encuentra vinculado a la eventual privatización del ferrocarril del Sureste, uno de cuyos ramales es la ruta Minatitlán-Salina Cruz, incluye la creación de un corredor industrial y de servicios a ambos lados de la vía. A la fecha se sabe de la concesión de 146 proyectos industriales y de una inversión pública cercana a los 14 mil millones de pesos para la modernización de la infraestructura ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y vial.

¡Pero, qué bien!, dirá cualquiera que no esté enterado de que en la zona por la que atraviesa el megaproyecto habitan 2 millones de personas, repartidas en 539 localidades, de las cuales una cuarta parte son indígenas que pertenecen a 12 pueblos distintos: zapoteco, popoluca, náhuatl, zoque, huave, mixe, chontal de Oaxaca, mixteco, tzotzil, chinanteco, mazateco y chocho. La inmensa mayoría de esta población se encuentra ocupada en el sector primario de la economía, sobreviviendo en los más bajos niveles de pobreza, con rangos de educación primaria incompleta, que van del 49 al 73 por ciento, sin electricidad, agua potable ni drenaje.

Se ubican también tres zonas de gran importancia por el delicado estado de su biodiversidad: los Chimalapas, Uxpanapa y los Tuxtlas, todas ellas amenazadas y presionadas por intereses madereros y de colonización.

Pueblos indios, campesinos pobres y biodiversidad están en riesgo de desaparecer ante el avance modernizador. Para analizar las implicaciones sociales, políticas, ecológicas, de derechos humanos y de soberanía nacional, desde ayer y hasta el próximo domingo se está llevando a cabo en la región del Istmo el llamado Foro Nacional ``El Istmo es nuestro'', convocado por al menos 15 organizaciones indígenas, campesinas y populares de la región y del país. Lo menos que se tendría que esperar y demandar de las autoridades y de los inversionistas, es que las poblaciones que van a ser afectadas y sus organizaciones representativas sean tomadas en cuenta en la planeación y realización del proyecto.