Compra de armas o política social, decisión de cada gobierno: Gurría

Rosa Elvira Vargas, enviada, Asunción, 22 de agosto Los países que conforman el Grupo de Río demandarán ante Naciones Unidas que la reforma del Consejo de Seguridad se realice bajo un principio de distribución geográfica equitativa y de igualdad entre los Estados. Rati- ficarán que la democracia es fundamento único de legitimidad de los sistemas políticos y condición para la paz, y harán de nuevo explícito su rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes que, como la Helms-Burton, amenazan la convivencia entre los Estados.

El anteproyecto de la Declaración de Asunción, elaborado por los cancilleres de los países participantes, será discutido puntualmente a partir de mañana en reuniones a puerta cerrada por los 12 presidentes y jefes de Estado reunidos aquí -la mayoría desde hoy- en la undécima Cumbre del Grupo de Río. Incluye además acuerdos específicos en materia del tráfico de drogas, freno a la carrera armamentista y sobre trabajadores migrantes, entre otros puntos.

Y es que como señalara el canciller mexicano José Angel Gurría, ningún gobierno en lo individual, incluido Estados Unidos, que es además el mayor consumidor, puede dar la solución ni hacer frente a la amenaza mundial que es el narcotráfico. Especificó que es responsabilidad última de cada gobierno decidir si emplea sus recursos, siempre escasos, a la compra de armas o su asignación en programas prioritarios de política social.

Sobre trabajadores migrantes, la Cumbre del Grupo de Río se manifiesta preocupada por las crecientes manifestaciones de racismo, xenofobia y otras formas de discriminación, tratos inhumanos y degradantes de que son víctimas aquellos que viajan a otros países en busca de mejores alternativas de vida.

Punto de diferendos recientes, sobre todo entre Brasil y Argentina, el de la readecuación del Consejo de Seguridad de la ONU se plantea en las conclusiones de una manera bastante salomónica. Reafirma que por su tradición jurídica y contribuciones a la causa de la paz, la región de América Latina y el Caribe debe estar contemplada en cualquier ampliación de ese organismo, y que la asignación de puestos debe hacerse a través de un proceso con validez jurídica.

Luego, ratifica la necesidad de la eliminación total de la facultad de veto y sentencia que ``no sería aceptable una reforma en la ONU que resulte en un tratamiento discriminatorio entre países desarrollados'' y en vías de serlo.

Aunque en el documento con los ejes declarativos finales no se incluye un pronunciamiento específico en materia de armas, los considerandos inciales señalan que la región tiene un papel fundamental en la aplicación plena y eficaz de los instrumentos que regulan la posesión, construcción y transferencia de armas de destrucción masiva. Por ello, los países del Grupo de Río se comprometen a profundizar el diálogo y la cooperación política para avanzar en la limitación y control de armas convencionales.

De hecho, en este punto se contempla abrir la firma este mismo año de la Convención contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, como un mecanismo en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y la violencia.

El documento recibe de buen modo la iniciativa de celebrar una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de la región latinoamericana, tentativamente para 1999.

La Declaración de Asunción sí dedica en cambio capítulo especial sobre medidas unilaterales. Rechaza de nuevo la Ley Helms-Burton, las recientes iniciativas para ampliar sus alcances, ``las evaluaciones en materia de derechos humanos, los procesos de certificación en la lucha contra el narcotráfico, los criterios sobre cuestiones medioambientales y los intentos por condicionar la cooperación a las formas de votación de los países en los organismos internacionales, (que) erosionan las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados''.

Y sobre narcotráfico, además de registrar la preocupación por el aumento en el consumo de estupefacientes a nivel mundial, se insiste en definir una posición conjunta para que el Grupo de Río lleve en 1998 a la ONU propuestas específicas y acciones concretas a fin de reducir la demanda ilícita de drogas, promover programas de desarrollo alternativo y fórmulas para combatir con eficacia el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y el desvío de precursores químicos.

La undécima reunión del Grupo de Río empezó esta noche con una ceremonia formal de discursos presidenciales y canciones cursis. Además, con la ausencia en el presídium de los presidentes Ernesto Samper, de Colombia; Eduardo Frei, de Chile; Julio María Sanguinetti, de Uruguay, y Carlos Saúl Menem, de Argentina. Los primeros, se dijo, arribarían esta misma noche a la capital paraguaya, mientras que el vecino argentino, como suele hacerlo en este tipo de encuentros, arribará un día después de la apertura formal.

En la bienvenida, el presidente Juan Carlos Wasmosy insistió en aquellos conceptos que recientemente expuso en su visita de Estado a México, en el sentido de que la atención a la problemática social constituye un elemento de la gobernabilidad democrática. Además, afirmó que si la política actual de armonizar la democracia con las fuerzas del mercado es ardua, lo es mucho más en sociedades donde las desigualdades ``no dejan margen para el error ni espacio para el tiempo''.

Por los mandatarios visitantes habló Ernesto Pérez Balladares, de Panamá, quien hizo un llamado de revisión autocrítica al Grupo de Río y pidió ``preguntarnos si la comunidad de propósitos que aquí expresamos se traducen después en acciones tangibles para nuestros pueblos, y si éstos comienzan a dudar también de la efectividad de nuestras deliberaciones''.

Entonces, llamó a usar este espacio para un diálogo sin formalismos paralizantes ni retóricas vacías, sobre tópicos que importen y para los cuales urgen acciones, aunque no sean uniformes ni coincidentes.

Por lo que hace al presidente Ernesto Zedillo, primero en llegar muy temprano hoy a la capital paraguaya, trascendió que sostuvo una reunión de más de 40 minutos con el brasileño Fernando Henrique Cardoso y donde habrían tocado puntos de la agenda del Grupo de Río y de la integración del Mercosur. Para mañana, podría también encontrarse en reuniones separadas con los mandatarios del Grupo de los Tres (Venezuela y Colombia), así como con casi todos los demás, como Eduardo Frei, de Chile; Hugo Bánzer, de Bolivia, y Fabián Ernesto Alarcón, de Ecuador.

Más atentos en las elecciones domésticas del próximo 5 de septiembre y con la apuesta de que en los comicios presidenciales del 10 de mayo de 1998 gane el general rebelde Lino César Oviedo, los paraguayos no se ven muy conmovidos por ser el centro de las discusiones del Grupo de Río, ni siquiera ante el incremento ostensible de las medidas de seguridad que ese encuentro ha traído consigo y les obliga a portar, sin excusa, sus documentos de identidad.

Para el ciudadano de a pie de este pequeño país, situado entre Argentina y Brasil, lo más que indigna del gobierno de Juan Carlos Wasmosy es la corrupción en la que él y su equipo de gobierno han caído y que, aseguran, no llegó a verse en los 30 años de la dictadura de Alfredo Stroessner. Esto y la dramática situación económica del país que obliga a muchos paraguayos a emigrar a las naciones del área en busca de empleo, hacen que las disquisiciones de los jefes de Estado y de gobierno estén, francamente, en un segundo plano de su atención.