Aplica la policía el RIMA, programa rechazado en 95 por inconstitucional

Alonso Urrutia Ť El gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia, lleva a cabo medidas que forman parte del controvertido programa de Reacción Inmediata de Máxima Alerta, anunciado en junio de 1995. Las fuertes críticas y el rechazo ciudadano hicieron que este proyecto fuera temporalmente reservado y hoy, ante el crecimiento de delincuencia y los niveles de violencia, es reactivado.

Esta vez, sin anunciarlo por su nombre, sin consulta con la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), como se acordó, se han comenzado a aplicar varias medidas del programa que comúnmente se conoció como el RIMA.

Una de estas acciones, y que fue la que más polémica suscitó, es la detención de sospechosos, misma que se ha aplicado en estos últimos días. Descalificadas en su momento por partidos políticos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y organismos sociales dedicadas a la protección de garantías individuales por su carácter anticonstitucional, medidas como la detención de sospechosos y el reforzamiento de la vigilancia a través de las células de patrullaje, están en operación.

Hace tres días, el regente Oscar Espinosa Villarreal, en ocasión del asesinato del hermano del secretario de Hacienda, Alejandro Ortiz Martínez, pidió a la ciudadanía y a la comunidad que aceptara los operativos, pues irían encaminados a garantizar la tranquilidad en la ciudad y abatir la actuación de la delincuencia organizada.

Diario, 662 delitos denunciados

Con índices delictivos superiores a los registrados en 1995 y con la variante de que ahora existen mandos militares al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, varias de las 11 medidas que en su momento anunció el regente Oscar Espinosa Villarreal se han comenzado a poner en marcha.

Hoy, cuando diariamente se denuncian, en promedio, cerca de 662 delitos y que los niveles de violencia se han incrementado tanto en la comisión de asaltos como en los homicidios, el gobierno capitalino aplica en los hechos aquel programa.

Una de las acciones más criticadas --en junio de 1995-- por diversos sectores sociales y políticos fue la detención de sospechosos; por ellas debió darse marcha atrás. El anuncio oficial de entonces señalaba que ante el galopante crecimiento del delito de robo en la ciudad se instrumentarían operativos especiales en zonas de alta circulación peatonal y concentración comercial, así como que tuvieran alta incidencia de ilícitos.

El objetivo es detectar ``y, si procede, asegurar a personas sospechosas, presuntos delincuentes o infractores, verificando si existe orden de aprehensión en su contra, procurando de esta manera erradicar a delincuentes que se dediquen principalmente al robo de comercios, transeúntes y vehículos''.

En su momento, al conjunto de medidas comúnmente se les denominó como RIMA, en alusión a una de las acciones más drásticas de las acciones policiacas. Sin embargo, aunque el regente asegura que el programa no fue denominado así, documentos oficiales de la SSP y del DDF así lo nombran.

Esta medida consistía en el despliegue de 3 mil 500 elementos de diversas corporaciones policiacas desplegados en un ``operativo especial en zonas de alto índice delictivo, cuyo propósito es evitar la comisión de delitos que perturben el orden público''.

Al momento de anunciarse oficialmente se dio a conocer que el operativo RIMA pretendía ``prevenir, investigar y esclarecer aquellos delitos que perturben la paz, la tranquilidad y el orden público''.

Para tal efecto, se decía entonces, se haría acopio de todo el personal disponible, el cual sería respaldado con el sobrevuelo de helicópteros.

Parte del paquete de medidas anunciadas entonces era el denominado Operativo Contacto, que consistía en la localización de bodegas en donde se presumía el almacenamiento de mercancía presuntamente robada y ubicar tianguis donde se comercialice ésta. Otras de las medidas que se han puesto en marcha del polémico programa es el de las denominadas ``células de patrullaje'', que operarían con elementos tanto de la Policía Judicial del Distrito Federal como de la Policía Preventiva. El reforzamiento del patrullaje se realizaría en las zonas potencialmente más conflictivas en la capital.

El argumento es detectar autos robados o, bien, a personas que a juicio de la policía tuvieran la intención de robar alguno. Los uniformados detectan a quienes, desde su punto de vista, son sospechosos de pretender asaltar a los transeúntes.