El pago que, por casi 20 mil millones de pesos, realizará el gobierno federal por concepto de ``indemnización'' a los concesionarios de 23 carreteras que resultaron inviables económicamente -cantidad a la que hay que sumar otros 19 mil millones de aportaciones fiscales-, representa un nuevo e inaceptable acto de salvamento de unas cuantas empresas privadas, como ya sucedió en el caso de la banca, a cuenta del erario público y los impuestos de la ciudadanía.

Esta medida, establecida en el Programa de Consolidación de Autopistas que anunció antier el secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, hace evidente -como lo reconoció el propio funcionario- que en el proceso de concesión realizado durante el sexenio pasado se validaron proyectos incompletos y con cálculos financieros y de aforos vehiculares equivocados, situación que puso en riesgo una infraestructura estratégica para la Nación.

Por ello, es una obligación impostergable de las autoridades, y una exigencia legítima de la sociedad, emprender una investigación a fondo de los mecanismos de concesión de autopistas y, en caso de encontrar omisiones deliberadas o prácticas de corrupción, fincar responsabilidades conforme a derecho a los empresarios y servidores públicos que participaron en un proceso viciado de origen.

Destinar elevados recursos fiscales al rescate de empresas privadas que, por su voracidad al imponer altas tarifas a los vehículos que transitan por las autopistas sujetas a concesión -desalentando con ello su uso y limitando su mantenimiento- o por incurrir en errores o desviaciones en sus cálculos financieros, se colocaron al borde de la quiebra, representa una grave afrenta contra la población, si se tienen en cuenta las condiciones de pobreza, falta de educación, salud y empleo que se padecen en el país.

Para dimensionar esta circunstancia, basta con comparar los montos con que se pretende indemnizar a los concesionarios carreteros -20 mil millones de pesos- con los mil doscientos millones destinados al programa de atención a la pobreza extrema, el Progresa. Resulta inaceptable, a la luz de las cifras arriba citadas, que el gobierno federal disponga cantidades tan elevadas para rescatar a unas pocas empresas -entre las que figuran ICA, Tribasa, GMD, Protexa y Gusta- y dedique sumas mucho menores a la atención de millones de mexicanos pobres con graves carencias alimentarias, sanitarias y educativas.

Cabe exigir que las autoridades reconsideren su intención de salvar de la quiebra -a costa de los contribuyentes- a empresas que, por equivocaciones, errores de cálculo o mala planeación administrativa, condujeron a 23 autopistas a su estado actual e inicien las investigaciones encaminadas a esclarecer la forma en que se aprobaron los proyectos y se otorgaron las concesiones.

De igual forma, los integrantes de la próxima Legislatura tienen la obligación de abrir una investigación a fondo de estos hechos y fiscalizar, de manera cuidadosa, la situación del resto de las autopistas concesionadas y de los nuevos proyectos de participación de inversión privada en infraestructura de comunicaciones que se encuentran en estudio, como es el caso de la red de aeropuertos del país.