Gobernación no puede impedir a zapatistas venir enmascarados, señala Carrancá y Rivas

Elizabeth Velasco C. y José Ureña Ť El constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas sostuvo que la Secretaría de Gobernación carece de autoridad legal para exigir, por ningún concepto, que los mil 111 delegados zapatistas se quiten ``las máscaras'' para poder arribar a la capital del país, el próximo 13 de septiembre.

``Los artículos 11 y 9 de la Carta Magna otorgan a los zapatistas todo el derecho de trasladarse y reunirse en la capital del país --y en cualquier parte del territorio mexicano--, y lo pueden hacer con botas, huaraches, con máscara, sin ella, como quieran'', subrayó.

Por su lado, el presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), Pablo Salazar Mendiguchía, celebró la disposición del gobierno federal --expresada el viernes pasado por medio del subsecretario de Gobernación, Ausencio Chávez-- de dar plenas garantías a la marcha del EZLN.

Pero, destacó que sería recomendable que se mantenga una ``actitud de prudencia'' para no ``dramatizar el tema del viaje zapatista y una manera de no dramatizarlo es no ponerle añadiduras a la ley o interpretaciones privadas, específicamente en lo que se refiere a las capuchas'', dijo en relación con lo expresado por Chávez Hernández, quien garantizó la seguridad de los zapatistas ``siempre y cuando se presenten sin máscara y armas''. A su vez, el senador panista Norberto Corella estimó como excesivo el tiempo que lleva el conflicto de Chiapas, y dijo que la ``debilidad de las autoridades'' puede propiciar que otros grupos se alcen en armas y se hagan justicia por propia mano.

Carrancá y Rivas explicó que el artículo 11 de la Constitución otorga a todo mexicano el derecho de movilizarse y de residir en cualquier parte del territorio nacional, sin necesidad de salvoconducto o pasaporte. ``En consecuencia, los delegados zapatistas pueden venir a la ciudad de México cuando así lo deseen, y si vienen marchando y a manifestar de viva voz su pensamiento político, los ampara también el artículo 9 de la Constitución, el cual señala que es lícito reunirse pacíficamente''.

Incluso, subrayó el maestro emérito de la UNAM, el deber de las autoridades federales es garantizar a los zapatistas --como a cualquier mexicano-- que no los habrán de molestar y de proteger su derecho a manifestarse pacíficamente y de conformarse en fuerza política.

En referencia a las declaraciones de Chávez Hernández, Carrancá aseguró que ninguna ley limita, ni impide a los zapatistas que lleguen a la capital con o sin máscaras o como ``les dé la gana''. Por lo tanto, las autoridades no pueden condicionar su arribo. En todo caso podrían hacer una recomendación o ``amable invitación'' para que se despojen de las máscaras para sentarse a negociar. Eso es otra cosa, acotó.

Viajar con armas, única prohibición

Por su lado, el presidente en turno de la Cocopa manifestó que la única restricción que podría ponerse a los zapatistas, como a cualquier mexicano, es que salieran (de Chiapas) portando armas. Pero esa posibilidad ``ya ha sido descartada por los propios zapatistas, quienes de manera muy elegante han anunciado que vendrán desarmados, como se desprende de su propio comunicado en donde aseguran que las únicas armas que portarán serán las de la razón histórica''.

El legislador de la fracción del PRI también coincidió en que no existe ninguna restricción legal que ``obligue a los zapatistas, al Mil Máscaras, a Rascón (Superbarrio) y a otros enmascarados a quitarse las máscaras''. Sería recomendable, entonces, no dramatizar el tema de la marcha zapatista, sino verlo en forma positiva y como una una contribución al clima de distensión que se requiere en el país.

También se pronunció porque sociedad y gobierno cooperen para que la del EZLN sea ``una movilización controlada, en el sentido de que se aprovechen todos los recursos que la negociación nos da, a través de la mediación y de la coadyuvancia, para rechazar cualquier tentación a la provocación''.

Salazar Mendiguchía ofreció de nueva cuenta a las partes en conflicto --gobierno federal y EZLN-- la intermediación de la Cocopa a fin de tratar de reiniciar el diálogo por la paz.