Emilio Zebadúa
Fin del proceso

En la realización de las elecciones de este 6 de julio convergieron diversos factores positivos que han hecho que, en términos generales, se haya realizado con éxito los comicios más importantes de la historia reciente de este país. La organización de las elecciones en México bajo la responsabilidad de un órgano ciudadano y autónomo ha pasado su primera y difícil prueba. Como resultado de este proceso, hoy en día el mapa político del país es multicolor y más plural.

Pero más significativo que los datos y resultados electorales destaca el hecho de que, tanto la jornada como el procso electoral en su conjunto, gozaron de una amplia y extendida credibilidad y legitimidad. No sólo se trataron de las elecciones más competidas en la historia moderna del país, sino también de las menos cuestionadas o impugnadas. En particular, el marco jurídico e institucional dentro del cual participaron los ciudadanos este 6 de julio gozó de la confianza de los partidos políticos, de la gran mayoría de la sociedad de este país e, incluso, de la comunidad internacional.

La ciudadanización de los órganos electorales funcionó. La percepción que prevalece entre la población lo confirma: según los resultados de una ``evaluación post-electoral del proceso electoral federal de 1997 y la imagen del Instituto Federal Electoral'', el 70.7% de los entrevistados expresó que las elecciones fueron ``muy democráticas''; el 69.8% manifestó que los resultados obtenidos en las elecciones del pasado 6 de julio fueron ``muy confiables'', y el 71.1% se refirió a ellos como ``muy legales''. La presencia del IFE en la organización de las elecciones federales fue considerada como ``muy necesaria'' por el 85.5% de los consultados.

Las pasadas elecciones federales son un paso hacia adelante en el fortalecimiento de un régimen plural en el pais; su limpieza en términos generales coexiste, sin embargo, con importantes rezagos que deben ser superados si México va a gozar de una democracia plena en el futuro. Así, una primera lectura a los resultados electorales por regiones y sectores de la población muestra la diversidad en el grado de desarrollo democrático que tiene el país.

Las faltas al secreto del voto, y el pago o presión a los votants fueron significativamente mayores en la región sur del país (circunscripciones 3.4 y 5, excluyendo al Distrito Federal y el estado de México), que en el centro y norte de la República. El grado de participación ciudadana también varió de región a región (mientras que en promedio nacional votó el 57.8 de los electores, en Oaxaca sólo lo hizo el 50.6% y en Chiapas apenas el 35.9%).

Limitaciones al pleno desarrollo de la democracia existen en varias entidades y regiones del país: en algunas comunidades los partidos políticos y sus candidatos no pudieron hacer campañas de proselitismo; actos contra la libertad del sufragio aún se siguen presentando en poblaciones desprotegidas y marginadas, y otras pácticas anti-democráticas continúan imponiéndose sobre un número de ciudadanos.

El proceso democrático todavia tiene mucho por delante. Esto fue lo que motivo a que, dentro del marco legal, los consejeros electorales lleváramos a cabo una activa participación en todos los ámbitos de competencia del Instituto Fderal Electoral. Se hizo todo lo que la ley nos faculta a hacer, y todo lo que fue políticamente posible llevar a cabo para impulsar el desarrollo democrático en el país.

En este esfuerzo contamos con colaboración de los funcionarios de este Instituto. El trabajo de los miembros del servicio profesional electoral permitió alcanzar las metas establecidas en los programas y actividades de las áreas ejecutivas, por lo cual se crearon las condiciones operativas necesarias para el desarrollo de la jornada y el cómputo de los resultados electorales en los 300 distritos electorales del país, y en las elecciones del Distrito Federal.

La participación de los partidos políticos en cada una de las etapas de la integración del proceso electoral, y el aval constante y recurrente que le otorgaron a los órganos electorales a nivel distrital, local y general, vino a fortalecer al Instituto en esta etapa inicial de su desarrollo autónomo. Al apegarse al marco jurídico institucional que rige la organización de las elecciones en México, los partidos políticos han contribuido a consolidar la ciudadanización del IFE.

En cumplimiento de su deber cívico, más de cuatrocientos mil ciudadanos se desempeñaron como funcionarios en las más de cien mil casillas instaladas el 6 de julio pasado para hacer posible la recepción del voto de más de 30 millones de mexicanos que expresaron su voluntad democrática. La transparencia y la credibilidad que caracterizó a la jornada electoral del 6 de julio se deben también, en buena medida, a la participación activa de casi 25 mil ciudadanos mexicanos que realizaron actividades de observación electoral en varias partes del país, y distintos ámbitos del proceso electoral. Los visitantes extranjeros que observaron la jornada electoral contribuyeron a extender la confianza internacional en las nuevas autoridades electorales de México.

La mayoría de los medios de comunicación, que actuaron en apego a criterios de objetividad y profesionalismo, introdujeron un elementos de certeza a la contienda y a los resultados electorales. En la medida en que los medios de comunicación continúan reconociendo el creciente pluralismo y diversidad politica que caracteriza a México, su papel en la confiabilidad y legitimidad de los procesos electorales irá en aumento.

Para concluir: la ciudadanización del Instituto Federal Electoral es el principio y no el final del proceso. Con las elecciones del 6 de julio, el Instituto acaba de pasar su primera prueba; las tareas que debe realizar durante los próximos años son igual de importantes. El prncipal reto del Consejo General del IFE con cara a los comicios federales del año 2000 es continuar construyendo una autoridad electoral eficaz, imparcial e independiente que esté a la altura de la vida democrática y el pluralismo del México de fin de siglo.