No hay duda de que uno de los retos más serios que ha tenido que enfrentar la administración que encabeza el rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, es el que recientemente se ha vivido en el área de la investigación científica. Todo comenzó cuando de manera sorpresiva, la administración universitaria anunció que dejaría de cubrir los gastos que, por concepto de impuestos, se añade a la importación de los materiales y equipos que normalmente son adquiridos por los científicos para el desarrollo de sus proyectos y que tradicionalmente la Universidad Nacional sufragaba. Esto significaba que, a partir de la nueva disposición, serían los propios investigadores quienes tendrían que cubrir la carga impositiva con el dinero obtenido, mediante rigurosos procedimientos de evaluación, para sostener su trabajo, lo que se traducía finalmente en una reducción real de esos recursos en una proporción que llegaba hasta el 40 por ciento. En síntesis, menos dinero para la investigación científica universitaria, la más importante --cuantitativamente y en algunas áreas cualitativamente-- del país.

La reacción fue inmediata. Los investigadores lógicamente se sintieron lastimados pues estaba en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ellos ante las agencias que financian sus actividades, como la propia UNAM, el Conacyt y en no pocos casos otros organismos nacionales e internacionales. No sólo los proyectos estaban en riesgo, además la formación de nuevos investigadores, pues el proceso de investigación envuelve el ejercicio educativo del que surgen los nuevos cuadros de científicos y tecnólogos que se forman en el país. La Universidad Nacional, o mejor dicho, la administración universitaria, también tenía sus razones. Era tal el impacto de estos gastos en el presupuesto universitario que juzgaron necesario transferir esta carga a los propios científicos, pretendiendo con ello lograr un ahorro de recursos que podrían utilizarse en otras tareas dentro de nuestra máxima casa de estudios. Desde luego, se generó tensión. Los investigadores mexicanos, por la naturaleza de su propio trabajo, forman parte de uno de los sectores más críticos de la sociedad y no se quedaron callados. La administración universitaria tampoco. Hubo intercambio de frases fuertes. De uno y otro lado saltaban los argumentos, algunos desafortunados, como el que señalaba que los científicos derrochan recursos e importan cosas que no son necesarias para su trabajo ¿quién puede decir lo que es necesario o no para un proyecto si no son los propios investigadores? y otros todavía peores, como los que pretendían añadir nuevos mecanismos de evaluación a proyectos que ya habían sido evaluados un millón de veces. Yo conozco personalmente a los científicos que participaron en ese debate, y me consta que se trata de personas serias, dedicadas por entero a su trabajo de investigación, altamente calificados y sabedores de la importancia que tiene la ciencia para un país como México.

Pero sea cual sea el lado del que uno se ponga, el problema es hasta cierto punto artificial, pues el origen no está en la propia universidad sino fuera de ella. En efecto, más que una querella entre universitarios lo que se pone de manifiesto es una política uniforme que daña a las instituciones de educación superior.

Pretender que éstas o, peor aún, que los investigadores paguen impuestos por obtener insumos indispensables para su labor, resulta a todas luces injustificado en una nación en la que por su nivel de atraso la educación y la ciencia deben ser apoyadas sin reservas. El 7 de agosto, Salvador Malo, secretario de planeación de la UNAM, envió a los investigadores inconformes una carta firmada por el secretario administrativo Jorge Paasch en la que se corrigen las medidas adoptadas un mes antes. Además, por instrucciones del doctor Barnés de Castro, se ha integrado una comisión formada por los directores del Instituto de Fisiología Celular y las facultades de Medicina, Química y Ciencias que elaborarán un escrito dirigido al presidente de la República --que será entregado por el propio rector en fecha próxima--, en el que se le solicita la eliminación de los impuestos a la importación de las adquisiciones de la UNAM que estén bien justificadas como equipos, reactivos y otros insumos. Se trata de una muy buena noticia, en especial porque el problema se ubica, ahora sí, en su justa dimensión. No queda más que esperar una respuesta positiva del presidente Zedillo y de las autoridades hacendarias, por el bien de la Universidad y por el bien de México.