No encontré artículo constitucional que autorice al Ejército a posesionarse de un terreno y reinstalar en él un cuartel militar por petición ``de la población no zapatista'' de San Cayetano, Chiapas. Es más, sigo sin encontrar justificación jurídica para que el Ejército federal esté donde está, más allá de los lugares previstos expresamente por el artículo 129 de la Constitución ``en tiempos de paz''. La vieja justificación legaloide de que el Ejército sería ``coadyuvante de la Procuraduría General de la República'' para la detención de los presuntos dirigentes del EZLN (9/2/95), además de haber sido una triquiñuela jurídica, quedó en el olvido y, en derecho, cancelada por la llamada ley del diálogo que suspende las órdenes de aprehensión mientras el diálogo no sea roto por las partes. Y el diálogo no se ha roto, aunque esté suspendido.

Aunque sin fundamento legal, si los soldados al mando del general Sergio Bautista justifican su presencia en San Cayetano porque así fue solicitado por los no zapatistas, deberían de retirarse porque otro amplio sector --hasta donde sabemos, mayoritario-- les ha exigido (y no sólo pedido) que se vayan de ahí. El argumento del tráfico de droga ``por ser ésta la temporada de cosecha'' ya fue discutido en la prensa en otros momentos, desechándose por artificial y bobo.

¿Qué pretende el gobierno de la República con la desinstalación y reinstalación de campamentos militares ilegales en zona zapatista y en otras regiones tanto de Chiapas como de otros estados de la Federación? No lo sé y difícilmente Zedillo (comandante supremo de las fuerzas armadas) responderá esta pregunta, pues bien sabe que no tiene amparo constitucional para militarizar vastas zonas del país sin reconocer (y demostrar), previamente, que la seguridad interior y la soberanía nacional están en peligro inminente (artículo 89 fracción VI constitucional).

La respuesta a la pregunta anterior, como quiera que sea, no la obtendremos del Presidente de México, sino que más bien debemos buscarla en la esfera militar. El general Mario Renán Castillo (jefe de la VII Región militar, en Chiapas) lo ha dicho con claridad: ``no se tiene contemplado el retiro (de las tropas)'', y añadió, para que no hubiera dudas: que el desmantelamiento del campamento militar de San Cayetano no era indicio ni señal de reanudación de diálogo, ``pues nosotros no hacemos ese tipo de apreciaciones (políticas)'', contradiciendo así al subsecretario de Gobernación Ausencio Chávez. Y el general Renán Castillo tenía razón: se desmanteló el campamento de San Cayetano, pero para volverlo a montar, con trincheras y alambre de púas, entre otros dispositivos.

Todos los mexicanos más o menos observadores sabemos o intuimos que existe una crisis en la cúpula del poder, tanto en el seno del Ejecutivo federal como en la relación de éste con algunos jefes de Ejecutivos locales. Pero esta crisis, lejos de preocuparnos nos divierte, pues es parte de la nueva picaresca política del país que, tarde o temprano, favorecerá a la oposición y a un necesario nuevo régimen (no priísta). Lo preocupante no es esto, sino que entre los voceros civiles del gobierno y los voceros militares del mismo se detecten contradicciones de apreciación sobre asuntos tan delicados como la gobernabilidad del país, bajo criterios políticos o bajo criterios castrenses que no son, de ninguna manera, iguales ni complementarios.

En Chiapas, más que en cualquier otro estado de la Federación, está en juego no sólo la sobrevivencia de miles y miles de mexicanos paupérrimos que el neoliberalismo quiere matar de hambre, sino la alternativa democrática que todos queremos. Si el gobierno federal quisiera demostrar que su vocación es democrática, además de reconocer en algunos casos (DF, Nuevo León y Querétaro) que la oposición triunfó el 6 de julio, debería proteger a la población civil de las guardias blancas que siguen operando impunemente en el norte de Chiapas, regresar al Ejército a sus cuarteles, reconocer los acuerdos que firmó con el EZLN en San Andrés en febrero del año pasado y reanudar el diálogo con los zapatistas.