En días pasados, la opinión pública nacional asistió a renovados embates de autoridades católicas y grupúsculos de fanáticos seculares en contra de las campañas oficiales de control de la natalidad y de prevención del sida. En el contexto de la denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República en contra del Conasida por el líder de uno de esos grupos, los detractores del uso del condón han variado sus argumentos, los cuales ya no sólo se basan en visiones morales maniqueas y caducas, sino que pretenden abordar la supuesta ineficiencia y el margen de riesgo inherente al uso de ese instrumento profiláctico.

La Iglesia católica y el autodenominado ``Provida'' no son las instancias más informadas para opinar con fundamentos sobre la eficacia o los riesgos del condón. Aunque irónico, no deja de ser cierto el comentario formulado al respecto por Salvador Ordaz, del Frente Liberal Mexicano, en el sentido de que el arzobispo Norberto Rivera Carrera pareciera saber de preservativos más de lo que su condena a ellos indicaría. Pero al margen de ello, el hecho es que el condón ha sido considerado por organismos de salud nacionales e internacionales como un método anticonceptivo válido y como el único mecanismo al que pueden recurrir las personas con una vida sexual activa para prevenir el contagio de enfermedades venéreas y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, un hecho que se reconoce incluso en sectores de la Iglesia católica que trabajan directamente con individuos afectados de sida o con población en riesgo de contraer esa enfermedad.

En este contexto, son de gran importancia las declaraciones del rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, y del director del IPN, Diódoro Guerra, en el sentido de que los jóvenes tienen el derecho a recibir información clara sobre sexualidad y sobre el uso del condón.

La participación decidida de la Universidad Nacional y del Instituto Politécnico en la educación sexual de la juventud mexicana resulta fundamental para respaldar y complementar las campañas que realizan entidades públicas como la Secretaría de Salud y el Conasida, así como organizaciones no gubernamentales y grupos de apoyo a seropositivos, especialmente en momentos en que tales campañas sufren el embate oscurantista de los sectores más atrasados del clero católico.

Finalmente, ha de considerarse que los esfuerzos públicos y privados por contener y contrarrestar la epidemia de sida no inducen a nadie a asumir determinada conducta privada.

Por el contrario, tales acciones han sido diseñadas teniendo en cuenta los comportamientos sexuales reales de la población. En el fondo, pues, los embates de los cruzados anticondón no parecen ir dirigidos únicamente a torpedear las campañas oficiales de salud sino también a imponer sus criterios morales obsoletos en las conductas íntimas de los ciudadanos.