Ofrece Silerio renovar el aparato de justicia como homenaje a Yéssica

Triunfo Elizalde y Emmanuel Salazar, corresponsal Ť ``En cuestión de horas iniciaré la restructuración a fondo de la Procuraduría General de Justicia; serán removidos todos los funcionarios que han fallado en la impartición de justicia. Lo haremos como un homenaje a la memoria de Yéssica Yadira'', anunció en los primeros minutos de esta madrugada Maximiliano Silerio Esparza, gobernador de Durango.

-Esta decisión, señor gobernador, ¿incluye la renuncia del procurador Juan Francisco Arroyo Herrera?

-Sí, sí lo incluye... Como ya es jueves, estas medidas las pondré en práctica esta noche, cuando regrese de Puebla a Durango, o a más tardar el viernes por la mañana.

Silerio Esparza, con tono tranquilo, dijo a la señora María Eugenia Cázares de Díaz, que ``puede tener la seguridad de que usted, su esposo, sus hijos y todas las personas que han intervenido en esta lucha en pos de la justicia, serán protegidos y nada tienen que temer''.

El gobernante duranguense llegó al hotel donde se hospeda la señora Cázares al filo de las 23 horas, acompañado de su subsecretario de Gobierno, Eduardo Campos; del abogado defensor del caso Yéssica, Cándido Adame Aguirre, y fue recibido por la señora Cázares de Díaz, su hijo Arturo y Benjamín Santamaría, ombudsman de la niñez de Durango.

Hizo saber a la madre de la menor que fuera violada y que terminó por suicidarse por considerar que no había justicia en Durango, que estaba ante ellos ``para que juntos encontremos el camino que ponga fin a esta situación''. Fue entonces cuando expresó que ``en voz del gobernador de Durango, ofrezco que en unas cuantas horas llevaré a cabo una reestructuración de fondo del aparato de la Procuraduría General de Justicia''.

La señora Cázares de Díaz, le hizo saber que su lucha era únicamente porque se hiciera justicia en el caso de mi hija que fue violada por tres tipos y burlada por las autoridades a que acudimos en busca de un castigo para esos individuos. ``Yo no tengo ninguna intención ni es mi finalidad afectar la imagen de usted y de su gobierno, lo que pido es que se quite al Procurador (Arroyo Herrera) que ha actuado al margen de la justicia, que no sabe de atender a quienes demandamos que se castigue a quienes cometen delitos tan graves como el sufrido por Yéssica''.

Santamaría aprovechó el momento para pedirle al gobernador que se analice la conducta del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Mena Saucedo, ``que se mostró débil al emitir una Recomendación en que sólo pidió sanciones administrativas para dos agentes del Ministerio Público que conocieron del caso de la menor ahora occisa. Igualmente, le habló de la necesidad de fortalecer los organismos estatales que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos de los niños y de los adultos.

Silerio Esparza estuvo de acuerdo con sus peticiones. En breves comentarios a La Jornada, anunció que ``una vez que se terminen las investigaciones que de inmediato estaremos abriendo en contra de todos aquellos funcionarios que fallaron en este caso, si cabe, pediremos para ellos sanciones penales''. Aseguró que ``estamos cerca de los tres individuos que violaron a Yéssica. Una vez que sean detenidos y presentados ante un juez, pediremos a este que les aplique todo el rigor de la ley''. Comentó que pudieran alcanzar entre 20 y 30 años de prisión.

La presencia del gobernador de Durango en el hotel donde se hospeda la señora Cázares de Díaz, fue sorpresiva, aunque desde la capital de esa entidad, se estuvo indagando dónde se encontraba y cuando fue localizada, el mandatario se apersonó para destrabar el caso Yéssica.

Recomendación de la CNDH

Ayer por la mañana, la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) había emitido una recomendación a Maximiliano Silero Esparza, gobernador de Durango, para que de inmediato se inicien averiguaciones previas contra 17 funcionarios de la judicatura; 14 de la Procuraduría General de Justicia, y tres del ramo penal, relacionados con el homicidio por tortura de Marcelino Guerra Flores. Sobre todo cuando, por la mañana, el gobierno estatal había informado de la destitución de los tres agentes del Ministerio Público y otros tantos judiciales que, en el caso Yéssica Yadira, actuaron de manera dolosa.

A la vez, en la ciudad de México, María Eugenia Cázares de Díaz (madre de la menor que, decepcionada porque no se le atendió jurídicamente cuando denunció que había sido violada por tres individuos, optó por suicidarse) se presentó en la Cámara de Diputados, donde fue atendida por el legislador Oscar González Yáñez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el cual ``se mostró vivamente interesado en el caso de mi hija, y nos ofreció acompañarnos a una entrevista con la doctora Mireille Roccatti'', presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es de señalar que en el anuncio de la destitución de los funcionarios no se menciona que se vaya a iniciar en contra de ellos ninguna averiguación previa. Suman ya ocho los cesados, incluyendo al subprocurador Godofredo García Ríos y el director de Averiguaciones Previas, Salvador Rodríguez Lugo.

Los agentes del Ministerio Público destituidos son Gabriel Aguirre Alemán y Laureano Martínez Herrera, así como Verónica Fernández Arámbula.

Los miembros de la Policía Judicial dados de baja son Guillermo Martínez Soto, Jorge González Gómez y Cristóbal Rodríguez.

La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se motiva en el caso del homicidio por tortura de Marcelino Guerrero Flores, quien presuntamente murió a manos de elementos de la Policía Judicial de esa entidad.