Decide la Permanente dar seguimiento a la Operación Río Grande La acción, unilateral, xenófoba y de índole persecutoria, protesta

Andrea Becerril Ť La Comisión Permanente del Congreso de la Unión denunció el carácter unilateral y xenófobo de la Operación Río Grande, rechazó su ``índole persecutoria'' -ya que multiplica los riesgos de violación de los derechos fundamentales y la dignidad de los migrantes-, y solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores intensificar las acciones de protección a los mexicanos que residen en Estados Unidos.

Los cuatro partidos con representación en la Comisión Permanente signaron un punto de acuerdo en el que reafirman ``frente al gobierno de Estados Unidos la necesidad de observar los compromisos jurídicos y políticos establecidos en las diversas convenciones y acuerdos bilaterales vigentes entre México y Estados Unidos en materia migratoria y consular''.

Asimismo, la Permanente convoca a las comisiones de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Asuntos Migratorios, Asuntos Fronterizos Zona Norte y Sur, de Población y Desarrollo y de Trabajo y Previsión Social, de las cámaras de diputados y senadores, a que den seguimiento a la Operación Río Grande, para que en su aplicación y sus consecuencias, no se atente contra los derechos humanos y la dignidad de los migrantes mexicanos.

En la sesión de ayer de la Permanente se trataron otros temas referidos a conflictos laborales y educativos. Se turnó a las comisiones de trabajo y Previsión Social de ambas cámaras la problemática por la que atraviesan los trabajadores académicos y administrativos del Conalep, a quienes se niega el reconocimiento a sus derechos laborales mínimos, como el de contratación colectiva y sindicalización.

El problema fue planteado por el diputado del PRD, Armando Quintero, quien denunció que los 16 mil 700 profesores y 10 mil empleados, a 19 años de creado el Conalep, laboran en condiciones de inseguridad. El diputado del PRI, Abel López, respaldó la propuesta del perredista, ya que, explicó, años atrás se le despidió de ese colegio por intentar la organización de un sindicato. A su vez, el senador perredista Héctor Sánchez exigió al gobierno morelense parar la violencia en contra de los aspirantes a ingresar a la Escuela Normal Rural Emiliano Zapata, de Amulcingo.