El programa de consolidación, ``abusivo e irracional'', opinó el PRD

Triunfo Elizalde Ť El jurista Emilio Krieger, y los activistas de derechos humanos Oscar González y David Fernández preguntan: ``¿Bajo qué criterios y por órdenes de quién o quiénes dentro de la administración del presidente Ernesto Zedillo, se pagarán casi 19 mil millones de pesos a tres empresas privadas que rechazaron la concesión que tenían de 23 carreteras de cuota en el país? Esto, independientemente de que el gobierno federal se compromete a asumir las deudas que esas compañías tienen pendientes por otros 20 mil millones de pesos más''.

A nivel de derecho internacional, explicó Krieger, cuando una empresa recibe una concesión para prestar un servicio público tiene que ofrecer garantías y seguros que respalden su actuación como empresario-servidor público. ``En caso de fracasar deberá pagar al gobierno una indemnización por los daños que cause su retiro'', añadió. En cambio, en México, ``los señores que dejan graciosamente las concesiones de carreteras de cuota, no solamente serán bonificados con casi 19 mil millones de pesos, sino que, además, sus deudas pendientes las cubrirá el gobierno. Eso es absurdo'', remató.

En vista de lo anterior, anunció que el próximo 30 de este mes, cuando termine la actual legislatura de la Cámara de Diputados, presentarán ante los nuevos legisladores una propuesta pública, ``que ya tenemos firmada por más de mil personas'', para que analicen la posibilidad de presentar una iniciativa que cree una ley específica que regule las concesiones a particulares de servicios públicos.

Por su parte, el presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Oscar González, dijo que el hecho de que el gobierno vaya a pagar, como compensación a tres empresas que tenían en concesión carreteras de cuota, unos 19 mil millones de pesos, ``habla de que todo debe cambiar; la nueva legislatura deberá intervenir para evitar que esas cosas sucedan''. Duda que exista una aceptable justificación de la decisión de recuperar las carreteras en los términos en que lo piden los concesionarios y, sobre todo, se pregunta bajo qué cálculos se llegó a esa suma, y quién o quiénes tomaron la decisión que habrá de perjudicar al Erario y, por ende, a la economía nacional.

Por su parte, David Fernández, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice que ``quedó nuevamente en evidencia que el modelo económico que tiene el vigor el gobierno está al servicio del capital y de los empresarios de élite. Esta operación hace recordar lo sucedido años atrás, cuando el gobierno acudió a salvar a la banca privatizada, la cual se descapitalizó y hubo que inyectarle miles de millones de pesos, que fueron a enriquecer aún más a los ya multimillonarios banqueros privados''.

Abusivo e irracional, el plan de rescate carretero: PRD

Laura Gómez Flores y Rosa Elvira Vargas Ť El Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó ayer de ``abusivo e irracional'' el Programa de Consolidación de las Autopistas Concesionadas, por lo que planea realizar diversas acciones en la capital del país para manifestar su inconformidad.

En primer lugar, hará un pronunciamiento sobre el llamado rescate de algunos cuantos empresarios que estuvieron en la construcción de carreteras, y después solicitará al gobierno federal que ``le indique cuáles son los aspectos que alguna demanda debe cubrir para ser tomada en cuenta''.

Amalia García, miembro de la dirección nacional del PRD, expresó su malestar por esta acción, vinculada a la exigencia de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

``Cómo es posible que a unos cuantos se les ayude y a otros se nos regatee bajar ese gravamen, que beneficiaría a la mayoría de los mexicanos'', dijo.

Sin embargo, ``estaremos muy atentos de que el gobierno quiera pasar a los ciudadanos la factura de este mal negocio, para actuar en consecuencia, pues el que él quiera operarlas no significa que nosotros paguemos ese costo fiscal'', puntualizó.

Viable, la propuesta del PRD para reducir el IVA

Este jueves, Ricardo García Sainz dará a conocer a la opinión pública la propuesta de reforma fiscal del PRD, que prevé una tasa cero en alimentos y medicinas, 10 por ciento en ropa y calzado, y 15 por ciento en artículos suntuarios, además de gravar el capital especulativo.

Según fuentes del partido, con esos lineamientos se buscará ampliar la base gravable, abatir la evasión fiscal e impulsar una verdadera simplificación administrativa. ``Es una idea conjunta, que no sólo busca bajar un determinado impuesto'', precisaron.

Explicaron que el efecto que tendría en México la aplicación de este modelo fiscal sería muy favorable, pues ``no ahuyentaría la inversión extranjera, que es el espantapájaros que levanta siempre la iniciativa privada''.

Los tres grandes aspectos de su propuesta son: estricta política de ingresos y egresos, estrecha vigilancia en el gasto y absoluta transparencia.

Los miembros del partido consultados puntualizaron que el ``PRD no pretende imponer su punto de vista, lo que busca es que los actores de la producción vayan a expresar sus puntos de vista al lugar donde se van a tomar finalmente las decisiones, y el gobierno va a tener que hacer lo mismo''.

A la fecha, informaron que se han reunido con algunos empresarios, por separado y no con el Consejo Coordinador Empresarial, ya que ``no representa a todos los dirigentes del país, aunque así lo digan''.

En la presentación del documento estarán Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, Héctor Sánchez, así como un grupo de doce personas, entre militantes del partido, académicos y especialistas que trabajaron en la propuesta.