En un sistema parlamentario se requiere de una mayoría absoluta para tomar decisiones, si ésta no fue producto de la votación, entonces la mayoría se tiene que producir por las alianzas de varios partidos, por eso el pacto del PAN, PRD, PT y PVEM es un pacto de gobernabilidad. En el caso que nos ocupa, la mayoría también podía haberse formado por la alianza del PRI y el PAN; o entre el PRI y el PRD. Probablemente eso habían imaginado los priístas y por ello tanto alboroto del bloque opositor, dado que en ese esquema su partido hubiera tenido un mayor control sobre la Cámara y podría haberse ostentado como mayoría relativa.

Se pensaba, con razón, que los cinco partidos que estarán representados en la LVII Legislatura tendrán coincidencias y diferencias en muchos temas, de tal suerte que difícilmente podrán votar en bloque en cuestiones de fondo, pero la iniciativa para formar un frente común a fin de modificar el funcionamiento de la Cámara significó un gran paso en la transformación del Poder Legislativo porque esos cuatro partidos encontraron un objetivo político común, la voluntad de dar independencia y dignidad al Legislativo. De tal suerte que una nueva mayoría a favor del cambio ha empezado a constituirse para sorpresa y disgusto de los conservadores.

El 11 de agosto celebraron los dirigentes de estas fracciones parlamentarias una reunión en la que llegaron a acuerdos históricos; tienen que ver con el funcionamiento de la Cámara, más que con el tipo de iniciativas de ley que van a apoyar después del primero de septiembre. Se trata de cuestiones formales, de procedimientos, que son la piedra angular de un sistema democrático. Esas reglas permitirán tomar decisiones y administrar la Cámara de Diputados con un nuevo criterio que se ajuste al reto que tiene por delante: asumir la responsabilidad de legislar y de actuar como un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo.

El día 19, Arturo Núñez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, se sumó por fin a las negociaciones. El ``bloque opositor'' no tiene posiciones definitivas, solamente propuestas para negociar con el PRI. En primer lugar se habla de la integración de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política; se pretende que formen parte los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara con una presidencia que deberá rotarse cada año, también se establecen principios que permitan a todos los partidos participar equitativamente en la integración de las demás comisiones y evitar que alguno pueda controlar una comisión en forma exclusiva; se plantean métodos para designar a los funcionarios y a la presidencia de la Cámara, donde el primer turno no será del PRI a fin de llevar a la práctica la alternancia en el poder. Además se acordó un Comité de Recepción para garantizar que la Legislatura saliente entregue cuentas claras de la administración. Todos estos puntos tocan aspectos fundamentales para el funcionamiento de la Cámara de Diputados y para la dinámica que adquiera el proceso legislativo, a pesar de que ninguno de ellos toca el contenido de las propuestas legislativas que en el futuro pudieran apoyar o no los cuatro partidos del bloque.

Finalmente, se trata de modificar el ritual en el que el Presidente se traslada al Congreso a rendir su informe anual para darle un sentido más real. A pesar de ser un aspecto más simbólico que sustantivo, ésta última ha sido la propuesta que más escándalo ha causado.

Antes el Presidente y el PRI tomaban las decisiones importantes, y después llamaban a los partidos a conversar, uno por uno; ahora tienen la oportunidad de participar en un proceso de renovación institucional inédito en este país por su trascendencia para el futuro de la transición democrática en México. Se trata de compartir el poder, de gobernar con los otros, dialogar en un nuevo contexto político y con nuevas reglas. Frente a este desafío, Arturo Núñez ha dado el primer paso.