Esencial, determinar si hay una conjura detrás de los errores de investigación: fiscalía Colosio

Elena Gallegos y Juan Manuel Venegas Ť Fueron tan graves los errores y las omisiones cometidos por las tres primeras fiscalías especiales del caso Colosio, que se convirtió en punto medular de la investigación determinar si tal cúmulo de desaciertos pudieran formar parte de una maquinación.

Otras líneas claves de la investigación del crimen de Lomas Taurinas y en las que la fiscalía se afana por encontrar respuestas son:

Detectar las posibles ligas del narcotráfico con el poder político en la organización del complot; descifrar el papel que desempeñaron los grupos de seguridad apostados en Lomas Taurinas, y determinar quién es realmente Mario Aburto Martínez y sus supuestos nexos con bandas de puchadores (venta de droga al menudeo) y qué hizo los meses que precedieron al homicidio.

Además, se continúan recabando testimonios y pruebas para precisar si alguno de los ocho asesinatos de personas que asistieron al mitin de Lomas Taurinas o tuvieron que ver con la investigación del crimen, se relacionan con éste.

Por si fuera poco, y a más de tres años después, a los expertos de la fiscalía especial les sigue pareciendo ``muy sospechoso'', no el que se tengan 12 o 13 videos del mitin sino que la Policía Judicial Federal lo haya grabado y sea la única que captara la escena de los disparos.

Lo anterior se desprende de una reunión informativa sostenida por La Jornada con el fiscal especial, Luis Raúl González Pérez, y un grupo de colaboradores. Con los reflectores puestos sobre su trabajo y frente a un gran escepticismo de la sociedad a la que se ha bombardeado con tesis y contratesis, la fiscalía empeña su palabra en que no cejará en aclarar si los gravísimos errores que fueron la constante en las anteriores investigaciones --realizadas bajo la responsabilidad de Miguel Montes, Olga Islas y Pablo Chapa Bezanilla--, se cometieron por impericia o dolo.

``En resumidas cuentas --admite el fiscal especial, Luis Raúl González Pérez--, lo que nos interesa no es sancionar administrativamente a funcionarios, ministerios públicos, peritos o policías, sino determinar si la actuación de algunos de ellos está o no relacionada con un supuesto complot''. Promete que en caso de que así fuera, él no tendrá ninguna duda en fincar responsabilidades penales.

Pero ¿cuál sigue siendo, tres fiscalías especiales después, el objetivo central? ¿El reto? --se pregunta, y contesta el propio González Pérez--, sigue siendo descubrir, con elementos de convicción jurídica, si realmente hubo o no autoría intelectual.

Luego de hacer un recuento del avance de las pesquisas que desde hace un año realiza, admite que es legítimo el hecho de que la sociedad no les crea.

Esto porque hay antecedentes para que la opinión pública vea, cuando menos con escepticismo, lo que sus expertos descubren. Por ejemplo, ha sido objeto de las más feroces críticas su último hallazgo: en Lomas Taurinas hubo uno (Mario Aburto) y no dos tiradores.

Ni modo --dice y alza los hombros--, yo no puedo pedir que nos crean. Se jugó mucho con especulaciones sin sustento y sólo se abonó el descrédito de las instituciones y las personas.

Y como asegura estar convencido de que fue Aburto y sólo Aburto el que propinó los dos disparos (para demostrarlo exhibe por enésima vez un montón de pruebas avaladas lo mismo por el FBI que por la policía japonesa o científicos de la UNAM y el ININ), González Pérez no puede evitar poner en entredicho tanto a los analistas como a los legisladores que en el pasado ``no tuvieron la misma exigencia de pruebas que tienen con nosotros'' y aceptaron, sin más, la tesis de los dos tiradores.

Los sucios, Aburto y otras incógnitas

González Pérez se ha estado reuniendo con representantes de medios de comunicación, líderes de opinión pública y con todos aquellos interesados en estudiar el caso. No hay nada nuevo en lo que se informa. Simplemente se busca poner en la mesa cada una de las pruebas y evidencias que lo llevaron a la conclusión del tirador solitario. De entrada, se aclara una y otra vez que la fiscalía no está descartando el complot ni desbrozando caminos a ningún grupo político.

En cuanto a los pendientes que se han acumulado y que, como en este tipo de asuntos no suelen ser sólo los más numerosos sino también los más delicados, rodeado por un grupo de peritos, el fiscal establece:

``Una de las líneas de investigación es determinar si efectivamente los Zamudio tuvieron que ver con la venta del revólver Taurus con el que Aburto disparó sobre Colosio''.

Esto tendría estrecha conexión con la supuesta relación de Aburto con una red de puchadores dedicados a la venta de drogas (crack) en los barrios de Tijuana. Dicha red estaría dirigida por el narcotraficante Antonio Fonseca Chávez, quien --según la línea de investigación de la Fiscalía-- en alguna temporada estuvo vinculado también con los Zamudio. Descubrir los círculos de Aburto, será nodal en el esclarecimiento del crimen.

Sobre la muerte de 14 personas que estuvieron vinculadas a los hechos del 23 de marzo en Lomas Taurinas o a las investigaciones de los mismos, el fiscal del caso Colosio dijo que ya en seis de ellos se descartó totalmente cualquier relación.

Sin embargo, quedan ocho por esclarecer. Entre ellos, el de José Federico Benítez López, director de la Policía Municipal de Tijuana, quien murió acribillado el 28 de abril de 1994. Se ha dicho que Benítez llevó a cabo una investigación paralela del crimen de Lomas Taurinas y tenía mucha información sobre la autoría intelectual y las ligas de Aburto.

También fue tiroteado el 17 de abril de 1996 José Arturo Ochoa Palacios, quien fungía como delegado de la PGR en Baja California cuando Aburto mató a Colosio y participó en los primeros interrogatorios que se le hicieron.

En cuanto a Manuel Salvador González y Marco Antonio Trejo Mercado, estos fueron asesinados el 27 de febrero de 1994 en Los Angeles, California. El primero llevaba una carta de recomendación expedida por la Presidencia de la República, aparentemente firmada por José Córdoba Montoya, y una identificación que lo acreditaba como asesor de la Cámara de Diputados.

Respecto de estos dos crímenes y los documentos hallados en las ropas de los cadáveres, el fiscal González Pérez indicó que se realizan los peritajes correspondientes para determinar si la firma que aparece en la carta corresponde efectivamente a la del ex jefe de la Oficina de la Presidencia.

José Luis Arroyo Rodríguez fue muerto el 7 de mayo de 1996 en Naucalpan de Juárez. Presuntamente investigaba a militares y personal de la Sedena que participó en la campaña de Colosio.

Isaac Sánchez Pérez, ejecutado el 19 de junio del año pasado en el Distrito Federal, fue subdirector operativo de la PJF, hasta un mes antes de su muerte, y subdelegado de la policía judicial en Tijuana. Algunas versiones indican que fue jefe de seguridad del PRI y participó en las investigaciones del homicidio del candidato presidencial.

Hodín Armando Gutiérrez Rico. Fiscal especial de la Procuraduría de Baja California para investigar el asesinato de Benítez López. Al momento de su muerte, el 3 de enero de este año, se desempeñaba como director de Procesos Penales de la misma dependencia y se especuló que ese día se entrevistaría con González Pérez, quien efectivamente había viajado a Tijuana para practicar algunas diligencas. Pero el fiscal ha señalado que jamás programó en su agenda un encuentro con Hodín.

Jesús Romero Magaña murió el 17 de agosto de 1996 en Tijuana. Fue el agente del Ministerio Público Federal que tomó la declaración ministerial de Aburto Martínez el mismo 23 de marzo.

Por lo que hace a los cuerpos de seguridad, González Pérez indicó que están siendo investigados los miembros del Estado Mayor Presidencial asignados a la seguridad del candidato; el grupo de Vallas y Orden, conocido como Omega y que estuvo bajo las órdenes del ex miembro de la Federal de Seguridad, Fernando de la Sota Rodalléguez, y el de Tomás Matus Hernández. Este último grupo es conocido como el de Los Sucios.

De la misma manera, se profundiza en la participación del equipo del mayor Héctor Eustolio Morán, contratado por el general Roberto Domiro García Reyes y que se dedicaba a ``investigar'' las amenazas que le llegaban a Colosio; el Tucán (Todos Unidos Contra Acción Nacional) conformado por viejos ex policías y madrinas, y los elementos destacados de la Policía Federal de Caminos.

En esta parte de su explicación, González Pérez recalca que Los Sucios estaba conformado por expertos en artes marciales y defensa personal, algunos de ellos ex militares. Su tarea consistía en detectar sospechosos durante los mítines.

``Curiosa y misteriosamente'', ninguno de sus integrantes (30 porque en su seno se registraron 15 bajas) estuvo en Lomas Taurinas, no obstante que por razones obvias Tijuana debió haber sido clasificada como una zona de riesgo. El general García Reyes ha sido interrogado para aclarar este punto.

Por lo que se observa, la investigación está aún muy lejos de concluir. González Pérez se dice optimista en cuanto a los resultados que puede entregarle a la sociedad y ofrece que, por lo pronto y para tratar de recuperar su confianza, no habrá filtraciones ni especulaciones.