LA DEMOCRACIA, EN PELIGRO
La vida institucional de México pasa por un momento peligroso. A raíz de la instalación, ayer, de la Cámara de Diputados de la 57 Legislatura, en ausencia de los priístas, y ante el empeño de ese grupo parlamentario de instalar hoy una cámara paralela, la tensión política ha sido llevada a grados indeseables y riesgosos. A la decisión de los diputados del partido de gobierno de desacatar los acuerdos mayoritarios en la Cámara de Diputados, debe sumarse la actitud de sus correligionarios en el Senado, los cuales, por voz de su líder, Genovevo Figueroa Zamudio, califican de ``ilegal'' la asamblea constitutiva de ayer y amenazan, en consecuencia, con no asistir a la apertura de sesiones del Congreso, prevista para mañana, y en la cual el presidente Ernesto Zedillo debe, por mandato de ley, presentar su tercer informe de gobierno.
Para la sociedad, que el pasado 6 de julio se manifestó por despojar al Revolucionario Institucional de su mayoría absoluta, y por la instauración de un régimen de partidos y un pluralismo efectivo, es meridianamente claro que, al margen de las interpretaciones disímiles que pueda hacerse del Artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, el PRI está actuando contra el espíritu de las normas parlamentarias, el cual otorga el poder último de decisión a las mayorías plenarias. Para esta misma sociedad es claro, también, que el anunciado boicot de los senadores priístas al inicio de sesiones de la LVII Legislatura busca intimidar al bloque opositor mayoritario de la Cámara de Diputados para que éste acate los designios de la minoría priísta en ese cuerpo legislativo. En ambos casos, el sentido general del accionar priísta parece orientarse a desconocer la voluntad ciudadana expresada en los más recientes comicios federales.
En esta lógica, que busca escamotear el sentido del sufragio emitido el 6 de julio y tomar como rehén la gobernabilidad del Congreso de la Unión y la normalidad de las instituciones nacionales, el siguiente paso podría ser el desconocimiento explícito de la Cámara de Diputados de la LVII Legislatura, acción que representaría una inadmisible interrupción autoritaria de los incipientes procedimientos democráticos.
Ante estos amagos de desestabilización, nefastos para el desarrollo democrático, social y económico del país, cabe esperar que las negociaciones políticas de última hora logren eludir la crisis institucional en el Congreso y que la diputación priísta abandone la lógica de mayoría absoluta y asuma democráticamente su nuevo sitio como la más numerosa de las minorías.
Por su parte, el presidente Zedillo tiene ante sí el deber histórico de actuar con espíritu republicano, dejar de lado afiliaciones partidistas, actuar como mandatario de todos los mexicanos, encabezar la transición política del país y presentar su informe de gobierno el lunes próximo ante un Congreso dominado, en una de sus cámaras, por una mayoría opositora. De lograrse tales propósitos, podrá hablarse sin acotaciones ni condicionamientos, de una verdadera normalidad parlamentaria en México. En caso contrario, se estará empujando al país a una peligrosa perspectiva de polarización política, ingobernabilidad, inviabilidad y descrédito de la vida institucional, antidemocracia y autoritarismo.