Por primera vez en décadas de electrificación de nuestro país, para este año no está programada la entrada en operación de ninguna nueva planta eléctrica. Tampoco para el próximo. La planta programada para operar parcialmente en 1999 y totalmente en el 2000, está en una zona, la de Ciudad Juárez, que cada verano debe importar más energía para las horas de mayor demanda, y servirá básicamente para dejar de importarla. Si ya esto llama la atención sobre el hecho de que no basta decidir algo o ponerlo en la ley para que haya recursos económicos, la experiencia de las carreteras concesionadas muestra que tampoco basta que entre el dinero para que las cosas funcionen.

No era tan difícil prever que las carreteras concesionadas no iban a tener el ingreso, más que previsto, deseado por quienes armaron el asunto. No sólo se había dicho y publicado. Había ocurrido ya. Entre los antecedentes recuerdo el de la autopista de cuota de Naucalpan a Cuajimalpa en la que, por diez kilómetros de caseta a caseta y un poco más para el tramo total, se cobró inicialmente casi la mitad del salario mínimo diario de entonces. La carretera, claro, estaba vacía. Poco a poco llegó a estar sólo semivacía.

Lo mismo ha sucedido con las carreteras del sexenio pasado. Mucho dinero, miles de millones de dólares invertidos para tener carreteras muy bonitas pero semivacías.

En el caso de las plantas para generar electricidad, la situación de la que hablamos --como también lo hemos dicho-- implica el riesgo de que la electricidad no alcance y tengamos apagones, sean éstos programados o imprevistos. Para evitar que esto suceda, se necesitan cambios en diferentes ámbitos: tarifas que no subsidien a grandes empresas ni las estimulen a derrochar la energía; una reglamentación sencilla y operativa; opciones tecnológicas adecuadas que permitan instalar plantas en menos tiempo, y otras.

En materia de electricidad, se ha dado un paso en el sentido correcto con los cambios al Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica publicados en el Diario Oficial del pasado 25 de julio. Además de la reducción y simplificación de algunos trámites, y de normas derivadas de las experiencias recientes, un elemento muy importante es la previsión de algunas medidas para ``casos de emergencia, que pudieran poner en riesgo el suministro de energía eléctrica en todo el territorio o en una región del país''.

Además del reconocimiento implícito del riesgo que hemos mencionado, el que se empiecen a prever medidas al respecto es muy positivo. Dado que el problema tiene muchas aristas, tampoco bastará con la reglamentación para resolverlo; pero ésta puede ser un apoyo para otras medidas necesarias.

En especial y a propósito de la experiencia de las carreteras, hay que tomar muy en cuenta que no basta con que el dinero entre. Si se busca la autosuficiencia económica de los proyectos, éstos deben generar el ingreso necesario para tenerla. De una o de otra manera, el dinero que no provea el fisco provendrá de las tarifas eléctricas. Y mientras que el consumo de muchos particulares y de las empresas pequeñas y medianas se estanca o incluso disminuye, el de empresas mayores que reciben la energía en tensiones media y alta ha aumentado, al grado de pasar del 55 al 60 por ciento del consumo total de electricidad. Es de ahí de donde puede provenir el ingreso adicional necesario.

Por lo mismo, además del ajuste automático existente, que es muy importante para que las tarifas no se vuelvan a ``devaluar'', deben seguir los aumentos adicionales reales como los de los últimos dos años. Y en el caso de las lagunas que subsisten en la regulación, se puede destacar la necesidad de contar con tarifas de transmisión claras, transparentes y accesibles, de modo que su ausencia deje de ser un freno a proyectos de generación, de los cuales, por ejemplo, hay varios de estados y municipios que buscan autoabastecerse con recursos locales.