Decisión legal, afirman juristas
Elizabeth Velasco C. Ť El constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela sostuvo que, conforme al artículo 63 de la Carta Magna, es legal la instalación de la nueva Cámara de Diputados por el bloque opositor -PAN, PRD, PVEM y PT- al contar con más de la mitad del número total de diputados (261 de 500), por lo cual el PRI ``no puede hacer nada sobre la designación de Porfirio Muñoz Ledo como presidente de aquélla''.
Sin embargo, precisó que la falta de una mayoría de oposición en el Senado -donde el PRI tiene 94 de 127 senadores en funciones- imposibilitará la instalación de la sesión del Congreso general pues, de acuerdo con el artículo citado, ``ninguna de las cámaras podrá sesionar sin la concurrencia de la mitad más uno''.
Precisó que en caso de que el Congreso no sesione el primero de septiembre próximo, por falta de quórum, el presidente Ernesto Zedillo tendría la facultad legal, conferida en el artículo 69 constitucional, de entregar personalmente y por escrito su Informe de Gobierno a la Cámara de Diputados, en lo cual coincidió el también constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas.
Este último indicó que ``ninguno de los acuerdos a los que lleguen las cámaras puede rebasar lo que establece la ley suprema, en el sentido de que el Presidente de la República entregue únicamente por escrito el Informe y se retire''.
No obstante, advirtió que ``no es legal lo que hace la oposición, ya que está manejando elementos y argumentos de corte político''. Pese a que cuenta con la mayoría en el Cámara baja, ``habría que revisar lo que establece su reglamento interno, para determinar si procede o no la instalación. Lo cierto es que no se pueden conformar dos cámaras como pretenden la oposición y por su lado el PRI. Esto llevaría a una crisis parlamentaria''.
Burgoa subrayó que toca a ambas cámaras, no sólo a la de Diputados, discutir la integración del Congreso para su instalación el primero de septiembre, y habría que considerar que ``no es conveniente alterar el esquema del formato del Informe presidencial''.
Indicó que la división entre las fracciones de oposición y el PRI puede causar ``trastornos políticos'', pues mientras no lleguen a un acuerdo surgirán graves problemas de ingobernabilidad, en lo cual coincidió también Carrancá y Rivas.