En Chihuahua, la mayoría calificada del Congreso local, integrada por el PRI y el PRD, aprobó reformas a la constitución que darán paso a modificaciones a la legislación electoral.

Contra ellas, el PAN, y por supuesto el gobierno del estado, han iniciado una vigorosa compaña tendiente a obtener que 180 mil ciudadanos soliciten la realización de un referéndum a fin de derogarlas. Los blanquiazules han argumentado que constituyen una contrarreforma electoral.

El primer round de esta confrontación lo constituyó el debate en el que participaron el líder de la mayoría priísta en el Congreso, los dirigentes partidarios del PAN y PRD, y Eduardo Romero, secretario de gobierno, fuerte precandidato panista a la gubernatura. En él, los blanquiazules no lograron demostrar que las modificaciones constituyeran una contrarreforma. Por el contrario, Romero admitió que coincidían con algunas de ellas.

¿Qué pretende realmente el gobierno de Francisco Barrio? Si las elecciones del próximo año se celebraran con la actual legislación, como desea, podrá proponer la terna de la que saldrán los funcionarios del Consejo Estatal de Elecciones (CEE); mantendrá la sobrerepresentación del partido triunfador, seguirán la actual distritación y todos los funcionarios electorales; continuará la indefinición de la legislación electoral acerca del número de diputados (establece que ``pueden ser hasta 31''), y con ello permitir la libre asignación de diputaciones a los partidos ubicados del tercer lugar en adelante, lo que se ha traducido en una sobrerepresentación de ellos.

En las pretensiones panistas de realizar el referéndum está acompañado por el PT, el PVEM, los organismos empresariales y los periódicos El Norte, Diario de Juárez y Diario de Chihuahua, cuyas líneas editoriales son claramente coincidentes con el Partido de Acción Nacional.

A cambio de mantener en el puesto al actual presidente del CEE, el partido blanquiazul propuso, en las negociaciones previas, aumentar el número de diputados y aprobaba la redistritación.

Contra todos los pronósticos, el ``bloque opositor'' chihuahuense logró no pocos avances democráticos: estableció la figura del síndico para vigilar el manejo del presupuesto de los ayuntamientos; la revocación del mandato a cualquier funcionario de elección popular, en las listas de candidatos de los partidos ningún género puede rebasar el 70 por ciento; ningún partido podrá contar con un número de diputados que rebase en más del 8 por ciento el porcentaje de la votación obtenida; se establecieron puntualmente los límites porcentuales, a fin de que todos los partidos políticos accedan a un número de diputaciones, en una proporción semejante al porcentaje de su votación.

Las campañas electorales serán laicas; la redistribución la realizará el IFE y se hará con criterios técnicos y apegada a la regla de ``un ciudadano, un voto''; y por último, que será el Congreso del estado, con la votación de las dos terceras partes de sus miembros, a propuesta de los ciudadanos y mediante convocatoria pública, quien elija a los funcionarios encargados de los organismos electorales. Por lo tanto, el gobernador ya no intervendrá en el nombramiento de los responsables del proceso electoral.

Es decir, en Chihuahua, como en el DF, los partidos de oposición concretan acuerdos ante la intención gubernamental de oponerse a los avances democráticos. Lo paradójico: aquí el bloque opositor lo constituyen el PRD y el PRI; quien se opone a la reforma democrática es el PAN hecho gobierno.