Samper, dispuesto a hablar con líderes rebeldes en la sede presidencial

Reuter, Ansa, Afp, Efe y Dpa, Santafé de Bogotá, 2 de septiembre Ť El presidente de Colombia, Ernesto Samper, se declaró hoy dispuesto a reunirse con los dirigentes de las guerrillas en su despacho y reducir el presupuesto militar, siempre y cuando ellos expresen una voluntad real para sentarse a negociar la paz.

Al manifestar su disposición a hablar con los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), indicó que los invitaría al Palacio de Nariño si le dijeran que tienen esa voluntad de paz. Entonces, dijo, les brindaría las garantías políticas del caso para someterse a la vía democrática.

El gobernante, quien en días pasados se mostró también en disposición de desmilitarizar amplias zonas del país para facilitar el inicio de diálogos de paz, apuntó que en un eventual encuentro con jefes insurgentes les ofrecería convertir los esfuerzos que está haciendo su gobierno por mejorar el presupuesto militar en obras de inversión social.

Samper, cuyo gobierno tiene a amplios sectores políticos y sociales en su contra ante una imparable espiral de violencia, y que incluso no han cesado en demandarle su renuncia, dio a conocer que cuando termine su mandato, en agosto de 1998, se verá obligado a salir del país para preservar su seguridad y la de su familia.

En declaraciones a una cadena de radio y televisión local, indicó que le gustaría marcharse más por su familia que por sí mismo. Explicó que esto se debe a que va a ser la persona más amenazada del país cuando deje la presidencia, por lo que estima correrá importantes riesgos.

No obstante, aclaró que seguirá siendo influyente en su país porque aún tiene proyectos e ideales, y subrayó dará a su sucesor el apoyo que muchos le retiraron a él en medio de la grave crisis política que afrontó; también dijo que ya no hablaba por teléfono celular ante el riesgo de intercepciones, o que lo hacía en clave.

En tanto que el gobierno ha expresado reconocimiento político a las guerrillas, los grupos paramilitares siguen insistiendo en obtener un reconocimiento similar para poder participar en negociaciones de paz. En reunión la semana pasada con representantes del gobierno se les negó lo anterior, pero a cambio se les reconocerá como actores del conflicto.

Al tiempo que las FARC y el ELN reiteraban sus amenazas contra congresistas y aspirantes a puestos de representación popular para los comicios regionales del 26 de octubre, la Comisión de Conciliación Nacional pidió a los rebeldes cesar ese tipo de acciones y los actos de violencia, al considerar que ahondar la guerra no es la solución. En este contexto, los 102 miembros del Senado resolvieron que en breve se pondrán chalecos antibalas ante la creciente inseguridad en que se vive. La medida fue adoptada después de que la compañía de seguros y la empresa reasegura- dora concluyeron que los riesgos en este terreno han aumentado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Ardila Ballesteros, anunció a su vez que los diputados también analizarán ese tipo de medida. Indicó que aunque es algo incómodo, ninguna medida de seguridad está de sobra. De hecho, los senadores aceptaron la decisión resignados.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, designó a cuatro alcaldes militares y policiacos en sustitución de igual número de alcaldes se- cuestrados por la guerrilla el lunes. A la par, se informó de dos matanzas perpetradas por presuntos paramilitares, con saldo de siete asesinados, en un populoso barrio de Medellín.

Mientras Venezuela reiteraba su disposición a colaborar en un eventual diálogo de paz entre gobierno e insurgencia colombianos, se supo qque tres oficiales del ejército de Colombia serán sometidos a un juicio militar bajo la acusación de omisiones que permitieron un ataque rebelde a una columna militar en 1995, cuyo saldo fue de 31 soldados muertos.

En otro plano, la Fiscalía General de Colombia ocupó este día 68 inmuebles valuados en cerca de 20 millones de dólares, propiedad de Pablo Escobar, extinto capo del desarticulado cártel de Medellín.

La medida, ejecutada por la Fiscalía y el Departamento Administrativo de Seguridad, constituye el inicio de un proceso de expropiación a favor del Estado. El operativo se sustenta en una ley aprobada por el Congreso en diciembre pasado, que permite al Estado expropiar todos los bienes adquiridos ilícitamente.

En el ámbito laboral, las principales centrales obreras convocaron a un paro de 24 horas para este miércoles, tanto de los sectores estatal como privado, en rechazo al clima de violencia imperante, la privatización de empresas estatales y los bajos salarios que perciben los trabajadores.

Sin embargo, el gobierno samperista advirtió que no permitirá un cese de las actividades en el sector público. El ministro del Trabajo, Iván Moreno, afirmó que las leyes prohíben la paralización de actividades en los servicios públicos, y que al gobierno ``no le temblará la mano'' para imponer sanciones.