Uno de los propósitos más destacables de los formulados el lunes por el presidente Ernesto Zedillo en su Tercer Informe de Gobierno es el de construir, por consenso, una política económica de Estado que asegure una continuidad de las estrategias para el crecimiento. En lo que debe verse como una coincidencia de fondo con la propuesta del mandatario, el presidente del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, señaló en su respuesta al Informe la necesidad de que el Legislativo, en ejercicio de sus atribuciones para modificar la política económica, convoque a un foro nacional para recabar las posturas de los distintos actores económicos y sociales.

Ha de entenderse que las iniciativas para buscar una estrategia de crecimiento, que responda a las expectativas e intereses de todos los sectores, tienen por objetivo resolver, de esa forma, la grave fractura nacional que han ido generando las políticas neoliberales introducidas a partir de 1982, así como dotar de bases más consistentes y duraderas al desarrollo económico. Pero, sin desconocer lo alentador y positivo que resulta la manifestación de tales propósitos, tanto por parte del jefe del Ejecutivo como de la oposición, deben mencionarse las graves dificultades que plantea la formulación de una política económica de Estado.

Por principio de cuentas, es claro que el Presidente y los opositores tienen nociones muy distintas sobre la materia y los alcances de un consenso semejante: mientras que para Zedillo la parte debatible y negociable de la política económica se limita a ``detalles, programas específicos y particularidades'' y que no deben afectar ``las bases esenciales'', el presidente del Congreso enfatizó las atribuciones legales de éste para ``enderezar'' el conjunto de los lineamientos económicos gubernamentales.

Así, el primer paso en la perspectiva de una orientación consensuada y de Estado de la economía habrá de ser la superación -mediante el diálogo, el debate público, la negociación y el correcto ejercicio de las facultades de ley de cada uno de los poderes- de esta disonancia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no puede ser vista como una mera cuestión de matices.

En el fondo del asunto, la política económica es un instrumento al servicio de un proyecto político general. Por ello, el debate y el acuerdo de la estrategia económica debe empezar por poner sobre la mesa de discusión los proyectos de país y de sociedad que están en disputa, así como el orden de prioridades nacionales que cada fuerza política propugna.

Finalmente, en la medida en que los protagonistas del debate tengan en mente que el objetivo último de la economía debe ser el bienestar de la población, y no el buen desempeño de los indicadores macroeconómicos, será posible superar las diferencias -que, hasta ahora, parecen insalvables- entre el gobierno y la oposición, y avanzar en la conformación de una estrategia económica compartida y defendida por el conjunto de los mexicanos.