Grandes lagunas en el Informe, coinciden políticos y académicos
Elizabeth Velasco C. Ť Existe el riesgo de que México caiga en una nueva crisis sexenal, peor que la de 1994, en caso de que no haya una rectificación en el actual modelo económico, advirtieron ayer economistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ante esa posibilidad, consideraron necesario realizar un foro nacional donde todos los sectores de la sociedad mexicana discutan y consensen un nuevo modelo de crecimiento económico, el cual ``sí es viable''.
José Luis Calva, Mario Zepeda, Jaime Bautista, Ramón Martínez y Arturo Ortiz, académicos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UNAM, sostuvieron que el tercer Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo está muy alejado de la realidad nacional. ``Sólo da cifras alegres'' --resultado de un cambio en la base de datos--, pese a que el país ``vive un desastre gestado desde hace décadas''.
Al evaluar el Informe en el auditorio Maestro Ricardo Torres, de la Torre II de Humanidades, señalaron que la economía atraviesa por una situación similar a la de 1992 y en caso de que no haya un quiebre en la política económica oficial, al concluir el sexenio zedillista habría una devaluación más grave que la de finales de 1994.
El gobierno de Zedillo ``está a tiempo de rectificar el camino, mediante cuatro medidas'', dijo Calva y propuso: ``Establecer una política comercial pragmática que proteja a los sectores sin capacidad para competir en el exterior; ajustar el tipo de cambio, conforme a los diferenciales en las tasas inflacionarias de México y Estados Unidos; implantar una política fiscal de mayor equidad en las cargas tributarias, y reordenar la esfera financiera, dando prioridad a la agricultura, micro y mediana empresas, así como al gasto social.''
Advirtió que el tipo de cambio tiene una depreciación del 21.3 por ciento, lo cual al segundo trimestre de 1997 ha provocado un desequilibrio de mil 800 millones de dólares en la balanza comercial, ``situación seria y preocupante en el largo plazo''.
Los costos sociales
Calva destacó que la actual estrategia ha tenido altos costos sociales y económicos, principalmente para las clases media y baja. El principal error es que los paquetes de rescate financiero sólo han estado dirigidos a la banca y no a los deudores, empresas y particulares. ``Esto ha provocado que, pese a que el gobierno comprometió más del 200 por ciento de lo que cobró por la venta de la banca, las carteras vencidas aumenten trimestre tras trimestre, según los últimos datos de la Comisión Nacional Bancaria''.
Dijo que hay una terrible concentración de la riqueza, ya que los 15 hombres más ricos de México poseen un capital de 26 mil 500 millones de dólares frente a 0.38 dólares por día que gasta una persona en el consumo de alimentos. Al respecto, Jaime Bautista indicó que se estima que 40 millones de mexicanos están en la pobreza y 16 millones en pobreza extrema.
La situación en materia de empleo y salarios no es nada halagüeña, precisaron los investigadores. Se estima que a junio de 1997, 35 por ciento de la población económicamente activa (PEA) --12 millones de personas-- estaba en el desempleo abierto y el subempleo. El deterioro de los salarios mínimos reales se acrecienta; a la fecha asciende a 27 por ciento y a 36 por ciento el de los contractuales. Y mientras la canasta básica ha tenido un incremento acumulado de mil 244 por ciento, el del salario apenas llega a 308.
Arturo Ortiz indicó que la deuda externa ha crecido a 158 mil millones de dólares, sin considerar los 18 mil millones del préstamo de emergencia otorgado en 1995. La situación se torna más compleja si se considera que se acercan ``vencimientos (del pago de la deuda) por 60 mil millones de dólares en el corto plazo''.
Ante estas condiciones, dijo Mario Zepeda, se acentúa la necesidad de realizar un debate nacional sobre el modelo económico nacional. Pese a que el Ejecutivo ha dejado en claro que no ha lugar a cambios económicos, se requiere un quiebre en la política económica o de lo contrario tendremos una crisis de peor magnitud y consecuencias al concluir el sexenio zedillista.
Jesús Aranda Ť La falta de atención en el Informe presidencial al tema de la aplicación de justicia refleja el poco interés del Ejecutivo en este problema, señaló el doctor en derecho constitucional Clemente Valdez, quien dijo que la reforma judicial de l994 no cumplió con sus objetivos y no se ven visos de una mejoría sustancial en la materia.
En entrevista, el especialista dijo que entre los asuntos pendientes de la reforma al Poder Judicial de diciembre de 1994, está la actuación del Consejo de la Judicatura Federal, el cual ha pasado a ocuparse únicamente del ``control burocrático y estadístico'', sin cumplir con la tarea de ofrecer información verídica sobre el estado en que se encuentran los procesos penales en el país.
Asimismo, Valdez aseguró que es urgente que el recién constituido Congreso de la Unión tome en cuenta la necesidad de legislar para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan la facultad de presentar iniciativas de ley en la materia de su competencia, en virtud de que el desconocimiento de los legisladores en el campo jurídico se refleja en propuestas de ley incompletas o simplemente en la existencia de diferentes códigos y leyes que permanecen inamovibles y hasta obsoletos.
Valdez precisó que en su Informe, el Presidente reconoció que la falta de justicia constituye una preocupación fundamental de todos los mexicanos, pero inmediatamente desvió el tema hacia la seguridad pública, lo que demostró la falta de conocimiento o interés en el tema.
Criticó al Consejo de la Judicatura Federal por no informar de una manera verídica sobre el estado que guardan los procesos penales en el país. Preguntas, dijo, que irían desde el tiempo promedio que tarda en concluir un proceso hasta los costos de los mismos, ya que son cuestiones que nadie conoce.
Comentó que las estadísticas que ofrecen cada año la Suprema Corte y los tribunales y juzgados sobre los expedientes que ingresaron y los que se resolvieron están incompletas porque no se explican los motivos de sobreseimiento de los casos, como tampoco se dice si hubo irregularidades en la integración de los expedientes. En fin, insistió, las cifras de ingresos-egresos ``no nos dicen nada''.
Respecto del controvertido tema de que los ministros de la Corte tengan facultad de presentar iniciativas, el doctor en derecho constitucional dijo que en países como Estados Unidos e Inglaterra los juzgadores tienen ese derecho, precisamente como una forma de hacer más eficiente su labor y la aplicación de la justicia, experiencia que debería ser retomada en México, insistió.
Jesusa Cervantes Ť El consejero electoral Emilio Zebadúa consideró que el presidente Ernesto Zedillo olvidó hacer un reconocimiento ``del momento político'' que él mismo vivió el lunes pasado y fijar su posición en el nuevo escenario.
En tanto, Jaime Cárdenas, también consejero electoral, rechazó las supuestas ``normalidad democrática'' y ``reforma electoral definitiva'' que expresó el Ejecutivo federal durante su tercer Informe de Gobierno.
``Aún falta mucho por hacer, sobre todo que se concrete la reforma de Estado, el tema del federalismo, el fortalecimiento de los poderes y los medios de comunicación, entre otros aspectos. Por eso estoy en desacuerdo con las expresiones del Presidente'', dijo el consejero Cárdenas.
Zebadúa, en tanto, lamentó que el Presidente de la República haya omitido reconocer la nueva etapa en que entró México a partir del 6 de julio.
``Me hubiera gustado escuchar del Presidente un reconocimiento explícito y que fijara también su propia posición dentro del nuevo escenario político; pero lo que no hizo él, sin duda lo logró Porfirio Muñoz Ledo, quien presentó una lectura más veraz del momento político'', expresó Zebadúa.
Sobre la reforma electoral, coincidió con Jaime Cárdenas en que se dieron avances importantes, ``pero aún faltan muchos capítulos de la reforma política''.
Manifestó que aún se tienen que adecuar algunas leyes electorales estatales, ``donde existe un rezago'', para que exista una uniformidad de criterios; faltan también, agregó, cambios al interior del Instituto Federal Electoral (IFE).
``Las grandes líneas jurídicas ya están definidas, faltan adecuaciones e incorporar nuevos temas'', concluyó.
A su vez, Cárdenas insistió en que no se puede hablar de una reforma electoral definitiva o de una plena autonomía del IFE, cuando los consejeros no tienen independencia plena en el manejo de sus recursos.
Detalló que las que determinan y ejercen el presupuesto del IFE son la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Administración, que a su vez lo someten al presidente del Consejo General para que luego sea aprobado en sesión.
``Los consejeros no tenemos capacidad de decisión en muchas cosas, y sobre el presupuesto no contamos con ninguna atribución; ésas son algunas de las cuestiones que se tiene que modificar y que también forman parte de la reforma electoral'', comentó.
Consideró que la autonomía del IFE a la que se refirió el Presidente de la República en su Informe debió ser la política, ``pero no la económica''.
Claudia Herrera Beltrán Ť Detrás de las cifras positivas que en materia educativa expuso el presidente Ernesto Zedillo en su tercer Informe se esconden rezagos que su administración no ha podido solucionar, como la existencia de un millón y medio de niños sin acceso a la educación básica, advirtió ayer Miguel Alonso Raya, de la dirigencia del Movimiento Democrático Nuevo Sindicalismo del SNTE.
En tanto, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Humberto Dávila Esquivel, manifestó sobre el apartado referente a la educación: es un ``sobrio análisis'' que significó un reconocimiento implícito al trabajo que realiza el magisterio en México.
Los avances citados en el informe gubernamental, agregó Dávila, se deben sobre todo al esfuerzo realizado por los maestros, pese a los bajos sueldos, la falta de escuelas bien equipadas y la carencia de materiales educativos.
A su vez, la presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia, María del Pilar Casado, consideró positivo el balance que presentó Zedillo, pero señaló que todavía es necesario cumplir el objetivo de la entrega de libros de texto gratuito a todos los alumnos de educación secundaria.
Alonso Raya, también diputado perredista, puso en duda las estadísticas relacionadas con la cobertura en primaria y secundaria, así como los índices de deserción escolar en ambos niveles educativos.
Posible, maquillar cifras; es difícil comprobar la asistencia escolar
``Es posible maquillar las cifras porque no es sencillo comprobar si todos los niños asisten a la escuela'', dijo el integrante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE con licencia.
El tercer Informe señala que 98 por ciento de los niños en edad de cursar la primaria están inscritos en alguna escuela y que en el pasado ciclo escolar el índice de deserción disminuyó al ubicarse en 17 por ciento de la población de primaria.
En el caso de la secundaria, explica, absorbe 87 por ciento de los egresados de primaria y, en el ciclo escolar 1996-1997, el número de egresados ascendió a cerca de 1.3 millones, lo que representa un incremento de 4 por ciento en relación con el anterior año lectivo.
En opinión de Alonso Raya, estos indicadores contrastan con lo dicho por la Secretaría de Educación Pública en el sentido de que hay un millón y medio de niños que no ingresan a la primaria y que de cada cien estudiantes 57 desertan de ese nivel educativo.
Según el dirigente sindical, los indicadores de deserción escolar son muy altos. Los correspondientes al Distrito Federal, dijo, son lejanos a la realidad que se vive en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde hasta hace dos años de cien niños que ingresaban a la primaria sólo 25 concluían satisfactoriamente sus estudios.
De ser ciertas las cifras de cobertura escolar, dijo, persiste falta de calidad y de equidad para el acceso al conocimiento, pues en por lo menos 14 mil escuelas primarias unitarias un profesor atiende los seis grados y en cifra similar de ``planteles bidocentes'' dos maestros imparten clases a tres o cuatro grupos.