Los días previos a la instalación del Congreso contemplaron, no sin sus dosis de trampas, jaloneos y peligros de quiebres, una lucha frontal y testaruda entre dos concepciones divergentes. Una que trata de ser consecuente con el matiz democrático que se deriva del pasado 6 de julio. Otra que formuló una estrategia aferrada a un supuesto ya trastocado: la hegemonía priísta en la Cámara. Al final, esta última resultó, para fortuna de los muchos, por completo inoperante.

Sin embargo, en este proceso inédito, los riesgos desestabilizadores estuvieron tan presentes como la misma intranquilidad colectiva que se originó, el desgaste derivado para el PRI, y en mucho para el gobierno mismo, así como el nerviosismo que, por fortuna, no trascendió a los mercados bursátiles.

Las desavenencias que afloraron entre la nueva mayoría de las oposiciones y el binomio cada vez más apretado y con tensiones internas del PRI y el gobierno, llevaron las negociaciones hasta puntos de prácticas rupturas institucionales. Trabazones que bien pudieron desencadenar acciones de consecuencias imprevisibles y delicadas. Afortunadamente la cordura se impuso al pardear la tarde ante el enorme costo que el camino trazado desde las cumbres del poder hubiera significado para muchos mexicanos, por completo ajenos a tales pugnas pero necesariamente involucrados por ellas.

Es cierto que las negociaciones donde se implican pérdidas y ganancias de poder son frontales y hasta agotar recursos. Pero siempre deben ocupar su sitio, además de los intereses mayores de la nación, aquellos otros que dicta la eficiencia del quehacer partidista y los más particulares de los actores mismos. Las argucias legales que para soportar sus posturas utilizó desde un inicio el PRI fueron mal concebidas y todavía peor manejadas ante la opinión colectiva. Su intentona de afianzar ``su derecho'' a sobrerrepresentarse en la comisión de Régimen Interno (seis de diez), el doble citatorio para instalar la Cámara o el pretender hacerlo ellos solos con su debilitada fuerza e inferioridad numérica (239 curules) no pudieron ocultar sus cortos alcances y pedestres fobias en forma de vetos insoportables (no a Porfirio). Las contradicciones en medio de las cuales finalmente decidieron cambiar el rumbo, no hacen sino resaltar lo que la mirada atenta de los ciudadanos sin duda ya había detectado. Sus apelaciones legales eran tapujos torpes y su llamado a la comprensión colectiva chocaba con la forma y el modo (cultura) como viene operando la sociedad. Cuantas veces caigan en tales vericuetos y pretensiones restauradoras de una subcultura autoritaria ya ida, el priísmo encontrará un enorme vacío que sólo el rechazo de los votantes llenará. Lo importante es ver hacia adelante. Los días que esperan son nebulosos. Una vez que se entre al debate de asuntos cruciales para la marcha de la nación, los tironeos pueden y serán de mayor gravedad. El presupuesto, la ley de ingresos, la política social, las indagaciones pendientes, los desmesurados rescates financieros, la autonomía de las etnias o la Reforma del Estado son sólo algunos de los tópicos donde se puede llegar a la parálisis de subsistir ese espíritu de sojuzgar al disidente, de imponer las condiciones grupales sobre la pluralidad partidista mayoritaria. Cada vez que tal cosa suceda, el costo para el priísmo será proporcional a la testarudez que le imprima a sus ensayos hegemónicos. Los precarios equilibrios económicos sin embargo, serán implacables con las necedades y los desfases con la cultura ciudadana se traducirán en castigos inmediatos que los medios y la crítica se encargarán de difundir.

Mucho gusto dio ver trabajar al voto por las oposiciones de esa manera tan lúcida y generosa como la que pusieron en funcionamiento los coordinadores partidistas, sobre todo el PAN (C. Medina) y el del PRD (P. Gómez). Pero el orgullo interno fue mejor retribuido al oír la pieza de Muñoz Ledo y ver a un presidente de México sometido al imperio de la soberanía del Congreso. Las propuestas que se lanzaron son inmejorables: un programa económico de Estado, un foro para su discusión en la Cámara, así como el posible diálogo posterior entre poderes iguales sobre lo deliberado acerca del Informe.