Pirata, entre 53 y 67% de software en México

Gabriela Fonseca /I Ť La industria de la computación en México calcula que entre 53 y 67 por ciento de los programas instalados en equipos del país durante 1996 son piratas, es decir, copiados y utilizados sin licencia. Esa proporción es ligeramente inferior al promedio latinoamericano, que va de 54 a 68 por ciento. Acumulativamente, los representantes de la industria afirman que 80 por ciento de las computadoras en la región manejan software ilegal.

Según un estudio realizado en América Latina por la empresa consultora Price Waterhouse y patrocinada por la Business Software Alliance (BSA), alianza mundial contra esa acción delictiva integrada por las grandes empresas productoras de programas de cómputo, la piratería de software provoca a dichas compañías pérdidas anuales por unos mil 100 millones de dólares en 15 países latinoamericanos. De reducirse la copia y uso ilegal, Price Waterhouse calcula que esa actividad productiva, que en México genera poco menos de 13 mil empleos, incluidas actividades de la ``industria relacionada'', lograría un crecimiento de 400 por ciento para el 2000.

Por ello, las compañías de software agremiadas en la BSA, en coordinación con la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), han emprendido en los últimos años una campaña de concientización en contra del uso ilegal de programas en el país.

Ricardo Adame, presidente de la sección de software de la AMITI, señaló en entrevista para La Jornada que la industria productora de equipos de computación ha planteado, además, la lucha contra la piratería en otro frente: la campaña destinada a informar a personas y empresas que la copia ilegal de programas es un delito se complementa con una serie de operativos que llegan a la confiscación de equipos de cómputo con software ilegal.

Ambas acciones están amparadas en recientes cambios a las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual, que han sido modificadas para incluir la protección a los programas de cómputo. En mayo pasado se estableció en la legislación la posibilidad de que sujetos encontrados culpables de reproducir software o utilizar programas piratas sean condenados a prisión por seis meses y hasta seis años, y multados con hasta mil salarios mínimos.

Los operativos, que en ocasiones anteriores fueron realizados por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), actualmente están a cargo de inspectores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Su objetivo es confiscar disquetes que contengan material pirata y ``asegurar'', es decir, sellar con cinta canela, máquinas cargadas con programas sin licencia. Esa medida equivale a aplicar sellos a comercios clausurados, ya que incurre en un delito la persona que viole los sellos para utilizar de nuevo las computadoras.

Empresas como TAESA y Muebles Dico han sido ya objeto de operativos antipiratería solicitados por miembros de la AMITI y la BSA. En abril pasado se realizó un cateo en siete locales de la Plaza de la Electrónica y Cómputo, ubicada en Eje Central y República de El Salvador.

Adame señaló que también se han realizado operativos en escuelas de computación, que frecuentemente adquieren máquinas ensambladas con software pirata preinstalado.

¿Dónde se concentra?

Agregó que en México la piratería se da principalmente en tres sectores: ``Uno es el gobierno, usuario de 30 por ciento de todo lo que es tecnología de información en el país y donde hay un altísimo índice de reproducción ilegal'', y que el entrevistado atribuye a la ``cultura de la impunidad que impera en las dependencias oficiales''.

El segundo sector donde se concentra la piratería es el de la pequeña y mediana empresas. Adame consideró que ello se debe a que ése ha sido el más golpeado por la crisis y tiende a ahorrar en software para invertir más en computadoras y maquinaria. En tercer lugar se encuentran las escuelas de computación, que no sólo ocupan programas y aplicaciones reproducidos ilegalmente, sino que muchas veces permiten que sus alumnos los copien.

Adame indicó que la AMITI y la BSA han emprendido una campaña a través de las cámaras industriales para informar a las empresas que se les puede investigar y perseguir judicialmente por utilizar software pirata, pues ``es común que las empresas compren un solo programa o aplicación para después reproducirlo en todas sus máquinas''.

Como parte de esa campaña de información se explica también a los consumidores de software que los programas piratas pueden estar copiados de manera incompleta o contener virus. Además, como requisito para acceder al apoyo técnico por teléfono que las empresas productoras ofrecen como servicio adicional, se exige al cliente dar su número de licencia, por lo que quien trabaja con programas ilegales no tiene derecho a él.

Adame resaltó que la AMITI también se encarga de informar a los industriales que los productores de software cuentan ya con planes de venta que ofrecen descuentos a la industria y la opción, por ejemplo, de comprar un solo programa y copiarlo en todas las máquinas, pero pagando la licencia correspondiente de cada una de ellas. Asegura que existen paquetes aún más convenientes en la venta de programas al sector educativo.

Al igual que en el caso de la piratería en el sector gubernamental y el empresarial, la AMITI ha estado en contacto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que esa instancia promueva que en las escuelas de computación y los colegios regulares donde se enseña computación, se eduque a los alumnos, de preferencia desde el nivel de enseñanza primaria, en el sentido de que la copia ilegal de programas es un delito.

A la pregunta de cómo se llega al infractor, Adame respondió que la AMITI y la BSA cuenta ya con canales mediante los que se puede hacer las denuncias. En muchas ocasiones son las tiendas y los distribuidores de software, que además son los primeros afectados por la piratería, los que informan cuando sospechan que una empresa utiliza productos ilegales.

Agregó que muchas veces los distribuidores proporcionan a la AMITI sus bases de datos, lo que facilita la búsqueda; por ejemplo, cuando se detecta que una empresa no ha comprado software desde hace varios años pero ha seguido creciendo, hay motivos para sospechar que ha incurrido en la piratería.

Adame afirmó que incluso ha habido denuncias por parte de empleados de empresas que utilizan software ilegal, ya sea porque están conscientes del daño que ocasiona esa actividad o porque fueron despedidos del lugar o se encuentran resentidos por algún otro motivo contra sus empleadores.