Los megaproyectos urbano-arquitectónicos causan malestar y oposición de los residentes o usuarios de las áreas vecinas y de otros sectores de la población, porque benefician sólo al inversionista privado, no mejoran o empeoran la habitabilidad de las zonas y la economía de sus habitantes, agravan los problemas locales y aún globales, destruyen o degradan el patrimonio ambiental, urbano, arquitectónico, social y las identidades locales, y cuestan muy caro en impuestos a todos los ciudadanos. Ante ellos no podemos caer en la falsa dicotomía entre modernización-inversión y conservación-atraso; hay que construir colectivamente procesos, métodos y criterios de tratamiento racionales, transparentes y democráticos.

Es necesario preservar el patrimonio urbano, como conjunto de sistemas naturales y tramas físicas, sociales y culturales integradas y complejas, que forman la identidad colectiva de la ciudad, previniendo o revirtiendo su destrucción, desarticulación o degradación. El Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Metropolitano, cuya adopción es urgente, deberían establecer los perímetros a declarar áreas de preservación del patrimonio urbano, con una regulación integral que establezca criterios precisos para la evaluación y aprobación de proyectos, evitando la discrecionalidad burocrática y manteniendo la simplificación en la tramitación. Dadas las restricciones constructivas necesarias en estas áreas, el Programa de Desarrollo Urbano y los delegacionales podrían ofrecer áreas alternativas de desarrollo, dotadas de condiciones y estímulos adecuados, para orientar hacia ellas la gran inversión inmobiliaria y dar base a la concertación de acciones con los promotores.

Los proyectos urbanos no pueden ser tratados todos de la misma forma, debido a su naturaleza e impactos diferenciados. El seguimiento y aprobación de megaproyectos y programas parciales, sobre todo los ubicados en áreas de preservación, podría estar a cargo de una instancia interdisciplinaria con personal muy calificado y reconocido, en la Secretaría de Desarrollo Urbano del DF (o metropolitana). La aprobación de este tipo de proyectos debería tener como prerrequisito una consulta ciudadana abierta, organizada por el gobierno capitalino y las instancias de participación local, y la preevaluación por la Asamblea Legislativa que autorizaría, según la norma actual, los posibles cambios de uso del suelo, de los anteproyectos y sus análisis preliminares de impacto ambiental, socioeconómico y urbano (sobre el conjunto de relaciones con la ciudad). Estas consultas deberían tener carácter vinculatorio.

Habría que establecer que los promotores de megaproyectos cubran los costos reales de los cambios a la infraestructura urbana que exijan o generen, para que no caigan sobre todos los contribuyentes, e introduzcan mejoras sustantivas a la habitabilidad en las áreas vinculadas a ellos, como parte de la inversión; así se facilitarían los acuerdos entre autoridades, inversionistas y ciudadanos, evitando conflictos.

Igualmente, introducir en la normatividad el criterio de multifuncionalidad (combinación adecuada de actividades compatibles) en los programas especiales de desarrollo urbano y megaproyectos, en particular la inclusión de vivienda accesible a diferentes estratos sociales; se reduciría así la segregación funcional y social que lleva al despoblamiento y la ausencia de intercambios en zonas urbanas enteras.

Debería darse más peso en la política urbana del DF y el área metropolitana al impulso y estímulo a la redensificación de las áreas urbanizadas, dando prioridad a la reutilización, intensificación y racionalización de áreas, suelo urbanizado e inmuebles ya existentes, que reduce el costo infraestructural pagado colectivamente y aumenta la habitabilidad y la apropiación ciudadana. El momento es propicio para introducir estos cambios en las necesarias modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano del DF, y en la inexistente Ley de Planeación, mediante la acción concertada del futuro gobierno y la nueva Asamblea Legislativa, previa consulta con los ciudadanos y sus organizaciones representativas.

La modernidad urbana no se construye sobre la destrucción de la ciudad del pasado, sino mediante la adecuada combinación de pasado y presente en ámbitos y tramas urbanas multifuncionales vivas, abiertas a la residencia y al disfrute cotidiano de los ciudadanos. Para ello se requieren procesos continuos de planeación, incluyentes y creativos, menos tecnoburocráticos, abiertos a la participación ciudadana desde su inicio, que aborden la ciudad en toda su complejidad social, territorial y cultural, y que tengan como elementos rectores la habitabilidad para todos y la apropiación colectiva. Hay que formar una cultura urbana y arquitectónica de la preservación, no de la destrucción. Esto es parte de la construcción de la ciudad democrática.