Ante el fracaso financiero de la mayor parte de los concesionarios de yacimientos, la Secretaría de Comercio anunció ayer un programa de rescate para las explotaciones mineras, no hace mucho desincorporadas del Estado y entregadas a particulares. Este hecho, de graves implicaciones para la economía nacional, debe ser analizado en el contexto de los procesos privatizadores emprendidos en el sexenio de Miguel de la Madrid, intensificados en el de Carlos Salinas y que continúan en el actual.

Es pertinente recordar, en primera instancia, que uno de los argumentos esgrimidos desde las oficinas gubernamentales en estos cinco lustros para ``adelgazar el Estado'', ha sido la ineficiencia y la corrupción como condiciones supuestamente inevitables de la administración pública y, como contrapartida, las supuestas bondades inherentes a las empresas privadas: competitividad, eficiencia, control y probidad.

En contraste con esas posturas ideológicas -que, aunque pretenden no serlo, provienen de los idearios de la Revolución Conservadora de la década pasada y han sido impuestas acríticamente en nuestro país- y con sus consecuentes acciones de desincorporación, el desempeño de las entidades privatizadas ha sido, en no pocos casos, catastrófico y gravoso para la nación y su economía.

Así ocurrió con la banca, en donde se han descubierto cuantiosos fraudes y malos manejos -Banca Unión y Confía, por citar sólo dos episodios-, y a cuyo rescate financiero el gobierno ha destinado recursos multimillonarios surgidos, a fin de cuentas, de los bolsillos de los contribuyentes. Otro tanto pasó con las carreteras concesionadas. Ahora toca el turno a las minas.

Se constituye, así, una lógica perniciosa en la cual los procesos de privatización obligan, al cabo de pocos años, a emprender costosísimos ``programas de rescate''. Y ante los ciclos mencionados, resulta obligado preguntarse si no asistiremos, tarde o temprano, a los rescates financieros de las plantas petroquímicas, de los aeropuertos o de los grupos de interés que controlan los microbuses en la ciudad de México.

En una perspectiva más general, el anuncio de la Secofi equivale a un reconocimiento del fracaso de la desincorporación minera y, en ese sentido, ha de ser tomado como una muestra más de la improcedencia de la política de privatizaciones, la cual ha sido componente esencial del modelo económico aún vigente.

Ello gravitará en el debate que viene, y en el que habrá de elaborarse la propuesta de conformar un consenso nacional en torno a la estrategia económica para el desarrollo del país.