El Presidente exhortó a los diputados a diseñar una política de Estado para el crecimiento económico como medio para alcanzar la justicia social. No cabe duda de que se trata de un objetivo impecable. Sin crecimiento económico, todo lo demás, aún la reforma democrática del Estado, puede ser lo de menos. Para una sociedad agobiada por la desigualdad, que vive en el asombro de salir de una crisis apenas con el tiempo suficiente para entrar en la siguiente, polarizando al máximo la injusticia, la idea cae por necesidad en un terreno fértil.

Una política de Estado, concebida como un instrumento de largo plazo para lograr el crecimiento económico, parece una propuesta razonable, deseable y necesaria a la vez. Pocas cosas parecen tan urgentes como erradicar la improvisación en el gobierno, el desperdicio sexenal de recursos, mediante el acuerdo entre las fuerzas fundamentales del país para superar la ausencia de planeación que nos caracteriza.

Algunos comentaristas han leído esta convocatoria presidencial como un prueba del abandono de la ortodoxia económica en consonancia con los nuevos aires democráticos. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. El Presidente no puso en el tapete la validez del ``modelo'' que ha sido el objeto de las mayores críticas de la oposición; no ha renunciado, para decirlo con las palabras de sus oponentes, al modelo ``neoliberal'' ni tampoco considera que la política económica deba cambiar, por lo menos no en aspectos esenciales.

El Presidente fue explícito al considerar las bondades de la política económica de su gobierno: ``se pueden examinar y perfeccionar detalles, programas específicos, particularidades, pero --dijo-- estoy convencido de que las bases esenciales son correctas y, de respetarse, nos conducirán al crecimiento con empleo que México necesita''. ¿Cuáles son, pues, las condiciones esenciales para alcanzar el crecimiento con estabilidad? El Presidente las enumeró: finanzas públicas sanas, aliento al ahorro y la inversión privada, fortaleza del sistema financiero, modernización y apertura de la economía, en resumen, los prerrequisitos de una economía de mercado como la que se viene edificando con enormes dificultades.

No creo, pues, que el tema de fondo en esta perspectiva sea la discusión sobre el ``modelo'' y sus posibles alternativas sino uno más modesto y terrenal, que muy bien puede plantearse como una pregunta: ¿cabe la posibilidad de que el mismo modelo admita varias políticas económicas? O, como pide la ortodoxia, asumir el modelo implica poner en práctica una y la misma política económica. Y no hay de otra.

En este punto, no queda claro cuál es el sentido de la convocatoria presidencial. Surge la duda acerca de qué es lo que se quiere convertir en materia de una política de Estado: ¿el ``modelo'', tantas veces criticado desde todas las oposiciones, o las políticas económicas (inseparables de aquél) que por naturaleza son variables y siempre estarán sujetas a la crítica, el ajuste y el cambio?

Se arguye con frecuencia que fuera de la economía de mercado no hay otro modelo viable, pero nadie hasta ahora puede sostener racionalmente que no hay ninguna otra política para ese modelo. Bienvenida, pues, la importante convocatoria presidencial. El debate en el Congreso, pero también el foro nacional al que se refirió Muñoz Ledo en su histórica presentación, debe servir para dar una respuesta cabal a estos temas.