Como miembro de la Junta de Gobierno yo firmé el decreto de expropiación de los bienes de la familia Somoza y volvería a hacerlo. Fue un acto de justicia del que no hay nada que rectificar, ni nada de qué arrepentirse. Y el día de hoy volvería a firmarlo, contra los mismos Somoza, o contra cualquiera que se hubiera apropiado fraudulentamente de esos bienes amasados con la sangre de miles de nicaragüenses.

Este gobierno, que constantemente niega vínculos con la familia Somoza, ha premiado a miembros de ésa familia con puestos de embajadores, y ha colocado a ministros y viejos socios del gobierno del último Somoza en puestos importantes. Está en todo su derecho hacerlo, y para quienes proclamamos tolerancia, aceptarlo aunque no nos guste.

Pero de allí a que les sean devueltos o pagados ingenios, haciendas, terrenos, fábricas, bancos, que dejaron en cascarones en su estampida, hay mucha distancia, y la sola idea de que se cometa semejante injusticia subleva la conciencia de los más tranquilos.

El gobierno parece no haber entendido que su mejor papel es continuar con la transición democrática que todavía no está concluida, y no devolverle poderes y privilegios a la familia Somoza. Demostrar que los liberales son capaces de contribuir a fortalecer un sistema democrático, y no convertirlo en la negación de la democracia, como en el pasado. Ayudar a construir el futuro, y no regresar al país a las pesadilla del pasado.

El gobierno debe meditar muy bien, y decidir con cordura qué es lo que quiere que Nicaragua sea. Un campo común de entendimiento y de trabajo para salir adelante, o un campo de confrontación sin fin. La polarización, tal como está, ya es mala. Pero si llega a ser necesario cerrar filas para evitar que los Somoza vuelvan a adueñarse de Nicaragua, habrá que cerrarlas. Una desgracia, porque entonces ya no quedaría espacio para ningún diálogo ni entendimiento. Y nadie quiere esa escogencia.

Si los Somoza se sienten alentados en sus reclamos, y se le da paso, yo estoy obligado a pensar que se ha puesto en marcha un plan para devolverle a ésa familia su poder y sus privilegios. Y eso quiere decir que la democracia está en riesgo, y la paz está en riesgo. Y ni en la democracia ni en la paz podemos admitir retrocesos.

Es inútil hacer valer subterfugios, artimañas o leguleyadas. Es obsceno aceptar que los Somoza pueden promover juicios para reclamar propiedades. Estamos a tiempo de evitar males mayores y consecuencias más graves, deteniendo esta insensatez. La democracia, para que funcione, necesita de paz, y la paz se consigue, antes que nada, con la cordura de los gobernantes.

Como nunca antes en todo este periodo de transición, el sistema democrático ha estado tan a prueba. Que el Presidente de la República se pronuncie de una manera clara y tajante, cerrando la puerta a los reclamos que, en burla del pueblo de Nicaragua, vienen a hacer ahora los Somoza. Y que la Corte Suprema sea clara con los jueces advirtiendo que, contra una ley vigente, no caben demandas judiciales.

Este es el momento.