Me uno al regocijo por los avances democráticos en el formato de la ceremonia de presentación y respuesta del Tercer Informe de gobierno de Ernesto Zedillo. Los cambios de formato expresan el nuevo equilibrio del poder entre los partidos y, por tanto, como dijera Porfirio Muñoz Ledo, el fin de la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. Es necesario acreditarle al Presidente su aceptación de los cambios al formato y su conducta durante el Informe. Igualmente debe acreditársele el tono moderado del mensaje y la propuesta para que las fuerzas políticas busquen consensos básicos sobre la política económica, que la conviertan en política de Estado, perdurable por encima de los cambios sexenales. ¿Preparándose para entregar la presidencia a la oposición en el 2000, busca que ésta mantenga invariable la política económica?

Notemos que el primer cambio que las elecciones del 6 de julio han impuesto a la política económica es la de hacerla debatible. Desde el autoritarismo, ésta no es objeto de debate porque la que está en marcha es siempre, por definición, la correcta. El príncipe no puede equivocarse. La verdad emana de la autoridad. Sin embargo, el Presidente no acaba de aceptar que todo es debatible, incluso su política económica. Así, dijo que ``contamos ya con bases sólidas de una política para el crecimiento económico'' y añadió presuroso que ``se pueden examinar y perfeccionar detalles, programas específicos, particularidades. Pero estoy convencido de que las bases esenciales son correctas''. Lo que el Ejecutivo quiere ¿es que sólo se discutan los detalles y que en vez de un debate se trate de un ejercicio pedagógico (los poseedores de la verdad educando a los que no saben), como resultado del cual la oposición finalmente aceptaría que el modelo económico es el único viable? La última parte de su mensaje podría tener la intención de ser la ponencia inicial del ejercicio. Para ello, habría señalado las ``condiciones esenciales para el crecimiento firme y duradero'': disciplina fiscal y monetaria, lucha contra la inflación, promoción del ahorro, y continuación del cambio estructural. La aceptación por parte de todos los partidos políticos de estas condiciones constituiría el acuerdo que convertiría a la política económica en política de Estado. Pregunto: ¿estas condiciones no están sujetas a debate?, ¿qué pasa si no se aceptan todas y cada una de ellas?

El punto de partida del bloque opositor, enunciado por Muñoz Ledo, es el opuesto: ``Debemos todos asumir que el pueblo votó a favor de una política económica y social que haga posible la mejoría del salario y del ingreso, la ampliación del mercado interno... y la modificación, en favor del interés nacional, de las relaciones económicas y financieras con el exterior''. Las diferencias entre Zedillo y el bloque opositor no están en los objetivos explícitos. Zedillo, al igual que Muñoz Ledo (¿el PRI al igual que la oposición?), dice buscar el ``mejoramiento económico, social y cultural del pueblo''. La diferencia está en los plazos y en las prioridades. En cuál objetivo se subordina temporalmente a cuál. Cuando Muñoz Ledo dice ``una política económica y social que haga posible la mejoría del salario y del ingreso'', está pensando en el aquí y en el ahora y en subordinar a tal mejoría la meta cuantitativa de la inflación o del equilibrio fiscal. Está pensando en revertir la disminución dramática que quince años de política neoliberal han impuesto al ingreso de la mayoría de los mexicanos. Para Zedillo esto constituye un espejismo: ``no está en lo justo quien sostenga que una gran mejoría de los niveles de vida puede ser rápida y sin esfuerzo''. Por eso más adelante señala que es un ``deber de todos actuar con visión de largo plazo, incluso sabiendo que los frutos conferirán reconocimiento, no a nosotros, sino a otros en el futuro''. En este caso objetivos como el control de la inflación son los dominantes y los del bienestar son subordinados.

El Presidente no puede o no quiere ver que el bienestar de la población no depende sólo del crecimiento económico sino también de la distribución del ingreso. Esconde el hecho que desde la adopción en el país de lo que él llama ``las condiciones esenciales del crecimiento'' en el gobierno de Miguel de la Madrid, el PIB ha crecido más despacio que la población, con lo cual el PIB per cápita de hoy es inferior al de 1982. Y que además la concentración del ingreso se ha agudizado a niveles que nos colocan como una de las economías más desiguales del mundo. Se le olvida que en el aumento de la desigualdad no es inocente la política salarial adoptada por los anteriores gobiernos y por el suyo, que han mantenido los aumentos nominales a salarios mínimos, salarios públicos (excepto los de los altos funcionarios) y contractuales, por debajo de la inflación, deprimiéndolos en términos reales. Se le olvida que esto puede y debe corregirse con cierta rapidez, como lo demuestra lo realizado en dos países a los que con frecuencia los funcionarios públicos citan como ejemplos a seguir: Estados Unidos y Chile. En ambos se han decretado (al instaurarse la democracia en el primero y hace unos días en el segundo) aumentos sustanciales a los salarios mínimos en términos reales. Pero Zedillo nos quiere hacer creer que los salarios se determinan por el libre juego de las fuerzas del mercado, que la política salarial no desempeña papel alguno y que, por lo tanto, no queda sino esperar a que estas fuerzas decidan cuándo es la hora de elevar salarios. Bienestar futuro o bienestar presente.