Las críticas declaraciones formuladas ayer por el responsable para México de Amnistía Internacional (AI), Morris Tidball, en el sentido de que los operativos policiacos que se han llevado a cabo en el Distrito Federal --antes que contribuir a la solución de los graves problemas de delincuencia e inseguridad-- son medidas ``efectistas y de oportunismo político'' que no han logrado frenar la actividades ilícitas de las bandas organizadas y sí, por el contrario, han generado graves atropellos y violaciones a los derechos y garantías constitucionales de la población, resultan oportunas y pertinentes en el entendido de que son un reflejo de la opinión que la ciudadanía mantiene ante esta circunstancia.

A este razonamiento cabe añadir, como lo acotó el representante del capítulo mexicano de AI, el alarmante dato de que la autoridad judicial de la capital mexicana no ha ejercido, en muchos casos, su obligación de detener a presuntos delincuentes a los que se les han dictado órdenes de aprehensión. Esta situación es en extremo riesgosa e intolerable ya que ha contribuido, en parte, a la ampliación de los márgenes de impunidad en los que medran las agrupaciones criminales.

Como lo han señalado repetidamente diversas voces de la sociedad, el combate a la delincuencia debe pasar necesariamente por la aplicación de programas que atiendan las causas reales del crecimiento acelerado de los niveles de inseguridad pública. Más que realizar operativos espectaculares de dudosa eficacia y lesivos para los habitantes de las zonas donde se llevan a cabo, resulta indispensable emprender acciones decididas para erradicar la corrupción en las corporaciones policiacas, hacer eficiente la impartición de justicia y profesionalizar y capacitar a los agentes.

Del mismo modo, es urgente poner en práctica medidas que contribuyan a la generación de empleos y mayores oportunidades de educación, condiciones indispensables para reconstruir el lastimado tejido social de la capital del país y permitir la convivencia armónica de sus ciudadanos.

Por otro lado, los operativos policiacos han introducido un ambiente de desasosiego y temor entre la población que podrían introducir indeseables factores de tensión en el inminente relevo en el gobierno del Distrito Federal. En el contexto de la fluidez y civilidad con que se han venido desarrollando los encuentros entre los equipos de transición de Oscar Espinosa y Cuauhtémoc Cárdenas, proseguir con estas prácticas policiales representa un elemento de interferencia que debe evitarse, a fin de garantizar la necesaria estabilidad política y social que se requiere para conducir el cambio de administración de manera ordenada y sin fricciones.

En la medida en que las autoridades persistan en su intención de mantener estos operativos, no sólo se agudizará el inquietante clima de tensión social que se vive en la ciudad de México, sino que se ahondará el descrédito --terreno fértil para la delincuencia-- de las policías ante la opinión pública. En esta lógica, resultan evidentes los magros resultados y las consecuencias perniciosas que han tenido estas acciones y la necesidad de rectificar, de inmediato, la estrategia del gobierno capitalino en materia de seguridad pública.