Pablo Gómez
Ruptura

El pasado fin de semana, el país estuvo --aparentemente-- al borde de una ruptura profunda del orden constitucional. Si todo el PRI, es decir, el Presidente de la República y el Senado como tal, hubieran desconocido la instalación de la Cámara de Diputados con la mayoría de sus integrantes, la Constitución habría rodado por una pendiente hacia lo desconocido.

La crisis política no se produjo, pero ¿quién estaba dispuesto a provocarla desde el gobierno? Cuesta trabajo creer que en el partido oficial haya personas que supongan que pueden hacer todavía cualquier cosa, como desconocer los acuerdos de la mayoría de los diputados y tildarlos de ilegales y espurios. Quien pretendió convertir a Píndaro Urióstegui en la suprema autoridad de la cual debía provenir la investidura de los diputados, soñó que estaba en un país que ya no existe o quería regresar a épocas remotas.

En el Senado, el líder de la mayoría fue orillado a declarar sobre lo que estaba ocurriendo en la otra Cámara y a decir que su bancada no asistiría a la apertura de sesiones del Congreso, en abierto desacato a la Constitución.

La declaración de Ernesto Zedillo hablaba de una ``controversia'', la cual no existía en forma alguna, pues la Carta Magna se había aplicado escrupulosamente, es decir, la mayoría de los diputados electos instaló la Cámara tal como lo señala el artículo 63, sin la menor posibilidad de interpretaciones.

En los días anteriores a la conformación de la Cámara de Diputados, las negociaciones entre los grupos parlamentarios se habían desarrollado con normalidad. Todos los planteamientos del PRI fueron admitidos por los cuatro partidos que, en su conjunto, conformaron una mayoría para los exclusivos asuntos del gobierno interior de la Cámara. El tema del formato del Informe fue retirado de la mesa de conversaciones por parte del ``grupo de los cuatro'' dos días antes del día señalado para instalar la Cámara.

El PRI, por su lado, insistía en que ningún coordinador parlamentario debía ser el primer presidente de la Mesa Directiva y, por tanto, presidir el Congreso. Además, si dicha presidencia la asumía un diputado de la oposición, el texto de la respuesta al Informe tendría que ser convenido entre los cinco grupos, lo cual fue interpretado como un intento de censura.

Al parecer, la defensa del Presidente de la República era el móvil del grupo priísta. No es posible suponer que Ernesto Zedillo se mantenía sin informes de lo que estaba ocurriendo en la mesa de las negociaciones, especialmente de cómo lo estaba apoyando su partido, si tal cosa puede considerarse como un apoyo.

La figura presidencial se convirtió otra vez en el centro de la relación política entre los partidos, aunque el llamado nuevo formato del Informe no era más que la presencia anticipada de Zedillo en San Lázaro, con el propósito de escuchar los discursos de los portavoces de los partidos en el Congreso. Pero si el Presidente no deseaba acudir al Palacio Legislativo con anticipación a la hora en que debía tomar la palabra, no había forma de obligarlo: se trataba, en esencia, de una invitación que, por lo demás, nunca le fue hecha directamente sino a través de sus compañeros de partido, quienes rechazaron la oferta, presumiblemente por indicaciones de Zedillo.

No era posible admitir el veto a las personas ni la censura de los textos. Al final, ninguna de las dos cosas les fue permitido a los líderes del PRI, pero éstos le metieron un susto tremendo al país con la amenaza de crear una crisis política mediante la rebeldía a admitir el resultado de la elección del 6 de julio.

Finalmente, el PRI retiró sus amenazas, sus diputados tomaron protesta legal y hubo Informe, pero los discursos de los portavoces de los partidos sólo fueron transmitidos por el canal 40, pues el gobierno ``dejó en libertad'' a las cadenas de televisión para que hicieran lo que desearan hasta antes de la llegada del Presidente al Palacio Legislativo.

El Informe transcurrió en medio de simbolismos: un Presidente que trataba de ser persuasivo: hagamos --dijo-- una política económica de Estado, como si no fuera eso lo que han hecho los sucesivos gobiernos hasta ahora, con lo cual invitaba a las oposiciones a sumarse a su proyecto económico y agregarle algunos pequeños puntos sin variar ``el rumbo''. En materia política, ni una palabra sobre los acuerdos de San Andrés y ninguna agenda de reforma del Estado.

El discurso de Zedillo ha sido más importante por sus silencios que por sus propuestas, las cuales son escasas. Así, la nueva Cámara de Diputados se inauguró entre aventuras, sustos, sobresaltos, incertidumbres y redundancias programáticas. El discurso de Muñoz Ledo --el que no se quería oír-- retumbó por su dimensión simbólica en un país de símbolos caídos y necesitado de nuevos simbolismos.

La política del gobierno es la misma --la mismísima, se diría-- a pesar de que el partido que la sostiene no alcanzó más del 40 por ciento de los votos. Esa no es precisamente una ``normalidad democrática''.