``Indicios'' de otros envíos de coca desde Tapachula

Juan Manuel Venegas Ť Los más de 60 integrantes, entre civiles y militares, de la base de intercepción aérea de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tapachula, Chiapas, serían removidos y concentrados en la ciudad de México y/o a la delegación de la dependencia en Tuxtla Gutiérrez, en tanto concluyen las pesquisas por la introducción de casi 60 kilogramos de co-caína al país y se deslindan responsabilidades, toda vez que se tienen ``indicios de que no es la única operación encauzada desde esa base por narcotraficantes'', informaron funcionarios de la fiscalía antinarcóticos.

Explicaron que esta dependencia y el Centro Nacional para el Control de Drogas (Cendro) enviaron ya personal que se hará cargo de las operaciones en aquella base de la frontera sur y de la indagatoria, que incluye la revisión de bitácoras de vuelo, operaciones en tierra y operativos realizados desde el centro de control antinarcóticos.

No se descarta ``la infiltración de narcotraficantes en la base y por la información que han aportado los pilotos que ya fueron consignados, hay otros involucrados, por lo menos en la introducción de la cocaína'' asegurada el lunes pasado en el hangar de la PGR en el aeropuerto de la ciudad de México, precisaron las fuentes.

Si se usó un vuelo oficial, se tenía preparada la recepción en el DF

Para los especialistas de la fiscalía, ``quien se atrevió a utilizar un vuelo oficial'' para transportar 60 kilos de cocaína ``es porque ya tenía el control y también tenía todo preparado para la recepción en el Distrito Federal, y desde el principio se tiene la sospecha de que el avión descubierto el lunes es sólo una de varias operaciones encauzadas por narcotraficantes, presumiblemente infiltrados o con contactos en la base de intercepción de Tapachula''.

Desde hace poco más de un mes, la Dirección de Operaciones de la Fiscalía Especializada en Asuntos contra la Salud ordenó la revisión e inspección permanente de todos los vuelos oficiales de la PGR tanto en maniobras de aterrizaje como de despegue, precisamente con la intención de evitar sucesos como los registrados el lunes.

Oficialmente, en este lapso, el caso de los 60 kilogramos de cocaína en el avión Grumman de la PGR es ``el único que la fiscalía ha detectado''. Sin embargo, ante la evidencia y la consignación por delitos contra la salud de los pilotos Rubén Partida Vargas, Roberto Arce González y Javier Gutiérrez Rivera, la fiscalía y el Cendro recurrieron a la toma de la base aérea de Tapachula que sirvió para la introducción del alcaloide asegurado.

Además de los tres pilotos consignados al juzgado octavo de distrito en materia penal del Reclusorio Oriente, otros 15 mecánicos y personal administrativo de base de la Dirección de Servicios Aéreos de la Oficialía Mayor de la PGR se encuentran arraigados por orden judicial, pues según informó la dependencia ``investigaciones que hemos realizado en el transcurso de la semana indican que algunos de ellos podrían estar involucrados en la recepción y ocultamiento de la cocaína en el hangar de la Procuraduría''.

De manera paralela, en Tapachula se tiene identificados ya a otros diez elementos de la base de intercepción antinarcóticos que, se presume, también participaron en la introducción de la droga al país.

Hasta el momento se mantienen en reserva los nombres de estas personas para no entorpecer las indagatorias, se dijo. Respecto a los consignados, además de los delitos contra la salud que se les imputan, el piloto Arce González fue remitido al juez federal por posesión de arma de fuego destinada al uso exclusivo del Ejército Mexicano, de acuerdo con la averiguación previa 220/MPFEADS/97.

En cuanto a los interrogatorios e investigación a la que serán sometidos los integrantes de la base de Tapachula, se informó que la mayoría de ellos serían trasladados a la ciudad de México y otros remitidos a la delegación de la PGR en Tuxtla Gutiérrez, hasta que concluyan las pesquisas y se deslinden responsabilidades.

No hay culpables por el error en el pesaje

A pesar del escándalo y las dudas que generaron los errores del Ministerio Público de la Federación en el pesaje de la cocaína decomisada, la PGR confirmó que no caben las sanciones administrativas para los responsables.

El martes, la dependencia informó que se habían incautado 74 kilos 760 gramos y, dos días después, rectificó, pues sólo eran 59 kilos 906 gramos.