Luego de la detención en el aeropuerto capitalino de 18 elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), adscritos a la Dirección de Servicios Aéreos, por transportar 60 kilogramos de cocaína desde Tapachula, Chiapas, en un avión de esa dependencia y de la remoción de más de 60 personas, entre civiles y militares, que laboraban en la base de intercepción aérea que la PGR mantiene en esa ciudad de la frontera sur, se pone de manifiesto, una vez más, el tremendo poder de infiltración del narco --y la facilidad con que algunos de los individuos encargados de combatirlo se prestan a prácticas de corrupción--, cuyas consecuencias alcanzan no sólo a agentes y funcionarios directamente dedicados a la lucha contra las drogas, sino a otros miembros de las corporaciones judiciales que no están estrictamente relacionados con las tareas antinarcóticos, como son los pilotos y operarios de la base aérea de la PGR en Tapachula.

Aunque la remoción del personal de esa instalación no significa que todos los que allí laboraban se encuentran involucrados en actividades ilícitas --las propias autoridades señalan que ya se realizan las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades--, el señalamiento formulado por funcionarios de la PGR de que existen indicios de que esta no es ``la única operación encauzada desde esa base por narcotraficantes'' representa un dato alarmante que, junto a otros hechos similares, debe motivar una depuración urgente y a fondo de los cuadros de las instancias encargadas del combate a las drogas.

Sumado a otros acontecimientos recientes --como la presunta participación del general Gutiérrez Rebollo en actividades de narcotráfico y el robo de drogas sucedido en instalaciones de la PGR en San Luis Río Colorado, Sonora--, el caso del transporte aéreo de cocaína por personal de la Procuraduría representa un nuevo elemento de desgaste de la imagen de las corporaciones de combate al narcotráfico ante la sociedad que en nada contribuye a que éstas cumplan con su responsabilidad de hacer valer la ley y sí, por el contrario, da mayores márgenes de impunidad y maniobra a las organizaciones delictivas.

Sin un efectivo saneamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia no será posible contrarrestrar la formidable amenaza contra la seguridad nacional que representa el poder de coptación y corrupción del narcotráfico, ni será posible preservar la salud de la población y castigar otros delitos colaterales, como el lavado de dinero. En este sentido, los esfuerzos auspiciosos de cooperación internacional que se han emprendido --en los que, cabe señalar, debe salvaguardarse de manera obligada la soberanía de la nación-- como el que ayer se firmó entre los responsables del control de drogas de México y Colombia, tendrán resultados escasos si la PGR no cuenta con el personal capacitado para conducirlos de manera adecuada y con estricto apego a las disposiciones legales.