En la versión del Informe presentada por el presidente Zedillo no se mencionó a Pemex. Pudo ser algo más que una decisión de abreviar una intervención en el marco de una situación nueva para el propio Presidente, por la también nueva conformación del Congreso. Ninguna empresa como Pemex -acaso CFE también- encarna y simboliza el ánimo de la nación por tener la propiedad, el control y el usufructo de sus recursos naturales, de hidrocarburos en este caso, en beneficio de todos los mexicanos. Por eso, cuando se discuta el destino de la nación, deberá discutirse Pemex. Si la existencia del Estado es esencial para preservar la soberanía nacional -como señaló el Presidente-, la postulación de la propiedad nacional del petróleo y del gas natural, como se señala reiteradamente en el 27 Constitucional, también es condición para preservar esa soberanía y garantizar el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por ello, y no por otra razón, se confiere al Estado el deber esencial de tutelar por esos recursos de todos los mexicanos; éste se cumple a través de Pemex, empresa que no sólo debe maximizar el valor económico de largo plazo de los recursos de hidrocarburos, ser más moderna y eficiente, y adquirir la capacidad necesaria para competir a nivel internacional -como correctamente se indica en la versión extendida del informe-, sino garantizar la explotación de estos recursos en el sentido que marca la Constitución. Por ello, debe identificar y proponer a la nación las estrategias, formas y mecanismos a seguir para cumplir esa responsabilidad. Es importante y correcto que se informe -como se hace-, sobre los trabajos en los ricos yacimientos petroleros de Cantarel, en el golfo de Campeche, y en los depósitos de gas natural de la Cuenca de Burgos, en el noroeste del país. Asimismo, señalar que Pemex hace esfuerzos importantes por adoptar tecnologías de punta en todas las fases industriales. Explicar sobre su reorganización corporativa; sobre la evolución de su inversión; los niveles de ampliación de sus plataformas de producción y exportación: las nuevas formas de cuantificación de sus reservas: los niveles de comercialización interna; la evolución de sus ingresos y de su riquísima contribución a las finanzas públicas; sobre sus acciones para proteger la ecología y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad; los cambios orientados al fortalecimiento de la infraestructura de gas natural y, finalmente, para sólo señalar otro de los aspectos sobre los que continuamente informa la paraestatal, la nueva política de precios y sus resultados. Pero debe mostrarse que todo lo que se hace, la forma como se hace, lo que se piensa seguir haciendo y la forma como se hará, resultan pertinentes y congruentes con el mandato constitucional, que no sólo con las leyes del mercado y las modas económicas.

El gobierno debe someter a discusión la concepción estratégica que orienta los grandes cambios que experimenta Pemex en particular, y el entorno a la política de energéticos en general. El asunto no es sencillo. Mucho menos trivial. No es claro que esa orientación estratégica que busca la creación y consolidación de mercados de energía y de ambientes de plena competitividad sea aplicable a México en todos sus aspectos, sin llegar a contradicciones con el texto y la intencionalidad constitucionales, hasta hoy no analizados ni discutidos frontalmente, sino sólo mediante sus leyes y reglamentos derivados, y acaso de manera tangencial.

En el marco de la propuesta de construcción de una política y una orientación económicas de Estado, que no sólo gubernamentales, la discusión sobre Pemex y el artículo 27 de la Constitución resultan obligados. Se trata de una problemática cuyo debate se ha pospuesto y eludido repetidamente; y atrás de la cual, efectivamente, no sólo hay ideas pragmáticas vinculadas a estrategias y políticas, sino concepciones de fondo sobre el papel del Estado, la marcha de la economía, la autodeterminación de la sociedad, el juego democrático nacional y, din duda, el proyecto de nación. Creer que en el ámbito de nuestra riqueza natural de hidrocarburos ya están tomadas las decisiones que transformarán no sólo a Pemex, sino todo nuestro entorno y nuestra cotidianidad energética, es un gravísimo error, fruto de una visión no sólo miope, sino autoritaria. La omisión de este debate de fondo sobre esos principios constitucionales no es sólo explicable por la innegable complejidad del asunto: también, y por desgracia, expresa el miedo terrible de que la sociedad decida una orientación y un sentido estratégicos distintos, radicalmente distintos, a los impulsados hasta hoy por el gobierno. Y eso es un gravísimo error que debe ser corregido cuanto antes.