ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Desde hace dos meses se mantiene un plantón a las puertas del Palacio de Gobierno de Colima, como clara advertencia para Fernando Moreno Peña de que sus adversarios no lo dejarán entrar a ocupar la silla de gobernador el próximo 1o. de noviembre.

Una muestra de lo que están dispuestos a hacer panistas y apartidistas contra quien consideran jefe mafioso de la Universidad de Colima se produjo a finales del mes de julio, cuando unas cincuenta mujeres entrelazaron sus brazos, a la puerta del Instituto Estatal Electoral, para impedir que Moreno Peña entrara a recibir su constancia de mayoría.

Habilidoso como siempre ha sido, el priísta entró al edificio de asuntos electorales por una puerta trasera, y por allí mismo salió, con el documento oficial en la mano, sin considerar que el uso de los caminos reservados para el servicio del inmueble fuera en desdoro de su personalidad.

En otros de los principales municipios colimenses se mantienen módulos de información para recoger firmas de repudio al fraude electoral del que acusan a Moreno Peña y, al mismo tiempo, para preparar las acciones con las cuales buscarán impedir que el grupo universitario se encarame en el palo encebado en el que convertirían el presupuesto gubernamental.

La animadversión de un segmento de los colimenses contra Moreno Peña no es, sin embargo, ni nueva ni inexplicable. Por el contrario, a la hora de tomar la decisión de postularlo candidato del PRI, estaba suficientemente claro que si algo lograría de inmediato Fernando sería dividir gravemente a la sociedad colimense y generar una enconada movilización opositora.

Sin embargo, de acuerdo con las versiones corrientes en el ámbito político colimense, y según dice un grupo de mujeres contrarias a Moreno Peña que les dijo en reciente entrevista el enfermo y desplazado gobernador actual, Carlos de la Madrid Virgen, el factor determinante para la candidatura priísta fue ``la familia Velasco''.

Antecedentes del rector-gobernador

A Fernando Moreno Peña se le acusa, fundamentalmente, de haberse apropiado de la Universidad de Colima, mediante métodos porriles, y de convertirla en una plataforma política en busca de la gubernatura del estado, mediante la agresión física, la persecución política, el manejo corrupto de los dineros públicos y la compra y manipulación de periodistas y medios de comunicación.

En ese contexto, sus opositores han revivido dos casos con los que buscan inhabilitarlo como gobernador: uno se refiere a la denuncia que en su contra presentaron miembros del grupo estudiantil disidente, José María Morelos, el 17 de enero de 1984 contra Moreno Peña, entonces funcionario de la Universidad de Colima, por lesiones, amenazas y secuestro en agravio de J. Guadalupe Alcaraz Moreno, líder de ese grupo, que decía buscar la democratización de la citada universidad y la erradicación de la mafia controladora de esa institución. Denuncia, debe precisarse, que no tuvo seguimiento procesal, fuere por la complicidad protectora de Moreno Peña, como dicen sus adversarios, o porque el asunto no tuviera sustancia suficiente para su persecución.

El otro caso de nota roja en el que se ha visto envuelto el virtual gobernador de Colima se refiere al uso de 3 millones de viejos pesos que se destinaron, en septiembre de 1978, de las arcas de la Universidad de Colima al ``U. de C. Racket y Country Club'', por instrucciones del entonces rector Humberto Silva Ochoa y con el aval de Herminio A. Barreda Barreto, Fernando Moreno Peña y Arnoldo Ochoa González (este último, influyente personaje del comité nacional priísta presidido por María de los Angeles Moreno y ahora uno de los principales secretarios del comité priísta capitalino presidido por Manuel Aguilera).

El dinero jamás fue reintegrado a la Universidad, por lo cual, ahora, la incumplida letra de cambio con la que se amparó la operación ha sido dada a conocer públicamente, ante lo que Moreno Peña se defendió diciendo que su firma fue ``escaneada'', aunque el original, depositado para su resguardo y análisis en la comisión de vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados federal, muestra rasgos que a primera vista parecen auténticos.

Por cierto, ese comité, presidido en la Legislatura pasada por el panista Juan Antonio García Villa, quedará ahora en manos del PRD, tal vez a cargo de Pablo Gómez. En ese sentido, el partido del sol azteca podría ganar presencia en Colima donde, a pesar del histórico bipartidismo PRI-PAN, el 6 de julio pasado ganó la capital del estado y obtuvo una importante votación general.

Además, entre los panistas colimenses, y los no partidistas que consideran que la gubernatura la ganó Enrique Michel, existen recelo y desazón debido a que el comité nacional del PAN se ha mantenido fríamente alejado de las protestas contra el priísta Moreno Peña. Ningún dirigente importante ha acompañado las marchas públicas y, excepto algunas declaraciones periodísticas de Felipe Calderón Hinojosa, poco se ha sentido la presencia del comité nacional en esta batalla.

Hay versiones en el sentido de que el PAN habría negociado el reconocimiento de sus triunfos en Querétaro y Nuevo León (sobre todo en éste), a cambio de allanar el camino al PRI en la gubernatura de un estado tan sensible en el terreno político, pues de allí son las familias del ex presidente Miguel de la Madrid y de Nilda Patricia Velasco, esposa del actual mandatario, y en el que se mueven recursos económicos cuantiosos, tanto por la actividad turística como por el discreto pero omnipresente narcotráfico que ha llevado a instalarse a las cálidas tierras colimenses a algunos de sus principales jefes.

Sean procedentes o no las impugnaciones de orden judicial que los opositores a Moreno Peña han revivido, más las derivadas de las múltiples irregularidades detectadas en el proceso electoral reciente (de las cuales una muestra grave sería el tour mapacheril disfrazado de encuestas electorales del que Astillero ha dado cuenta), el arribo del ex rector de la Universidad de Colima al Palacio de Gobierno será accidentada.

Las Madres de la Libertad, que encabeza Sofía Salazar, y los Jóvenes Unidos por la Democracia, con Viviana Castañeda de la Mora, son instancias no partidistas que congregarán la inconformidad cívica de la que ya han dado muestra. Los panistas colimenses, con comité nacional o sin él, y los perredistas, parecen decididos también a cerrar el paso a la entrada de palacio, el próximo 1 de noviembre.

Mientras tanto, fuera de Colima, Socorro Díaz, que nunca ha podido llegar a la gubernatura de su estado, observa, anota, y espera.

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