Héctor Aguilar Camín
La mala fama pública de la política social
La opinión pública de México se duele de la pobreza y la desigualdad que pesan sobre el país pero no ha hecho de esos temas una cuestión inaplazable de la vida pública. Antes se pusieron de moda y se volvieron mandato nacional las cuestiones de la democracia, que las de la desigualdad y la pobreza. Hoy pasan a ocupar el primer plano de la atención nacional los asuntos vinculados a la seguridad y la procuración de justicia. La pobreza y la desigualdad tendrán que esperar nuevamente su turno. No sé si les llegue alguna vez. Los esfuerzos gubernamentales en ese sentido no sólo no gozan de aceptación en la opinión pública, sino que tienden a volverse zonas de crítica para el gobierno.
No recuerdo un solo programa gubernamental orientado a combatir la pobreza, que no haya nacido ya muerto en medio de los más diversos rechazos venidos de todos los flancos de la prensa y la sociedad civil. Al mismo tiempo, ni los críticos ni la sociedad han sido capaces de crear programas alternativos que mostraran el camino de lo que quieren y de lo que el país necesita en la materia. Desde los viejos programas Pider (inversión para el desarrollo rural) de los setenta, pasando por el Coplamar (atención a zonas marginadas) de los ochenta hasta el Pronasol de los noventa, los programas gubernamentales de combate a la pobreza han gozado de mala prensa, han tenido mala fama pública. Han sido subrayados sus errores y excesos, e invisibilizados sus logros, al punto de que ha llegado a ser un reclamo permanente al gobierno, en particular desde la izquierda, la falta de una política social.
Lo cierto, como recordó el presidente Zedillo en el texto de su tercer Informe, es que el piso de servicios gubernamentales en materia de política social es muy amplio y se amplía sin cesar. Aun en tiempos en que no ha existido un programa específico de combate a la pobreza, ha seguido funcionando y creciendo la red pública de escuelas y atención a la salud, la extensión de servicios básicos y subsidios tanto a las necesidades populares como a las de la educación superior y la cultura. Este es uno de los rasgos históricos que hacen cualitativamente distinto el Estado mexicano de muchos otros conque pudiera comparársele dentro de América Latina.
Aparte del mantenimiento y ampliación de esa trama institucional, el gobierno de Zedillo ha lanzado en estas semanas un nuevo programa, llamado Progresa, orientado a estimular mediante pagos en efectivo los esfuerzos de las familias y comunidades más pobres de México para mejorar sus niveles de salud, educación y nutrición. Empiezan a escucharse ya en la prensa, particularmente desde la izquierda, rechazos a la índole tecnocrática del proyecto, a la mezquindad de sus fondos si se le compara con lo aportado al ``rescate'' de las carreteras privadas, y en general el augurio de que este programa también fracasará, como fracasarán todos los esfuerzos gubernamentales mientras no cambie radicalmente la política neoliberal, etcétera. Se olvida, desde luego, que la pobreza estaba ahí antes de que llegaran al gobierno los neoliberales y que entonces, como ahora, ningún programa de combate a la pobreza puede por sí mismo erradicarla. El único remedio duradero a la pobreza y la desigualdad es que la gente tenga un trabajo productivo y su productividad en el trabajo la mejore en todos los órdenes.
Una confusión prevaleciente en el mal juicio sobre estos programas es que pueden descalificarse en bloque como inútiles o demagógicos por el hecho de que la pobreza no sólo no desaparece sino que tiende a agravarse en el país. Nadie parece poner en la balanza el peso abrumador de otros factores, como el ritmo febril de crecimiento demográfico en regiones pobres o marginadas. Nadie ha hecho la cuenta tampoco de cuánto más graves serían las cosas si no existieran esos programas ni las instituciones educativas, de salud y de subsidio que son parte cotidiana de la política social del Estado.
En todo caso, la paradoja de opinión pública que me interesa subrayar sigue ahí: hay pocos reclamos tan presentes en la sociedad civil y la prensa como el reclamo contra la desigualdad y la pobreza. Pero nada ha sido tan ninguneado y vilipendiado como los esfuerzos gubernamentales encaminados a responder a ese reclamo. En materia de política social, la opinión pública actúa en forma sistemática como la madre desmesurada que tira por la ventana al niño junto con el agua sucia de la bañera.